Otra de espías - El hallazgo fue aportado por la propia interventora de la Agencia de Inteligencia

Denuncian a Macri y Arribas por la venta irregular de armas de la AFI

En la presentación se indica que funcionarios y agentes eran los propios compradores, pagando un 20% del valor de mercado. Había armas de colección
martes, 30 de junio de 2020 · 09:00

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, denunció ayer al expresidente Mauricio Macri y a las exautoridades del organismo durante la gestión anterior, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por la presunta venta irregular y a precio irrisorio de armamento a funcionarios y agentes en actividad.

La denuncia por supuesto abuso de autoridad, violación de deberes y defraudación por administración fraudulenta resultó sorteada en el Juzgado federal de Daniel Rafecas e intervendrá el fiscal Federico Delgado, según el trámite cumplido en los Tribunales Federales de Retiro, informaron fuentes judiciales.

En el caso de Macri, se lo denunció "en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional (art. 12, Ley Nº 25.520)" como máxima autoridad nacional del Sistema de Inteligencia", según explicaron fuentes del organismo.

En la denuncia se aludió a dos resoluciones dictadas por el extitular de la AFI, Arribas, en agosto de 2017 y diciembre de 2018, supuestamente "carentes absolutamente de sustento jurídico y fáctico".

Estas resoluciones abrieron la puerta a la venta a precio "irrisorio" a funcionarios y agentes en actividad de 290 armas "aptas para el disparo y utilización".

Los 73 agentes que compraron las armas pagaron precios que no alcanzarían "el 20% del valor real de un arma usada en el mercado formal", según la denuncia, en la que se subraya que se vendieron "armas de colección que no se consiguen en el mercado" como revólveres Ruger y Colt Trooper.

El Ruger “tenía la leyenda que decía ‘200 años de la libertad de América’”, destacó la presentación de Caamaño.

Además, la funcionaria remarcó en la denuncia que “no consta ni valuación ni tampoco información acerca del valor de venta respecto a la única escopeta a repetición marca Mossberg, 12UAB Modelo 500 que fue vendida mediante este procedimiento fraudulento” a un exfuncionario.

“La puesta en venta del armamento de fuego no se encuentra dentro de las competencias, y menos aún, dentro de las facultades de la Dirección General.

Por otro lado, la AFI denunció que “permitir la compra de armamento de fuego apto para su uso a todos los agentes del organismo, sin el debido control de la autoridad estatal correspondiente en la materia, constituye per se una manifiesta violación a los deberes de funcionario público y un abuso de autoridad".

 

Para los propios

De acuerdo a lo denunciado por Caamaño, cada funcionario o agente podía comprar hasta cinco armas a "un precio totalmente irrisorio y alejado de la realidad" y "prácticamente sin requisitos respecto a las condiciones exigidas para su acceso".

Además de Macri, Arribas y Majdalani fue denunciado otro exfuncionario de la AFI cuya identidad se mantuvo en reserva en base a los lineamientos de la Ley Nacional de Inteligencia.

Las resoluciones que permitieron las ventas declararon al armamento "en condiciones de rezago" porque no resultaba "económicamente rentable ni factible su recuperación".

Para autorizar la operación, Arribas se habría basado en un informe según el cual, según denunció ahora su sucesora Caamaño, no surgía que el armamento era de rezago sino que lo clasificaba "como material en desuso".

El área de Seguridad de la AFI cotizó las armas en su valor en dólares y los agentes las pagaron en pesos entre $3.900 y $7.900 por unidad, un valor que no alcanzó ni el 20% de su cotización en el mercado.

 

Caso Vicentin

Aceptan como querellante al Banco Nación

El juez Julián Ercolini aceptó ayer como querellante al Banco Nación en la causa que investiga supuestos delitos penales cometidos por la gestión anterior al otorgar créditos multimillonarios a la cerealera Vicentin.

"Corresponde hacer lugar a la solicitud del Banco de la Nación Argentina de ser tenido por parte querellante en estas actuaciones", resolvió Ercolini al entender que "se verifica con claridad que la entidad financiera podría llegar a resultar damnificada de los hechos investigados", según la resolución a la que accedió Télam.

El magistrado aceptó el pedido de la entidad bancaria, que ahora podrá tener acceso a la causa, sugerir medidas de prueba y eventualmente acusar si el caso llega a juicio oral, informaron fuentes judiciales.

La causa penal investiga si hubo delito en el otorgamiento de créditos a Vicentin por 18.500 millones de pesos y está delegada en el fiscal Pollicita.

Por los hechos están imputados el último titular del banco, Javier González Fraga, y los empresarios de Vicentin Alberto Padoán y Gustavo Nardelli.

En tanto, voceros del Banco Nación informaron a Télam que el juez Fabián Lorenzini, quien tiene a su cargo el concurso de acreedores de Vicentin, trabajó durante 20 años para la sucursal Reconquista del Banco Nación y firmó resoluciones que involucraban a empresas de ese grupo, por lo cual podría ser recusado en los próximos días.

Las fuentes añadieron que en la entidad crediticia, uno de los principales acreedores de Vicentin, "se está estudiando el tema" de presentar una recusación.

 

Pandemia - Retrocedió un 26,4% el interanual

Fuerte caída del nivel de actividad económica

El nivel de actividad económica retrocedió 26,4% a nivel interanual durante abril, primer mes en que se aplicaron a pleno las medidas de aislamiento para morigerar el avance del coronavirus, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Además, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (Emae) registró en abril una baja del 17,5% respecto a marzo y acumuló un retroceso del 11% en el primer cuatrimestre del año.

La baja interanual del 26,4% registrada en abril es la mayor de la serie histórica desde que el Indec comenzó a relevar el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) en 2003.

La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que el Producto Bruto Interno (PBI) podría caer este año alrededor de 9,9% en la Argentina.

 

Superávit comercial

La balanza comercial de bienes acumuló durante los últimos 12 meses, hasta mayo, un superávit de US$18.036 millones, “lo que representa en términos nominales el más elevado desde que existen registros en Argentina (1910), superando el máximo previo alcanzado en julio de 2003”, informó la Cámara de Exportadores (CERA).

El Monitor de Comercio Exterior elaborado por la entidad sobre la base de datos del Indec señaló que la mejora, respecto de los 12 meses previos, “se debió principalmente a una caída del 22,6% en las importaciones producto de la recesión económica y las medidas de confinamiento social por la pandemia del Covid-19”.

Por su parte, las exportaciones registraron en ese lapso una leve reducción de 0,4%, principalmente por menores ventas durante la pandemia, ya que hasta diciembre pasado se observaban incrementos interanuales.

 

Préstamos a tasa cero

Se extiende el plazo hasta el 31 de julio

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó ayer que extendió hasta el 31 de julio el plazo para que monotributistas y autónomos tramiten los créditos a tasa cero y precisó que más de 500 mil personas ya iniciaron el procedimiento en el sitio de Internet del organismo.

Los préstamos a tasa cero forman parte del Programa de Emergencia de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), lanzado por el Gobierno nacional para dar respuesta al impacto económico de la pandemia de coronavirus.

El monto al que puede acceder cada persona depende de la categoría en la que está inscripta y el máximo previsto es de $150.000.

 

Islas Malvinas

Buscan crear una Comisión Bicameral Permanente

Un proyecto de ley que propone crear en el ámbito del Congreso de la Nación una Comisión Bicameral Permanente sobre las Islas Malvinas fue presentado por senadores de Cambiemos, con el objetivo de abordar los temas vinculados al reclamo de soberanía y a la defensa de los intereses argentinos en la zona marítima circundante.

En caso de aprobarse, la comisión estará integrada por diez legisladores de cada cámara y podrá recibir informes anuales del canciller argentino y del titular de la secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, según establece el texto de la iniciativa presentado en la Cámara alta.

El proyecto de ley fue elaborado por el senador por Tierra del Fuego de Cambiemos, Pablo Blanco y lleva la firma de los miembros de la bancada Víctor Zimmermann, Silvia Elías de Pérez, Alfredo de Angeli, Oscar Castillo, María Belén Tapia, Mario Fiad, Stella Maris Olalla y Silvia Giacoppo y de los miembros del bloque Federal Juan Carlos Romero y Clara Vega.

"El reclamo de Malvinas debe ser una política de Estado y es una deuda eterna que debe ser honrada a través de la legislación y la memoria", sostuvo Blanco en declaraciones periodísticas, y agregó que "la comisión debe ocupar un lugar inexplicablemente vacío en el Congreso Nacional".

"Ambas Cámaras tienen comisiones que abordan diversas temáticas, pero ninguna específica para entender y dictaminar proyectos relacionados con el reclamo de soberanía y con los intereses argentinos para la preservación de los espacios marítimos, los recursos naturales renovables y no renovables, la actividad pesquera y marítima y la exploración y explotación de yacimientos de combustibles o minerales", añadió.

En la propuesta se aclara que la comisión "no debe ser eje de disputas sino, por el contrario, fuente de encuentro".

El Gobierno de Alberto Fernández envió recientemente al Congreso tres proyectos de ley vinculados a Malvinas, mediante los cuales propuso la creación del Consejo Nacional Asesor de Políticas Sobre Malvinas y una nueva demarcación del límite exterior de la plataforma argentina, entre otros puntos.

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