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Empresas y balances: una encrucijada de estos días

“A muchos no les va a quedar otro remedio que recurrir a la Justicia”, aseguró Ranz

Entrevista – El abogado local Rodrigo Ranz, especialista en tributación, explicó que las firmas deben recurrir a la Justicia, apelando al fallo Candy para poder reflejar en sus declaraciones juradas el efecto de los casi 50 puntos inflacionarios

Además de tener que soportar un año en el que la mayoría de los indicadores de ventas, para el rubro que sea, han caído, las empresas enfrentan otro inconveniente ante un nuevo año fiscal y la obligación de presentar balances y declaraciones juradas del ejercicio 2018.

Rodrigo Ranz, abogado local especialista en tributación, hizo un análisis pormenorizado de lo que significa para las firmas encarar este proceso ante los exagerados números que arrojó la inflación. “Ese problema anteriormente podía ser subsanado porque el Impuesto a las Ganancias permitía que se ajusten los balances por inflación. ¿Qué pasó? Luego se suspendió el mecanismo del ajuste previsto en el Impuesto a las Ganancias”, recordó y agregó que “no hubo problemas en la época de la convertibilidad, pero en 2001 aparece la inflación de nuevo y en 2002 los contribuyentes empiezan a solicitar que se ajusten los balances por inflación, lo cual la ley no se los permitió”.

Es ahí cuando la Corte Suprema da lugar al famoso fallo Candy, en julio de 2009, y que tan fundamental resulta aún en estos días.

Es que “la inflación siguió haciendo estragos y cada vez era mayor la incidencia, y se seguía suspendiendo la posibilidad de ajustar los balances por inflación”, lo que hizo que numerosas empresas recurrieran a la Justicia a solicitar que les permitan ajustas sus balances por inflación. Hoy “debe haber unos 90 fallos a favor, es decir, es jurisprudencia aceitada en la corte”.

Ranz aclaró: “Obvio que las empresas tienen que demostrar ciertas cosas a través de informes contables, sobre todo que si tributa sin que se aplique el ajuste por inflación realmente el Impuesto a las Ganancias sería confiscatorio, es decir que absorbe una parte sustanciar de la renta, porque muchas veces al haber inflación y no permitírsele el ajuste, se está tributando sobre ganancias que no son reales”.

 

Contradicciones

El abogado remarcó que “a fines de 2017 hubo una reforma impositiva que, en principio, decía que seguía vigente la prohibición de indexar los balances, pero podrían ajustarse si la inflación pasaba ciertos guarismos”.

Pero a fines de diciembre de 2018 “hubo otra contrarreforma a la reforma donde se cambian los índices para medir la inflación, pasando al IPC y además se agrega un requisito donde el guarismo tenía que ser superior al 55%. Por lo que este año seguiría prohibido ajustar el balance”.

A lo que hizo especial referencia es a un agregado “de lo que son las locuras de normas contradictorias entre sí”. “Que se permite y es obligatorio indexar los balances contables, es decir, ajustar por inflación. Entonces por un lado tenés normas contables que te dicen que tenés que reflejar la inflación en los balances, pero tenés normas tributarias que te dicen que vos no podés reflejar la inflación a los fines de tributar el Impuesto a las Ganancias. Es una locura que solo puede pasar en un país como este”.

Ante esto, aseguró que las empresas de Villa María no están ajenas a la realidad y que “las consultas este año se han multiplicado de manera exponencial porque las empresas realmente no tienen mucha alternativa; están en una encrucijada financiera”.

“A muchos no les va a quedar otro remedio que recurrir a la Justicia, que por suerte viene respondiendo por los más de 90 fallos a favor que ya hay, en Córdoba la Cámara Federal también lo ha hecho, como los juzgados como el de Villa María para ajustar el balance impositivo por inflación”.

“Algunas empresas, si no lo hacen, van a tributar por un impuesto que realmente no se refleja en la realidad, con ganancias que no son reales, porque no se tienen en cuenta el efecto inflacionario y eso repercute de manera atroz”.

Consultado sobre los tiempos, Ranz apuntó que “un fallo a favor puede tardar unos dos años en total”, pero lo que se hace es “pedir una medida cautelar y eso sí tiene efecto casi inmediato para presentar con el mecanismo de ajuste por inflación”.

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