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Condenaron a un camionero local por “narcomenudeo”: cuatro años

Pablo Díaz junto a su defensora, Florencia Vottero, durante la audiencia de debate (foto, gentileza Radio Show)

Cámara del Crimen – “Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”

Se trata de Pablo “Croto” Díaz, quien fue detenido en mayo de 2017 en barrio Ameghino y la Policía le secuestró 27 gramos de marihuana lista para la venta. En otro juicio, Héctor Alemano recibió una pena de tres años en suspenso y recuperó la libertad

El juez René Gandarillas condenó ayer a un camionero villamariense que fue detenido con marihuana fraccionada en varios envoltorios, que estaban listos para ser vendidos en la modalidad de “narcomenudeo”.

Pablo Gastón Díaz (33) recibió una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo y deberá pagar una multa de 120 mil pesos -además de las costas del proceso- luego de ser declarado autor responsable de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

Díaz, alias “Croto”, se encuentra privado de la libertad desde mediados de mayo de 2017, cuando efectivos policiales lo detuvieron sobre calle López y Planes, en barrio Ameghino de esta ciudad, y en su poder secuestraron 27 gramos de picadura de marihuana.

El procedimiento se concretó luego que un vecino llamara a la Policía ante la presencia sospechosa de cuatro personas (tres hombres y una mujer) que se encontraban arriba de un automóvil estacionado en la vía pública.

Cuando los uniformados llegaron al lugar, constataron que no se trataba de presuntos asaltantes sino que los cuatro ocupantes del rodado estaban esperando a un amigo que llegaba de Tío Pujio. Pero al identificarlos y requisarlos uno por uno, se percataron que Díaz escondía entre sus ropas varios envoltorios con la droga mencionada.

Durante la audiencia de debate realizada en la víspera en la Cámara del Crimen local, el transportista (nacido el 2 de enero de 1985 y domiciliado en calle Nahuel Huapi sin número, en barrio Mariano Moreno) reconoció que vendía marihuana en pequeñas cantidades y que solía entregar las dosis a domicilio, en una práctica que se conoce popularmente como “delibery de drogas”.

Sin embargo, a la hora de los alegatos, el fiscal Francisco Márquez y la abogada Florencia Vottero solicitaron distintas condenas. Mientras el acusador público pidió una pena de cuatro años de cárcel, el mínimo previsto por el artículo 5º, inciso “c”, de la Ley Federal de Estupefacientes Nº 23.737, la defensora planteó la inconstitucionalidad de la escala penal y reclamó una sanción de tres años para su cliente.

 

Qué dice la ley

La referida norma legal establece que “será reprimido con prisión de cuatro a 15 años y multa (…) el que, sin autorización o con destino ilegítimo (…) comercie con estupefacientes o materias primas para su producción o fabricación, o las tenga con fines de comercialización, o las distribuya, o las dé en pago, o las almacene o transporte”.

Al momento de expresar sus conclusiones, Márquez tuvo en cuenta la condición de convicto primario de Díaz, por lo que pidió la pena mínima.

 

Jurisprudencia

Por su parte, Vottero invocó un fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Provincia, de octubre de 2016, que declaró “inconstitucional la escala penal para el último eslabón del comercio de estupefacientes” y sostuvo que la pena mínima “viola el principio de proporcionalidad de las penas y de igualdad ante la ley”.

Al resolver un recurso de casación en la causa “Loyola, Sergio Alejandro, por supuesto autor de comercialización de estupefacientes”, el TSJ cordobés sentó jurisprudencia en la materia y cada vez que una persona es juzgada por ese delito, la Defensa invoca dicho fallo y solicita que la condena sea de tres años, con lo cual el acusado queda a las puertas de la “libertad condicional” si se trata de un convicto primario.

La joven abogada hizo referencia a ese dictamen del máximo tribunal judicial de la Provincia y solicitó la inconstitucionalidad de la norma antes descripta y pidió una pena de tres años para su cliente, por lo que con buena conducta y una pericia psicológica favorable iba a recuperar la libertad en breve ya que lleva más de un año y cuatro meses entre rejas.

Sin embargo, al momento de dictar sentencia, el juez Gandarillas no hizo lugar al requerimiento de la Defensa y le impuso a Díaz la pena solicitada por el fiscal de Cámara.

 

Condena y libertad en un segundo juicio

En otro juicio realizado en el quinto piso de Tribunales, el camarista Félix Martínez le impuso una pena de tres años de prisión en suspenso a un hombre que llegó acusado por hechos de violencia de genero, por lo que pudo recuperar la libertad ni bien concluyó la audiencia.

Se trata de Pablo Héctor Alemano (35), alias “Pali”, quien fue declarado autor responsable de los delitos de “amenazas calificadas reiteradas” y “coacción” en perjuicio de su expareja, Paola Lorena Cortez.

Alemano, empleado de una empresa constructora local, fue detenido el pasado 10 de junio luego de protagonizar un incidente en la casa de la mujer, a quien intimidó verbalmente durante una discusión.

De todos modos, la causa por la que fue juzgado y condenado incluía otro violento episodio ocurrido a mediados de abril, cuando fue a buscar a Cortez a su trabajo y tras una breve discusión la empujó y le aplicó varios golpes de puño. La mujer intentó defenderse y tomó un cuchillo, pero el agresor se lo quitó y la amenazó de muerte.

Durante el debate, el juez Martínez, el fiscal Márquez y el abogado defensor Jorge Bustos escucharon el testimonio de la víctima, quien ratificó sus denuncias y los hechos de violencia que sufrió. Pero para poder declarar, Cortez pidió hacerlo sin la presencia de Alemano en la sala, por lo que fue retirado por personal del Servicio Penitenciario.

Finalmente, en base a un acuerdo previo entre las partes, el presidente del tribunal aplicó la sanción de ejecución condicional y ordenó la libertad del condenado, que se efectivizó tras la lectura de la parte resolutiva de la sentencia.

 

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