El Diario del centro del país

Acerca de la situación del Poder Judicial

Carta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La siguiente es la carta que hemos enviado desde APDH nacional a la CHID, para dar cuenta de lo que sucede con la Justicia en nuestro país:

Con enorme preocupación advertimos una grave vulneración a la independencia de la judicatura, vulneración que ha promovido sin pausa el gobierno nacional encabezado por el ingeniero Mauricio Macri. Es notorio cómo el poder político y los grupos económicos, en tan corto tiempo, han subordinado a jueces y funcionarios del Poder Judicial. Gran cantidad de hechos ponen de manifiesto una política de Estado de dominación y control del Poder Ejecutivo sobre el Judicial.

Esa política de sometimiento comenzó en forma inmediata tras la asunción del presidente de la Nación Mauricio Macri. Mediante el Decreto 83/15 intentó, haciendo caso omiso de todos los procedimientos legales, designar a dos nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Inmediatamente después, dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 257/15 por el cual se restringió la autarquía económica y financiera del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, lo que limita las competencias constitucionales de esos organismos y los sujeta al control forzado del Poder Ejecutivo.

Sobrevinieron luego una multiplicidad de presiones de diversa índole sobre jueces y funcionarios, miembros de la Procuración General de la Nación, abogadas y abogados defensores en causas vinculadas a violaciones de derechos humanos y, también, reiteradas intromisiones del Poder Ejecutivo sobre procesos en trámite. Terminó siendo una persecución sin límites, desatada contra dirigentes políticos y sociales de la oposición.

Panorámicamente, citamos algunos de los casos sobresalientes que ponen de relieve el evidente avance del Poder Ejecutivo sobre los operadores del Derecho, lo que compromete gravemente no solo la independencia del Poder Judicial de por sí de enorme gravedad, sino y en definitiva, el Estado de Derecho y las instituciones de la República.

I. El caso de la Procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó: se le requirió la renuncia para que el presidente Macri pudiera designar en su lugar a un candidato “de su confianza”. Se la amenazó con una eventual “reactivación” de causas penales en su contra si no renunciaba, mientras que funcionarios del PEN, ministros y secretarios de Estado del nuevo gobierno anunciaban el acortamiento de su mandato (vitalicio) o directamente su destitución por decreto.

II. Avances sobre el Consejo de la Magistratura: el Gobierno urdió maniobras para destituir a los miembros de la oposición en el Consejo de la Magistratura y designar a integrantes propios, simpatizantes suyos o políticamente dóciles a sus intereses

III. Estigmatización de la Justicia Laboral y de abogadas y abogados laboralistas: el Presidente Mauricio Macri pública y reiteradamente descalificó tanto a los jueces del Fuero Laboral como a los abogados laboralistas. Instó denuncias formales, a través de sus ministros, contra aquellos magistrados que se animaron a poner freno a las políticas de ajuste en ejecución que agravaban aún más la situación de los sectores más humildes, así como contra aquellos jueces que resolvieron, con apego a la Constitución y las leyes, en favor de colectivos de trabajadores y sus sindicatos.

IV Persecución a profesionales del Derecho y activistas de derechos humanos: se produjeron actos de inocultable persecución a abogados intervinientes en casos de lesa humanidad o derechos humanos. Entre los más renombrados citamos los casos de Luis Hernán Paz, Elizabeth Gómez Alcorta, Jorge F. Cholvis, Rubén Marigo; Paula Alvarez Carreras, Néstor Ariel Ruarte, Iván Bordón y César Sivo, entre otros.

V. Presiones sobre magistrados y fiscales: el actual gobierno no se ha privado de hostigar, perseguir y denunciar a numerosos jueces, juezas y fiscales que no responden a sus demandas de subordinación y alineamiento. Lo han hecho por sus pronunciamientos que daban cuenta de las políticas públicas oficiales que violentaban derechos. Son de destacar los casos de los doctores Raúl Zaffaroni, Luis Arias, Carlos Rozanski, Eduardo Freiler, Daniel Rafecas, Martina Forns, Enrique Arias Gibert, Graciela Marino, Luis Raffaghelli, Gabriela Baigún, Federico Delgado, Gabriela Boquín y Sebastián Casanello. En esa línea, el PEN ha promovido por diversas vías, entre ellas los medios de comunicación hegemónicos, intromisiones intolerables en procesos judiciales en trámite, mediante pronunciamientos públicos de funcionarios del Poder Ejecutivo, con el evidente propósito de dirigir u orientar los fallos en su exclusivo interés y beneficio.

Prof. Elvio Toscano
APDH Villa María

 

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