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Para los Hernández, el canje se hizo por medios no autorizados

El martes, la Asamblea hizo una presentación ante la Justicia Federal

Salón de los Deportes – Detalles del dictamen que acompañó una presentación judicial para frenar el canje

Los conocidos abogados aseguraron que la iniciativa pública privada no existe como mecanismo legal en la ciudad y además remarcaron que el salón céntrico no puede venderse

Los abogados Antonio María Hernández y Antonio María Hernández hijo sostuvieron que en el ámbito municipal no existe la iniciativa pública privada como mecanismo legal admitido, reglamentado y vigente, cuestionando así el camino que se adoptó para dar luz verde al proceso de canje del Salón de los Deportes.

Los conocidos letrados precisaron que en 2011 fueron derogadas dos ordenanzas del año 1993 y 1999, respectivamente, en las que se facultaba al Ejecutivo a implementar y reglamentar el sistema de iniciativa privada y a instrumentar el sistema de riesgo empresario y/o de iniciativa privada para la ejecución de servicios y obras públicas.

Los Hernández hacen hincapié en la Ordenanza 6.404 -la del régimen de contratación de obras, servicios y adquisición de bienes- de 2011, que legisla que solo podrá contratarse por licitación pública, licitación privada, concurso de precios, consulta mediante medios electrónicos, contratación directa con libre negociación y elección y remate o subasta pública. Y que establece como regla general la licitación pública.

“Entendemos que la iniciativa privada presentada ante el Departamento Ejecutivo Municipal debió ser rechazada sin más, en cumplimiento estricto de la legislación vigente”, indicaron los abogados que firmaron un dictamen que utilizó la Asamblea contra la Corrupción para presentarse ante la Justicia Federal de Villa María con la intención de frenar la entrega del actual Salón de los Deportes.

En este marco subrayaron que la ordenanza sancionada el 20 de diciembre pasado, que habilitó el canje, “nunca debió ser sancionada, ya que no cumple con los principios legales que rigen en Villa María”.

“En consecuencia se ha violado el principio de legalidad previsto en la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial y en la Carta Orgánica Municipal”, añadieron.

Tras repasar lo que precisa la Carta Orgánica, puntualizaron que “es evidente que no se la ha respetado”, como tampoco se respetó el régimen de contrataciones vigente “por cuanto la iniciativa privada presentada no es uno de los mecanismos habilitados por las ordenanzas para contratar”.

 

Interés Histórico

En otro orden, los Hernández se detuvieron en el inmueble a entregar en dación en pago, el actual Salón de calles Corrientes y Carlos Pellegrini.

Especificaron que fue declarado de Interés Histórico y Arquitectónico por medio del Decreto 1.029 del año 1998, y que disponer del mismo “es contrario a lo que estipula el artículo 29 de la Carta Orgánica Municipal”, el que habla de que a la hora del desarrollo urbano se debe conservar y mejorar el patrimonio natural, arquitectónico, cultural y paisajístico de la ciudad.

Además, “de conformidad al Código Civil, dicho bien pertenece al dominio público”, advirtieron los Hernández, para avanzar en lo que establece ese Código, que estipula que los bienes públicos del Estado son inenajenables, inembargables e imprescriptibles.

“Ante este claro mandato legal, no cabe duda que el procedimiento no pudo ser realizado sin incurrir en grosera ilegalidad. No podía ni puede venderse ese bien. Solo puede hacerse cuando se trate de un bien del dominio privado”, aseveraron.

En otro fragmento del dictamen, advirtieron que “si la administración avanza con este procedimiento, que es manifiestamente nulo, ilegal e inconstitucional, generará consecuencias jurídicas y económicas en perjuicio del erario municipal”.

Para ellos, “los medios escogidos para llevar a cabo la contratación para construir un Salón de los Deportes Municipal, que es obviamente un fin loable, no son los legalmente autorizados, por lo que la ordenanza (de diciembre pasado) deviene en inconstitucional”.

 

En el Juzgado indicaron que “se le está dando trámite”

La presentación realizada por la asociación Asamblea contra la Corrupción ante la Justicia Federal de Villa María era analizada ayer por el juez Roque Ramón Rebak.

El magistrado recibió a El Diario en los Tribunales de la primera cuadra de calle 9 de Julio y solo explicó que se le estaba “dando trámite” a la presentación.

Rebak se excusó de dar algún tipo de detalle de este análisis. Recalcó que debía ser prudente y no adelantar información ni opinión.

Sí confirmó, ante preguntas, que debió correr vista a la fiscal federal para que opine sobre la presentación efectuada por la Asamblea.

Se presume que recién la semana que viene se dará a conocer una resolución.

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