Piden el juicio por la financiera

La Fiscalía Federal de Villa María a cargo de María Schianni solicitó la elevación a juicio de la causa “Ateca, Fernando S. (Asociación Mutual Productores de Servicios Generales); Sufe, Jorge Héctor (...) S/ asociación ilícita”, en la que están incluidos, además, el exconcejal Delfin Armando Polack,  Richard Eduardo Grenat, Ana María Ledesma, Franco Ezequiel Arce, Cristina Ateca, Hernán Alejandro Mignola, María Eugenia Tabares, Fabio Darío Machado, Carlos Alberto Giovanardi, Miguel Alberto Alvarez, Pablo Antonio Redolfi y Lucas Andrés Redolfi.

Los hechos atribuidos por la fiscal son, en primer término, conformar una asociación ilícita destinada a cometer una indeterminada cantidad de delitos financieros y tributarios, tales como actividades de intermediación financiera no autorizada, recibiendo depósitos a plazo para aplicarlos posteriormente a operatorias de compra y venta de divisas y de títulos valores; a otorgar préstamos a terceros, inversiones en el mercado de valores, entre otras actividades, sin contar con autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

También delitos contemplados en la Ley 24.769 y sus modificatorias, pues empleaban la estructura mutualista para aprovechar los beneficios y exenciones que posee ante el fisco, a fin de eludir el pago de los tributos que le hubiesen correspondido en caso de haber operado dentro del marco legal, medida que tenía por objeto potenciar las ganancias obtenidas por medio de las actividades ilícitas.

Dentro de los delitos financieros y tributarios figura además el lavado de activos al poner en circulación en el mercado bancario, financiero y bursátil el dinero ilícitamente obtenido por medio de hechos de evasión de impuestos e intermediación financiera. Parte de los fondos ilícitos obtenidos fueron invertidos en inmuebles, con el propósito de que adquirieran la apariencia de un origen lícito.

Asimismo, por medio del servicio brindado mediante la estructura empresarial que montaron, pusieron en circulación en los mercados mencionados fondos ilícitos de terceros que se habrían originado en diversos delitos, bajo la apariencia de que provenían del aporte de socios.

Aparente legalidad

Según la fiscal, “contaron con el asesoramiento profesional de los contadores Giovanardi y Alvarez, quienes utilizaron sus conocimientos para brindarle a la estructura empresarial montada por los investigados, una apariencia de legalidad ante el fisco y los organismos de contralor (INAES), permitiéndoles potenciar las ganancias ilícitas y dar continuidad en el tiempo a estas maniobras”.

Dichas actividades se realizaron en las dos sedes de la Asociación Mutual de Productores de Servicios Generales, una ubicada en General Paz 175 de Villa María, y la otra en José María Salguero 445/455 de James Craik; de las firmas Ridesud SRL, MQT SRL, EFUS SA, Frendal SRL, Suhalen SRL y Alonso J. y José A. Redolfi SRL, entre otras.

Para Schianni, “dentro de la estructura ilícita, Fernando Ateca y Jorge Sufe se desempeñaron como jefes, coordinando entre sí y con los contadores Giovanardi y Alvarez la modalidad operativa, los servicios que se brindarían, las inversiones a realizar, las directivas que se impartirían a los demás miembros y la modalidad bajo la cual serían repartidas las ganancias obtenidas”. 

“Por su parte, Grenat era autoridad y tesorero de la mutual; Cristina Ateca la secretaria, Polack y Tabares eran cotitulares de las cuentas bancarias que poseía la mutual en el Banco Nación  y en el Banco de Córdoba. Arce, Mignola y Machado eran empleados de la firma, quienes con efectivo conocimiento de sus conductas delictivas, llevaban una doble contabilidad, rompían documentos para no dejar rastros de maniobras ilícitas y se llevaban a sus domicilios los discos y memorias externas donde registraban las operaciones en negro o presuntamente ilícitas”, agregó.

A la vez, Tabares y Polack eran integrantes de Ridesud y MQT (cuyo apoderado era Fernando Ateca, también vinculado a la cuenta bancaria de esta firma). Asimismo, Polack y Sufe integraban la sociedad EFUS, mientras que Ledesma y Alvarez integraban Frendal, mediante las que efectuaban negocios tendientes a canalizar el dinero ilícito generado por las actividades de intermediación financiera y evasión impositiva.

Mutual desvirtuada

En segundo término, la fiscal los acusa de llevar a cabo con habitualidad y permanencia actividades de intermediación financiera no autorizada.

“En ese marco, realizaron entre otras operaciones, la captación de ahorros del público de forma habitual y masiva ofreciendo a los clientes servicios de cajas de ahorro, cuenta corriente, operaciones de depósito a plazo fijo, que posteriormente eran aplicados a operatorias de compra y venta de divisas o de títulos valores, a otorgar préstamos a terceros, a inversiones en el mercado de valores, a cubrir el giro en descubierto de cuentas corrientes, entre otras actividades, sin contar con autorización del BCRA”, puntualizó Schianni, quien consideró que “de esa manera, desvirtuaron la significación social de la estructura mutualista, pues estaban lejos de constituir una entidad sin ánimo de lucro guiada por los principios de solidaridad y ayuda mutua”.

Calificación legal

Según la síntesis de elevación a juicio de la Fiscalía, “el primer hecho encuadra en la figura penal de jefe u organizador de una asociación ilícita imputable a Fernando Ateca y Sufe en carácter de coautores, en tanto que el resto encuadra en la figura penal de miembros de la asociación ilícita, en carácter de coautores”. Para este delito las penas previstas son de tres a 10 años para los participantes de la asociación ilícita, y de cinco a 10 años para los jefes.

El segundo hecho encuadra en la figura penal de intermediación financiera y bursátil no autorizada agravada, imputables a Fernando Ateca y Sufe en carácter de coautores, y el resto en carácter de partícipes necesarios. En este caso, la pena prevista es de dos a cuatro años de prisión.

Tras el pedido de elevación a juicio de la fiscal se abre un plazo en el que los abogados defensores pueden apelar o pedir más pruebas, finalizado dicho plazo, el juez Roque Ramón Rebak deberá decidir si eleva o no a juicio esta causa. 

Cabe recordar que por este caso, en mayo de 2018 se produjo una serie de allanamientos a las sedes de la mutual y también a AERCA, donde se secuestró documentación y una cuantiosa cantidad de dinero entre pesos, dólares, euros y cheques.