Protesta de Moroncini

Como ciudadano y excandidato político de Villa María, me veo en la obligación de hacer pública mi profunda preocupación y denunciar una serie de graves irregularidades, la inacción judicial y el flagrante incumplimiento de los plazos legales por parte de funcionarios de la Fiscalía local de segundo turno, a cargo de la fiscal Juliana Companys, en el marco de una investigación penal que afecta directamente a mi familia y a mí.

A pesar de las presentaciones realizadas por mis abogados, la Fiscalía ha hecho caso omiso a nuestros reclamos y a las evidencias presentadas, lo que agrava aún más la sensación de indefensión y confirma la existencia de un proceso judicial que considero plagado de irregularidades y con una clara intencionalidad.

La omisión de notificarme formalmente una orden de restricción en mi contra, una medida que afecta directamente mis derechos y mi libertad, sumada a la falta de respuesta a las presentaciones legales y al vencimiento de todos los plazos legales para la realización de actos procesales fundamentales, me lleva a temer que exista una intención deliberada de privarme de mi libertad de manera injustificada y con un trasfondo político.

Mientras tanto, mi hijo permanece detenido desde hace 33 días, sin que se haya avanzado en la causa con la toma de su declaración indagatoria ni se haya permitido el acceso completo al expediente por parte de su defensa. Esta prolongada detención, sumada a la inacción judicial, genera una profunda angustia en nuestra familia y cuestiona la legalidad y la transparencia del proceso.

Las actuaciones de la Fiscalía podrían constituir delitos como:

-Abuso de autoridad (Artículo 248 del Código Penal Argentino).

-Coacción (Artículo 151 del Código Penal Argentino).

-Violación de domicilio (Artículo 151 del Código Penal Argentino).

-Falsedad ideológica. (Artículo 293 del Código Penal Argentino).

-Violación de garantías constitucionales, incluyendo mi derecho de defensa y el debido proceso.

-Incumplimiento de los deberes de funcionario público (Artículo 248 del Código Penal Argentino).

-Denegación de justicia (podría encuadrar en figuras más complejas).

-Privación ilegítima de la libertad agravada (Artículo 141 del Código Penal Argentino).

-Obstrucción a la justicia (Artículo 241 del Código Penal Argentino).

-Secuestro ilegal (Artículo 142 del Código Penal Argentino).

Dada mi trayectoria y mi activa participación en la vida política de nuestra ciudad, la persistente inacción judicial y el desprecio por los plazos legales solo refuerzan mi sospecha de que estos hechos tienen un trasfondo político, buscando dañar mi imagen pública y mi persona a través de un proceso judicial viciado de ilegal.

Esta mañana, a las 9.30, he presentado la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de tercer turno, a cargo del Dr. René Bosio, para que se investiguen a fondo estas graves irregularidades y se determinen las responsabilidades penales que pudieran corresponder. Mi intención al hacer pública esta situación no es buscar el encarcelamiento de individuos de manera vindicativa, sino exigir que se sancione de manera ejemplar a los funcionarios involucrados en estas graves irregularidades y que se destituya de su cargo a la fiscal Juliana Companys, a cargo de la investigación, si la investigación interna así lo amerita y demuestra su accionar parcial y perjudicial para la administración de justicia, incluyendo la posible comisión del delito de “coacción”.

"Como ciudadano con un compromiso con la transparencia y la justicia, no busco venganza, sino la depuración de las instituciones y la garantía de un proceso justo para todos, entendiendo que la libertad es un bien supremo, no puedo permitir que se vulneren mis derechos y los de mi familia, y que se manipulen los tiempos de la Justicia con fines persecutorios", declaro personalmente. La inacción de la Fiscalía y el desprecio por los plazos legales, sumados a la prolongada e injustificada detención de mi hijo sin avances en su causa, son una clara señal de que este proceso está viciado y podría tener motivaciones políticas oscuras.  Es imperativo que se sancione a los responsables y se evalúe la continuidad de la fiscal en su cargo, si la investigación demuestra su mal desempeño y su accionar contrario a la ley. Confiamos en que las instancias superiores tomarán cartas en el asunto y garantizarán el respeto por la ley y nuestros derechos.

Solicito a los medios de comunicación el respeto por la sensibilidad del caso y mi decisión de mantener la reserva sobre los detalles específicos por el momento, al tiempo que reafirmo mi compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia.

“La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder”

Leandro Moroncini - DNI 24.494.747