Políticas que llevan a una vida indigna

En la provincia de Córdoba sufrimos las pésimas políticas de gobierno que atienden más al cemento, la propaganda y el gasto desvergonzado para campañas eleccionarias, antes que cuidar a sus ciudadanos.

Los jubilados y pensionados de Córdoba deberían ser los auténticos responsables de los recursos que administra la Caja de Jubilaciones, pero deben seguir soportando, desde hace más de medio siglo, su intervención.

Asimismo el Gobierno nacional y el provincial no atienden el derecho del adulto mayor, contemplado en la Ley 27.360, de jerarquía constitucional, que exige proteger y garantizar la dignidad, autonomía, igualdad y bienestar de las personas mayores. Son obligaciones que los estados no cumplen y construyen análisis mediocres y mentirosos, presentando únicamente una cuestión de suma y resta.

Asimismo son falaces las expresiones de algunos políticos cuando afirman que el promedio de los haberes jubilatorios en Córdoba es de 3 millones de pesos. La mayoría no llega al millón, algunos con ¿derechos especiales?, superan largamente los 10 millones de pesos mensuales. ¡Tan es así que un aumento en este sector representa el haber jubilatorio mensual de la mayoría!

Jubilaciones anticipadas

¿Por qué no mirar el déficit que producen las decisiones del Gobierno de este signo político que a principio de siglo decidieron jubilaciones anticipadas a discreción, produciendo un fenomenal desbalance?

Los jubilados y pensionados venimos reclamando “dignidad” en Córdoba, agregando, sin temor a equivocarnos, que la obra social Apross presenta graves problemas de transparencia administrativa que derivan en sospechas generalizadas de los responsables de su conducción y que tiene consecuencias directas en las prestaciones médicas y farmacéuticas, a pesar de la obligatoriedad de estar en el sistema y de aportes compulsivos excesivos.

Los reclamos

Por todo ello pedimos:            

1) Encauzar y transparentar los recursos del Estado provincial, en todas las áreas y que Nación restituya a la Caja de Córdoba la deuda como corresponde.

2) Inmediata normalización de los órganos de gobierno de la Caja de Jubilaciones, ya definida en la Ley 10.333, pero maliciosamente evitada.

3) Que el Superior Tribunal de Justicia exija la anulación de la Ley 10.694, por inconstitucional, tal como enunció en su escrito hace un tiempo atrás.

4) Que los estados  nacional, provincial y municipal, asuman el compromiso de respetar y hacer cumplir la Ley 27.360 de protección al adulto mayor, que tiene jerarquía constitucional.

5) Eliminar el salario en “negro” que se paga en la provincia y en los municipios, por un sentido ético y para que aporten a la Caja como cualquier trabajador.

6) Pedimos el acompañamiento de todos los activos del país y de la provincia, pues serán ellos los que más temprano que tarde deberán recibir su jubilación para una vida digna, que hoy no tenemos.

Camilo Rodríguez,  Sonia Oddino,  Carlos Sánchez,  Jorge Daher y siguen las firmas