Amnistía Internacional denunció que existe “racismo estructural” en Perú

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional dijo ayer que fuerzas de seguridad de Perú llevaron a cabo una represión letal, excesiva y racista de las protestas contra la destitución del expresidente Pedro Castillo y cometieron posibles ejecuciones extrajudiciales, y que la Justicia peruana debe investigar ya si alguna autoridad ordenó o toleró los abusos.

En una fuerte exhortación a la presidenta Dina Boluarte, al presentar un informe en Lima sobre sus investigaciones de la represión en Perú, la organización internacional de derechos humanos dijo que el Estado peruano está impregnado de “racismo estructural”.

Amnistía Internacional dijo que la Fiscalía de la Nación de Perú debe investigar a todas las personas, hasta el más alto nivel, que hayan ordenado o tolerado el uso ilegítimo de fuerza letal ejercido por las fuerzas de seguridad.

Castillo, un maestro rural y líder de izquierda, asumido en 2021, fue destituido el 7 de diciembre pasado por intentar disolver el Congreso, dominado por la derecha, para que no le hiciera juicio político. Está en una cárcel de Lima con prisión preventiva, acusado de rebelión y corrupción, y en su lugar asumió Boluarte, que era su vicepresidenta.

Las manifestaciones en apoyo a Castillo sacudieron a Lima y a otras ciudades, sobre todo en zonas indígenas y desfavorecidas del sur de Perú.

Segunda condena

El informe es el segundo en pocos días en condenar a Perú, luego de otro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que acusó al Ejército y la Policía peruana de masacres, ejecuciones extrajudiciales, graves violaciones de los derechos humanos, así como un uso desproporcionado y letal de la fuerza durante las protestas.

Boluarte rechazó esas denuncias del informe del organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que protege los derechos humanos, pero no se pronunció de inmediato sobre el de Amnistía.

“El uso de armas de fuego letales contra manifestantes muestra un flagrante desprecio por la vida humana”, dijo Amnistía Internacional en su informe, presentado por su secretaria general, Agnes Callamard.

El informe se titula “Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú”, y analiza 52 casos de personas fallecidas o heridas durante protestas en las sureñas Andahuaylas, Chincheros, Ayacucho y Juliaca. Estos casos incluyen 25 muertes, 20 de las cuales pueden constituir ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas estatales, dijo Amnistía Internacional.

“A pesar de los esfuerzos del Gobierno por presentarlas como terroristas o delincuentes, las personas que murieron eran manifestantes, observadores y transeúntes”, dijo Callamard en el documento. “Casi todas ellas (las personas ejecutadas) pertenecían a entornos pobres, indígenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y socioeconómico en el uso de fuerza letal”, agregó.

Estrategia

Además, las similitudes en el uso de la fuerza contra manifestantes en distintas partes del país indican una posible estrategia ordenada o tolerada por altos cargos, según el informe.

En lugar de condenar el uso excesivo de la fuerza, las altas autoridades de Perú lo fomentaron, alabando públicamente las acciones de las fuerzas de seguridad y describiendo a los manifestantes como “terroristas”.

El informe agregó que, “lejos de ser incidentes aislados, atribuidos a agentes descontrolados que actúan por su cuenta, el número de muertes en múltiples fechas y diferentes lugares sugiere una respuesta estatal deliberada y coordinada”.

El documento, además, dijo que hay indicios de que altos mandos habrían sido cómplices, penalmente, en la ocultación de las armas utilizadas para cometer homicidios.

Hoy entregamos más de 200 mil firmas de activistas de Amnistía Internacional en Perú, Chile, Canadá, Italia, España, Grecia, exigiendo terminar con el uso excesivo e ilegal de la fuerza para reprimir protestas en Perú.

Testimonios

Amnistía dijo que entrevistó a un policía de Apurímac bajo condición de anonimato, quien dijo: “Una cosa [...] que solemos conversar entre policías es que, si hay un grupo violento, se dispara a una persona, porque, mientras no haya muertos, la gente sigue enardecida, pero cuando ven a uno caído se aplacan”.

De las 25 muertes documentadas, 15 fueron de jóvenes de menos de 21 años, muchos de ellos de familias pobres de ascendencia indígena.

“Si no fuéramos pobres, Christopher no habría muerto. Porque no habría tenido que estar trabajando [...] ese día”, dijo la madre de Christopher Michael Ramos Aime, de 15 años, muerto por el Ejército en Ayacucho, cuando cruzaba la calle desarmado.