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Polack pidió explicación por geriátricos

Polack tuvo una rápida respuesta al envío de su pedido de informe

Concejo Deliberante – Envió un pedido de informe a la subsecretaria de Habilitaciones

El edil del Frente Cívico se reunió con Valeria Suárez, quien le explicó que el procedimiento lo hizo el Ministerio de Salud de la Provincia, no el municipio

El concejal Delfin Polack (Frente Cívico) se reunió ayer con la subsecretaria de Inspecciones de la Municipalidad, Valeria Suárez, para dialogar sobre las actuaciones que dieron motivo a la inspección de los geriátricos.

La funcionaria recibió al concejal integrante de Juntos por Villa María un día después de que él le presentara un pedido de informe indagando sobre ese tema.

“Hubo información en las redes sociales acerca de que habían clausurado geriátricos y trasladado a ancianos, me preocupó el tema y en razón de eso le pedí un informe a Valeria Suárez, que se puso a mi disposición”, explicó el edil, haciendo mención a posteos publicados por Manuel Arriaga en su Facebook.

“La subsecretaria de Habilitaciones me contó cómo es el procedimiento, en realidad, el que hizo el procedimiento no es la Municipalidad, sino el Ministerio de Salud de la Provincia a través de Rugepresa. Ellos son los que hacen el control, no el municipio, que va como apoyo, en colaboración, pero la que toma la determinación es Rugepresa”, señaló.

“Le consulté cómo es el trámite de habilitación de un geriátrico y me explicó que está regida por la Ley Provincial Nº 7.872 o Ley de Geriatría, que da ciertos parámetros para que puedan ser habilitados. Entre otras cosas establece la cantidad de metros por persona, los requisitos para los baños, y hasta la cantidad de residentes que pueden tener. El municipio habilita la actividad comercial, no el geriátrico, estos establecimientos tienen que hacer el pedido de inscripción en Rugepresa. A veces con la sola presentación de ese pedido, en el municipio se le inicia el trámite y así hay un montón de geriátricos con habilitaciones precarias”, indicó.

“Suárez me mostró en algunos expedientes todas las intimaciones previas pidiendo que cumplimenten documentación. Hay una ley provincial que rige los geriátricos y la ordenanza es vieja, tal vez habría que hacer una nueva y adherir a la ley provincial para que funcione en armonía”, consideró Polack.

“Las inspecciones las está haciendo el Ministerio de Salud en distintas localidades de la provincia y Suárez me dijo que van a ser constantes, pero no es que el municipio salió a clausurar geriátricos. Ella me contó que de los cinco geriátricos que se clausuraron en febrero, algunos están trabajando en acomodarse a la normativa, pero la semana pasada cuando hicieron un nuevo control, otros estaban funcionando y habían reingresado gente, por lo que volvieron a ser clausurados y desalojados hasta que se adecúen”, afirmó, que aclaró que acordaron quedar en contacto con la funcionaria municipal para seguir este tema.

 

Críticas al municipio

En los posteos que mencionó Polack, Manuel Arriaga sostiene que el dueño de un geriátrico le dijo que el estrés que le ocasionó el desalojo a una persona mayor le produjo convulsiones que se complicaron y falleció a las pocas horas.

“La Municipalidad de Villa María dejó abrir hogares para cuidar abuelos de menores recursos, que funcionaban mientras se adecuan a los requisitos de habilitación municipal. Debido a la necesidad de contención y atención se abrieron muchos, casi todos con carpetas de habilitación en trámite y otros ya habilitados pero a nivel municipal. Llega un ala de salud de provincia que se llama Rugepresa a exigir habilitación provincial, un curro porque tienen que pagar una fortuna por una habilitación que da la Municipalidad. Como no están en orden con el organismo provincial, éste los clausura y comunica a la fiscalía para iniciar acción penal contra los dueños, les exigen evacuar el lugar en 24 horas, son tantos los lugares que solo quedan los caros (entre 25 mil y 50 mil pesos) y así mismo no dan abasto, entonces obligan a los abuelos a volver con sus familiares, a buscar otro lugar (que no hay porque la mayoría fue clausurado) o directamente quedar sin amparo. A la Municipalidad no le interesa adónde van, esos hogares cuestan lo que los abuelos cobran de jubilación, con esta situación económica los dueños no pueden afrontar los costos de inscripción en Rugepresa ni alguna reforma que deban hacer, porque por los retrasos de los haberes jubilatorios no pueden aumentar y la inflación los condiciona”, expresó en su Facebook.

Luego, Arriaga critica a la “funcionaria al mando de la oficina 214” por haberles sugerido a los dueños de geriátricos que aumenten la cuota, y agrega que hay “insensibilidad” en todos los funcionarios porque “exigen sin importarles para nada las condiciones de la mayoría de los abuelos, muchísimos imposibilitados de movimiento y muchísimos con daños cognitivos severos debido a la edad”.

En otro párrafo, Arriaga alude a la “ineficiencia de Gill por no haber defendido a su ciudad” y por no averiguar o interiorizarse del problema.

 

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