El Diario del centro del país

Ataque a la libertad de información

Uno de los integrantes de Cooperativa Comunicar, trasladando una bobina de papel en el taller de impresión

Alerta de diarios Pyme y cooperativos, ante un proyecto que pretende desregular (más aún) el precio del papel

Literalmente “de la noche a la mañana” apareció (y se trató) en el Parlamento un proyecto para liberar el precio del papel para diarios

 

En el taller de impresión de Cooperativa Comunicar, editora de El Diario, se imprimían hasta el año pasado y comienzos del presente El Observador, de Monte Maíz; Ucachense, de Ucacha; Papel Tortuga, de Alta Gracia; Nuevo Serrano, de Serrano… entre otros medios.

Publicaciones locales semanales, mensuales o quincenales -algunas de ellas con más de dos décadas de historia, como en el caso de la última de las citadas- dedicadas a contar los logros y las necesidades de la sociedad a la que pertenecen o, mejor dicho, pertenecían, ya que ninguna de ellas sobrevivió. Como ellas, cercanas, “de aquí a la vuelta” por así decirlo, muchas otras cerraron en el resto del país. Son voces que se callan en el concierto de la democracia…

Las pequeñas Pymes y empresas familiares, en algunos casos, no pudieron seguir haciendo frente a la fuerte suba de los costos de producción, fundamentalmente a la del insumo fundamental, el papel, que pasó de un precio de $17.000 la tonelada en enero último, a $37.500 puesto en San Pedro, localidad donde se encuentra la fábrica Papel Prensa, la única que existe en el país desde el cierre de Papelera Tucumán.

Es decir, ¡un 120% de aumento! Un incremento fijado unilateralmente, discrecionalmente, usando la fuerza que otorga ser monopolio.

A modo de ejemplo, en el caso concreto de Cooperativa Comunicar, un cargamento de 28 toneladas insumía algo más de $300.000 a comienzos de año, mientras que la compra de la misma carga supuso este mes un desembolso de $900.000.

Pero, repetimos, la situación es idéntica para todos los medios del país, excepto para Clarín y La Nación, poseedores desde que tomaron Papel Prensa durante la última dictadura del 49% y el 22,46% del paquete accionario de la empresa, respectivamente (el Estado nacional tiene otro 22,46% y el 6,08% restante se reparte entre accionistas minoritarios). Las citadas empresas financian las caídas en las ventas de sus productos, incrementando el precio del papel a los demás.

 

El proyecto

Y en este marco de posición dominante y ventajosa, la noche del martes llamaron a reunión de la Comisión Comercio para el miércoles por la mañana (con esa urgencia), para tratar un proyecto de los diputados del PRO Nicolás Massot y Luciano Laspina, los del Frente Renovador Marco Lavagna y Alejandro Grindetti, los radicales Mario Negri y Miguel Bazze y el justicialista Pablo Kosiner, entre otros, para modificar artículos de la Ley 26.736, que en 2011 declaró “de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios” y que de alguna manera garantiza el acceso de todos los diarios al insumo principal “en igualdad de condiciones” (el mismo precio para todos, más allá de lo dicho: dos están a ambos lados del mostrador).

Pero la iniciativa de estos parlamentarios va más allá aún, intentando encarecer la importación (por si regresa el momento en que resulten más favorables los precios de Brasil, Chile, Canadá o Sudáfrica, por citar algunos países a cuyas papeleras se acudió en algunas oportunidades).

 

Réplica

Ante todo ello, la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina Limitada (Fadiccra), de la cual El Diario es miembro fundador, emitió el siguiente comunicado:

“El papel para diarios no es una mercancía”

Desde Fadiccra expresamos nuestra sorpresa y desazón frente a un nuevo avance de los grupos monopólicos de la Argentina, que con apalancamiento en el Congreso de la Nación buscan modificar una ley con el único objetivo de maximimizar sus ganancias.

En una convocatoria sorpresiva la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, el oficialismo buscó obtener dictamen para derogar artículos de la Ley 26.736 que en diciembre de 2011 declarara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios.

Esa Ley aseguraba que todos los medios gráficos, independientemente de su facturación, tuvieran las mismas condiciones de acceso para el vital papel para diarios. Con los golpes de mercado producidos bajo las condiciones económicas del Gobierno de Mauricio Macri -inflación descontrolada, devaluación del peso, recesión, restricciones en el financiamiento, entre otros- se suma esta voluntad expresada por diputados de Cambiemos para restringir la sustentabilidad de los pequeños medios -Pymes y cooperativos- que aseguramos la multiplicidad de voces en cientos de comunidades de todo el país.

Invocando en su fundamentación razones comerciales y de índole industrial de dudosa verificación, descargan la responsabilidad de esta modificación en su favor por “las fuentes laborales de 475 trabajadores directos, sumadas a los trabajos indirectos, la economía forestal del Delta y la población de San Pedro”. Ninguna preocupación consta sobre los más de cinco mil puestos de trabajo que se han perdido en los medios de comunicación desde diciembre de 2015 a la fecha.

Se miente descaradamente cuando citan “pequeños compradores asociados en cooperativas” por cuanto un alto porcentaje de las operaciones con Papel Prensa están mediadas por un ciclo financiero y no justamente uno productivo.

La fijación del precio único de pago al contado de venta de papel para diario establecida en el artículo 20 es la última tabla a la que se pueden aferrar los diarios cooperativos cuyos ingresos provienen de las economías regionales, ampliamente vapuleadas por el sistema impuesto por el gobierno neoliberal de Mauricio Macri.

Los medios cooperativos necesitamos que se cumpla la Ley. Y que no se la enmiende en beneficios de los poderosos”.

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