Buscan garantizar servicios esenciales

El proyecto recoge fundamentos de la ley provincial que, en caso de conflictos laborales, establece garantías para que los servicios esenciales tengan una prestación mínima, con el fin de satisfacer necesidades vitales de la población

Los concejales del PRO consideraron que adherir a la ley provincial le permitirá a Villa María una integración jurídica “en una materia tan sensible” como la que se regula

Los concejales PRO del bloque Juntos por Villa María, Karina Bruno y Omar Coutsiers, presentaron en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para que Villa María adhiera a la Ley Provincial N° 10.461, que propicia establecer un régimen de garantías para la prestación mínima de servicios en caso de conflictos laborales.

Los concejales manifestaron que el actual proyecto recoge los fundamentos y gran parte del contenido de una iniciativa similar elaborada en el seno de la Legislatura provincial.

“Con tal adhesión se pretende abordar un aspecto clave y sensible en la convivencia y las relaciones socioeconómicas locales, regidas por el derecho local, en virtud de su naturaleza procedimental y de forma, sin abordar aspectos del derecho de fondo que ha sido delegado a las autoridades federales: el punto de equilibrio entre una razonable provisión de bienes y servicios públicos de naturaleza provincial -el marco de prestación y el derecho colectivo a su uso y goce- y el alcance -y pautas de ejecución- del derecho que los trabajadores afectados a la prestación de tales actividades poseen en materia de ejercicios de medidas de acción directa”, explicaron los ediles.

“Uno de los aspectos que se trata es determinar procedimientos operativos, de organización y procedimentales para la prestación de actividades consideradas ‘esenciales’ en la doctrina y legislación, y aquellas que se necesitan, para garantizar a la población el ejercicio de sus derechos constitucionales básicos en un estándar mínimo de prestación”, agregaron.

“En ese sentido se trata de armonizar y equilibrar a través de materias propias del Derecho Público Provincial, el ejercicio pleno de los derechos que la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y los Tratados Internacionales que gozan de supremacía constitucional, otorgan a las personas que habitan este suelo, sin que ninguno prevalezca en desmedro de otros, sino que ambos puedan ser gozados en sus justos términos”, indicaron.

 

Lo que dice la OIT

“En lo que respecta a la imposición de servicios mínimos, existen algunos que no revisten la categoría de ‘esencial’ en el sentido estricto del término, no obstante son servicios públicos de importancia trascendental en el país y en caso de huelga debe garantizarse una prestación mínima, para satisfacer las necesidades vitales de la sociedad, tal como señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT), esta decisión corresponde al Gobierno o al órgano ejecutivo del Gobierno local”, remarcaron Bruno y Coutsiers.

“La OIT recomienda que en la determinación de los servicios mínimos y del número de trabajadores que los garanticen deberían participar las autoridades públicas, las organizaciones de trabajadores y de empleadores interesadas; ello permitirá un intercambio de puntos de vista sobre lo que ha de considerarse servicio mínimo y garantiza que su prestación no tenga por resultado que la huelga sea inoperante en la práctica”, apuntaron los ediles.

“Dicha recomendación de la OIT es recogida en la presente iniciativa, estableciendo un marco de acuerdo entre todas las partes involucradas a fin de llegar a una solución consensuada que respete los intereses y garantías constitucionales de ellas; y en caso de no alcanzarse un acuerdo, se asegure que dicha cuestión sea resuelta por un órgano independiente”, añadieron.

“Además, la Ley propone la incorporación en el Código de Faltas de la ciudad de una figura que tipifique acciones que puedan atentar contra la normal prestación de los servicios públicos”, subrayaron.

“Se invitó a los municipios y comunas de esta provincia a adherir a la norma, con el objeto de garantizar una adecuada coordinación interjurisdiccional y una razonable integración del ordenamiento jurídico local en una materia tan sensible como la que se propone regular, por ello insistimos en adherir, ya que nos será de gran relevancia”, finalizaron.

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