El TSJ aprobó un protocolo para garantizar el acceso a la justicia del colectivo LGBTIQ+

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) aprobó un protocolo para garantizar el acceso a la justicia de las personas del colectivo LGBTIQ+.  Este instrumento brinda herramientas prácticas para erradicar barreras simbólicas y procedimentales discriminatorios en las causas vinculadas a la diversidad sexual y de género.

Mediante el Acuerdo Reglamentario Nº 1910, A/2025, el TSJ aprobó el protocolo elaborado en el marco del programa de investigación y acción para el acceso a justicia de sectores en condición de vulnerabilidad, de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial.

El documento tiene como finalidad brindar un material de consulta diaria para todo el personal judicial, sin distinción de fueros y funciones, que garantice la aplicación del ordenamiento jurídico vigente y promueva la erradicación de barreras en el acceso a la justicia de sectores que fueron históricamente discriminados por su orientación sexual, su identidad o su expresión de género. Asimismo, aporta reglas de actuación para audiencias, entrevistas, notificaciones, actos procesales y redacción de resoluciones.

Además, el TSJ resolvió incorporarlo como parte de las instancias formativas obligatorias e integrarlo como material de evaluación en concursos de ingreso y promoción en el Poder Judicial.

Esta iniciativa responde a los compromisos asumidos por la Justicia con la aplicación efectiva de las Reglas de Brasilia y con los mandatos legales locales e internacionales asumidos por el país y la provincia en la temática.

Ayer, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBTQI+ registró, en los primeros seis meses de 2025, 102 ataques violentos motivados por el odio hacia la orientación sexual, identidad o expresión de género de las víctimas.  El informe, que es elaborado de manera semestral por la Defensoría LGBTQI+, en articulación con la Federación Argentina LGBTQI+ y organismos públicos, revela un aumento del 70% con respecto al mismo período del año anterior y evidencia un contexto de creciente violencia institucional y social.