Enviarán al Congreso la nueva Ley de Salud Mental

A través de la red social X, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno presentará “en los próximos días” un proyecto para reformar la Ley de Salud Mental, con el objetivo de dotar al sistema sanitario de una mayor capacidad de respuesta ante cuadros críticos.

La iniciativa, que reintroduce medidas como la internación involuntaria bajo indicación de un profesional, “busca proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre”, según indicaron desde el Ministerio de Salud.

En ese sentido, el Gobierno apunta a superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia, y plantea la necesidad de “clarificar conceptos y criterios adaptándolos a las necesidades actuales y a la realidad asistencial de cada jurisdicción”.

Desde la cartera que conduce Mario Lugones destacaron: “La internación seguirá siendo un recurso excepcional, pero necesario para proteger la salud y la vida”. Así, mientras que la ley vigente establece que solo puede disponerse la internación involuntaria “cuando existe un riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”, el proyecto oficialista busca ampliar la capacidad de intervención.

“Este criterio tiene en cuenta únicamente la situación del paciente al momento de la evaluación médica, impidiendo, en muchas ocasiones, intervenciones preventivas en contextos de crisis. Por este motivo, la propuesta propone implementar un criterio situacional para la evaluación del riesgo considerando el contexto general del cuadro, en el que se incluyen los antecedentes recientes de conductas riesgosas y la evolución previsible del paciente en caso de no recibir tratamiento”, explicó el Ministerio en la presentación del proyecto.

De esta manera, la ley impulsada por el Gobierno dispone que, en casos de urgencias, un médico psiquiatra podrá indicar una internación involuntaria, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. Además, se propone extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial.

Mientras que, en los casos de internaciones voluntarias, los profesionales podrán evaluar si el alta solicitada por un paciente afecta su integridad, pudiendo transformarla en involuntaria con la debida notificación judicial.

Fortalecimiento del sistema

Otro punto relevante de la reforma es el freno a la desinstitucionalización total que planteaba la ley de 2010. El Gobierno argumenta que el traslado de pacientes complejos a hospitales generales no siempre es viable por falta de infraestructura y personal especializado. Por ello, el proyecto propone consolidar una red de atención que mantenga los hospitales monovalentes públicos y privados, integrándolos en un sistema de distintos niveles de complejidad que incluya dispositivos ambulatorios y residencias asistidas.

Finalmente, la propuesta busca unificar criterios diagnósticos mediante el uso de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), reemplazando conceptos que el Ministerio considera ambiguos, como el de "padecimiento mental".

Según el Ejecutivo, esta actualización técnica y la modernización de los registros nacionales de personas internadas permitirán una mejor fiscalización y seguimiento de los tratamientos en todo el territorio nacional, basándose en aportes realizados por asociaciones de familiares y profesionales del sector.