La UCR pidió conocer el destino de los fondos

Barotto dijo que en el último balance existía una moratoria de más de $249 mil a pagar a la AFIP y el activo era de $1,07 millón

Ente para el Desarrollo Productivo y Tecnológico – Cuestionamientos del radicalismo sobre la situación del organismo

Desde el partido señalaron que no hay balances presentados desde 2014, por lo tanto no hay rendición de las transferencias que hubo entre el Ente y el municipio hasta 2016 

 

A un año y medio de anunciarse la disolución del Ente para el Desarrollo Productivo y Tecnológico, desde la UCR Villa María salieron a preguntar cuál es la situación actual del organismo que presidía Otto Wester.

“Hace un tiempo atrás se anunció la desactivación del Ente, pero a la fecha no podemos conocer su realidad económica, administrativa y jurídica. Se esperaba que se presentaran los balances, sin embargo, el último presentado fue en 2014, quedando pendientes 2015 y 2016; en 2017, al darse de baja, se tendría que haber presentado un balance de cierre y no hay nada de eso, cuando durante esos períodos hubo transferencia de fondos desde el municipio. Al no presentarse balance tampoco hay rendiciones; no sabemos si se llamó a una asamblea extraordinaria para que disponga su disolución y liquidación ni qué se hizo con los activos”, señaló el presidente del radicalismo local, Marcelo Barotto.

“Por eso nuestra inquietud es saber cuál es la situación del Ente, por qué no se presentaron los balances y adónde fueron los fondos y los bienes que había al momento del cierre”, remarcó Barotto, quien indicó que desde el comité se elaboró un documento en el que se dejan expresadas todas estas inquietudes.

“El intendente Martín Gill comunicó hace un tiempo la disolución del Ente para el Desarrollo Productivo y Tecnológico Villa María Sociedad de Economía Mixta y que sería remplazado por una Agencia de Desarrollo, pero dado el tiempo transcurrido se desconoce la situación jurídica del Ente, a punto tal que el último balance conocido es el correspondiente al ejercicio 2014, quedando pendientes los balances 2015, 2016 y el de cierre.

Mediante el Decreto 227, del 01/03/2017, el intendente dispuso el traspaso del aeropuerto a la órbita del Ejecutivo municipal, además, informó que al dejar de tener movimiento económico se habría solicitado la baja impositiva del Ente en diciembre 2016, aunque en el último balance se puede observar una moratoria a pagar a la AFIP por $249.192,91 en 2014.

El procedimiento previsto por el estatuto constitutivo para la disolución y liquidación del Ente es mediante la convocatoria a una asamblea extraordinaria, con las causales del artículo 94 de la Ley de Sociedades. El Departamento Ejecutivo debería designar tres liquidadores que deberían actuar bajo la fiscalización de los síndicos, desconociéndose si se aplicó el citado procedimiento.

El activo del Ente correspondiente al cierre de 2014 era de $1.074.680,13, pero además durante 2015 y 2016 se transfirieron desde el municipio al Ente presidido por Otto Wester varios millones de pesos, según se puede observar en distintos decretos, desconociéndose el destino de los fondos.

Es necesario que el municipio, como socio mayoritario con derechos y obligaciones, brinde toda la información, publique los balances y disponga la realización de una auditoría para verificar el cumplimento de los procedimientos administrativos – contables, porque se está en presencia de fondos públicos, que salen del bolsillo de los contribuyentes. No se trata de un quiosco, por lo tanto, hay que rendir cuentas hasta del último peso que pasó por dicho organismo descentralizado”, dice el texto de la UCR.

 

Pedido de informe

A raíz de esto, los concejales Gustavo Bustamante y Nora Landart dirigieron un pedido de informe al jefe de Gabinete, Héctor Muñoz, solicitándole que les remita:

•Copia del Acta de la Asamblea Extraordinaria, en la cual se resolvió la disolución y liquidación del Ente para el Desarrollo Productivo y Tecnológico.

•Las tres personas designadas por el Departamento Ejecutivo para cumplir la función de liquidadores y el síndico interviniente.

•La composición del activo transferido por el Ente a la Municipalidad y el destino asignado a esos fondos.

•Las obligaciones cumplimentadas por la jefatura a su cargo, pendientes a la fecha de transferencia del Ente, para la que fue autorizado a cancelar mediante Decreto N°369.

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