El Diario del centro del país

Plantearon “nulidad y falsedad”

Lione y su hija, sus abogados patrocinantes, Murrugarren y Gilli; los asesores de UATRE, Julieta y Oscar Barroso

UATRE – Los abogados del productor agropecuario Lione

Compareció en libertad y el expediente fue elevado al Ministerio en Córdoba capital. Los trabajadores continúan en situación “de explotación laboral”, afirman

El productor agropecuario Rubén Lione compareció ayer en libertad en la audiencia citada en la sede local del Ministerio de Trabajo provincial.

Lione arribó al edificio de calle Corrientes al 1200 y junto a una hija y los abogados Lorenzo Gilli y Lorenzo Murrugarren, se reunieron como patronal frente a los representantes de los trabajadores rurales, el delegado de la Regional Villa María de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Jerónimo Pérez, y el subdelegado de la misma, Ramón Contreras, acompañados por los letrados Oscar y Julieta Barroso. El inspector Marcos Ghisolfi tomó la última audiencia del caso en esta sede, ya que el expediente fue elevado a los despachos de los titulares de la cartera provincial.

Vale recordar que las actuaciones comenzaron con una inspección que funcionarios del Ministerio de Trabajo llevan adelante prácticamente a modo de rutina y fue realizada en compañía de Contreras, por parte de la UATRE . En la oportunidad, fueron relevados cinco trabajadores, de los cuales solo uno declaró contar con recibo de sueldo, pero además, lo peor se dio cuando solicitaron observar una precaria casa, cerrada con cadena y candado (por fuera), donde encontraron a un trabajador más junto a su pareja embarazada de cinco meses, y cuatro niños, de entre 1 y 9 años, lo que motivó medidas inmediatas por parte de la Fiscalía del Tercer Turno, a cargo de René Bosio, quien imputó a Lione por presunta “privación ilegítima de la libertad” y ordenó su detención, para que fuera trasladado a la Alcaidía de barrio San Justo, en Villa María. Tras 11 noches, el productor recuperó la libertad el martes (con pago de una fianza de 600 mil pesos) y ayer asistió a la solicitud de la dependencia laboral, donde constan dos inasistencias (el lunes 11 y el miércoles 13) y la presencia del pasado viernes, llevado por la fuerza pública.

 

Sin palabras

Lione no pronunció palabra ayer durante las casi tres horas que duró la audiencia. Siempre tuvo colocados los anteojos para sol, cuando no los recetados debajo. Fueron siempre sus abogados los que hablaron en su nombre y la hija apenas indicó sobre una diligencia. Lo que presentó la patronal fueron las altas tempranas de dos trabajadores y luego sumaron una tercera, para lo que en principio habrían solicitado un plazo extendido de 24 horas más, lo que fue denegado, puesto que las autoridades locales de Trabajo ya habían determinado elevar el expediente a sus superiores.

De todas maneras, la documentación parcial fue recibida a regañadientes por los gremialistas, quienes alertaron que, “se desconoce a tres trabajadores, se niega que haya dos tamberos (padre e hijo) y uno más”, ya que se presentó una nota de finalización de relación contractual y no un contrato”, además que, dijo Contreras, “se quiere tapar el sol con la mano, nos dicen que los niños no estaban ahí, que están a cargo del suegro de este trabajador, en otro campo, cuando nosotros el lunes volvimos a ir y no solo estaban ahí, sino que en las mismas condiciones de precariedad observada en la inspección y corroborada luego en la visita realizada con personal del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre)”.

La parte patronal también presentó una boleta de la Cooperativa de Electricidad de La Playosa y una Declaración Jurada de la Municipalidad (por la actividad), y con la sociedad Atilio y Rubén Lione SH la registración laboral de Carlos Benedetto, uno de los relevados encuadrado en la escala salarial de Atilra (trabajadores lácteos), aunque en su declaración manifestó “tareas generales”.

 

Piden impugnación

En el marco de la audiencia, los abogados de Lione plantearon la “impugnación por falsedad del acta”. En esa misma línea, denunciaron “irregularidades en el procedimiento” que entienden “viciado de nulidad”, y la nulidad de las actuaciones y el acta de inspección.

Por último, en nota presentada, los abogados insistieron en la nulidad de lo actuado por el funcionario del Ministerio (Ghisolfi) en el campo de Lione e hicieron “reserva de la iniciación de un incidente de redargución de falsedad del acta de referencia” (“la redargución de falsedad de un instrumento público tramitará por incidente que deberá promoverse dentro de los diez días de realizada la impugnación, bajo apercibimiento de tenerla por desistida. Deberá fundarse y ofrecerse las pruebas tendientes a demostrar la falsedad”).

En el acta, los representantes de UATRE ratificaron las denuncias realizadas en actuaciones anteriores y marcaron que las demorras perjudican a los trabajadores que todavía se encuentran en condiciones de explotación laboral y conforme a la Ley 26.727, debe proporcionar una vivienda en condiciones dignas, además de marcar “un evidente fraude laboral”, “que en perjuicio sigue violentado derechos laborales y pisoteados derechos humanos fundamentales”.

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