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Pide que Gill explique por qué no se le dio intervención a Barroso

Salón de los Deportes – La edil del Frente Cívico elevó un pedido de informe al intendente

La edil señaló que por Carta Orgánica el asesor letrado está obligado a supervisar y aconsejar al intendente sobre la legalidad del proceso y que no hacerlo va en contra de la normativa

 

La edil del Frente Cívico, Gisele Machicado (foto), presentó un pedido de informe al intendente Martín Gill con el fin de solicitar que explique los motivos por los que no le ha dado la debida intervención a la Asesoría Letrada a cargo de Oscar Barroso, en el expediente de iniciativa privada N° 72.290 Letra B, caratulado “Brondello Mario G. y Martinengo Gustavo elevan proyecto (canje Salón de los Deportes)”.

En la nota, la edil que integra el bloque Juntos por Villa María especifica que dicha intervención es una “responsabilidad exclusiva y excluyente de la Asesoría Letrada, conforme lo establece el artículo 138° de la Carta Orgánica Municipal (COM) y artículo 25° de la Ordenanza N° 6.971 de la Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo”.

Machicado dijo que la solicitud a Gill fue motivada por la declaración vertida por Barroso en El Diario el 16 de marzo, asegurando que el tema del Salón de los Deportes “no había pasado por sus manos” y que no había participado “en nada en el contrato sobre el Salón de los Deportes”, que no se le dio intervención en el tema dentro del Ejecutivo y que desconocía por completo los motivos.

“Cabe aclarar que la COM establece en el artículo 138° que será el asesor letrado quien deberá aconsejar al Departamento Ejecutivo sobre la legalidad de los actos de la Administración Pública y la defensa del Patrimonio municipal”, reiteró.

“Es necesario aclarar que en el análisis del expediente de iniciativa privada se observa la intervención del asesor letrado adjunto, Eduardo Rodríguez, quien por medio del dictamen N° 665 del 1 de noviembre de 2018 sugiere al Ejecutivo la suscripción de un convenio entre la Universidad Nacional de Villa María, Brondello, Martinengo y la Municipalidad, estipulando las obligaciones de cada una de las partes y que deberá ser celebrado ad referendum del Concejo Deliberante con el mecanismo de doble lectura. Esta sugerencia fue receptada por el Ejecutivo y plasmada en el proyecto de ordenanza enviado por el intendente al Concejo”, señaló Machicado.

“Que un proyecto como éste, que ha sido cuestionado públicamente, no tenga la intervención del asesor letrado titular va en contra de la COM. El único que dictaminó fue Rodríguez aconsejando avanzar. Llama la atención que en un proyecto de gran envergadura, con gran debate, que se dijo que estaba viciado de ilegalidad, el asesor letrado titular al que la COM obliga a que asesore al intendente sobre la legalidad de los actos administrativos no se haya expedido expresamente”, remarcó.

“Esto también se relaciona con la diferencia que hubo entre ambos asesores letrados cuando pedí el expediente, ya que Barroso me dijo que lo había cursado al Concejo según constaba en el registro, ahí no estaba, y luego Rodríguez dijo que hubo un error de sistema y que el expediente estaba en la Asesoría. Todo esto deja dudas de cómo se dio este proceso de iniciativa privada”, concluyó.

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