Enérgico repudio a Villarruel desde la agrupación Unión por la Ciudad

Desde la agrupación Unión por la Ciudad hacemos público nuestro más enérgico repudio al intento de La Libertad Avanza de igualar los crímenes de la dictadura de 1976 con los de las organizaciones guerrilleras.

El reciente homenaje a víctimas de grupos armados, promovido por Victoria Villarroel en la Legislatura porteña, busca que se enjuicie a los exmiembros del Ejército Revolucionario del Pueblo y de  Montoneros, para luego impulsar una amnistía general que libere también a los militares y policías genocidas que actualmente purgan condenas.

Villarroel, que aparece como la verdadera ideóloga del partido de Javier Milei, viene organizando, desde su Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, la reivindicación de todos los actos aberrantes perpetrados desde el Estado entre 1976 y 1983, aun los de los vuelos de la muerte o el robo de bebés. De hecho, instala así un escalón superior al negacionismo al que apelan otros progenocidas.

Da escalofríos de solo pensar qué nos espera a los ciudadanos democráticos si Villarroel asume como vicepresidenta de la Nación: es la misma persona que visitaba en la cárcel a Jorge Rafael Videla  y la misma que figura en la agenda de Miguel Etchecolatz, un cruel torturador repudiado hasta por su hija, que se cambió el apellido.

Una de las causas que Villarroel enarbola en su reclamo de falta de justicia es la del coronel Argentino del Valle Larrabure, un caso donde -por el contrario-  hubo un juicio en el que fueron condenados varios guerrilleros por el secuestro del militar, y donde reiteradamente el Poder Judicial negó el encuadramiento como de lesa humanidad, al contrario de los crímenes cometidos por funcionarios del Estado, que sí lo son, y, por lo tanto,  no prescriben nunca.

Ninguna improvisada

Nos preguntamos de qué impunidad habla Villarroel cuando los genocidas son juzgados con todas las garantías del debido proceso, mientras que ellos aplicaron pena de muerte sin juicio a militantes y a sus familias, como los Pujadas y los Santucho, que perdieron a una veintena de sus integrantes a manos de la represión, y uno de cuyos nietos fue recuperado por Abuelas.

La compañera de fórmula de Milei no es una improvisada: tiene notorios vínculos con exmilitares que actuaron en la dictadura y con partidos ultraderechistas de todo el mundo. Y no sorprende, en consecuencia, que combata a las políticas de género y toda otra iniciativa que huela a otorgar derechos a los débiles y a las minorías.

Ni por asomo pueden compararse las violaciones a los derechos humanos hechas desde el Estado, a través de un plan sistemático y clandestino, con eventuales delitos comunes cometidos por grupos armados, que bien pudieron juzgarse en época de las Juntas Militares. La dictadura nunca buscó justicia, sino acallar, mediante la tortura, los asesinatos y desapariciones, todo intento de oposición, para llevar a cabo su plan económico de entrega, idéntico al que aspiran repetir no solo Milei, sino Juntos por el Cambio.

En los 40 años de democracia se ha logrado demostrar que, en 1976, la capacidad operacional de los grupos armados estaba ya muy disminuida y su supuesto peligro fue solo una excusa para descabezar las direcciones sindicales, estudiantiles, políticas e intelectuales de la Argentina y permitir al poder financiero internacional hacer estragos con nuestros bienes y derechos.

Gracias a la constante lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y otros organismos, la sociedad entendió y cumplió, desde 1983, un pacto democrático que se quebró con el atentado a la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández. La oposición que lideran Bullrich y Milei está dispuesta a hacer cenizas ese pacto y, por el contrario, restablecer el terror como forma de control social, a la vez que anular valiosas conquistas del campo popular, como los derechos laborales, entre otros.

Walter Secondino, Elías Achad, Roberto Battaglia, Richard Bertoglio, Oscar Mengarelli, Juan Carlos Seia y Fernando Mercado