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Salón: la presidenta de la oposición sostuvo que hay varias irregularidades

Machicado señaló que se está buscando entregar “patrimonio público municipal, contrariando el Código Civil de la Nación, la Carta Orgánica y la ordenanza de contratación”

Gisele Machicado sentó su postura en la legislación vigente y no fue refutada con elementos técnicos

En su exposición, analizó uno por uno los aspectos formales de la iniciativa

Con sólidos argumentos que luego no fueron refutados por los únicos concejales que hablaron (Carlos De Falco y Mauro Beltrami) de los que votaron a favor de la primera lectura del proyecto que comprende al Salón de los Deportes (ver páginas 2 y 3), la edil Gisele Machicado rebatió ayer la iniciativa oficial.

En el recinto legislativo, la presidenta del bloque opositor sostuvo que existen “varias irregularidades” en la idea que giró Martín Gill al Concejo Deliberante, y advirtió que avalarla sería incumplir el rol de funcionario público.

Tras mostrarse en concordancia con el progreso local y la construcción de un nuevo estadio, advirtió que Gill “hace mea culpa” cuando señala que el actual Salón de los Deportes se encuentra en el abandono, refiriéndose a la “función elemental que le corresponde de velar por el mantenimeinto de bienes”.

“A qué costo está dispuesto el Ejecutivo a realizar un nuevo estadio”, se preguntó, y respondió que lo pretende hacer “entregando patrimonio público municipal, contrariando el Código Civil de la Nación, la Carta Orgánica y la ordenanza de contratación”, “beneficiando a dos particulares y no permitiendo la licitación pública establecida por ordenanza”.

Machicado fundamentó todo en base a la legislación. Precisó que el Código Civil establece que son patrimonio público aquellos bienes construidos con la finalidad de prestar servicios a la comunidad y dijo que “no hay dudas” de que tanto cuando fue un mercado como luego como espacio deportivo, el espacio céntrico lo es.

Pero luego advirtió que el Ejecutivo lo enmarca bajo el dominio privado municipal, algo que Machicado consideró que no es así, basándose en el Código Civil, la jurisprudencia y la doctrina.

No obstante analizó ese argumento oficial. Para ese caso, subrayó que el Gobierno debe valerse de una ordenanza que regula la contratación y enajenación. La misma establece que “por regla general la forma de contratación del municipio es por licitación pública y enmarca bajo la categoría de excepción a la instancia que el Ejecutivo elige para otorgarla a estos dos particulares, y es la de contratación directa con libre negociación y elección”.

“Ahí hay un incumplimiento a la normativa”, aseveró. Se enfocó en que por norma se debe llamar a licitación pública cuando se trata de montos mayores a 400 mil pesos, cifra que por decreto fue actualizada este año a dos millones de pesos. En este contexto, la concejala recalcó que lo que se pretende enajenar supera claramente ese número.

También desmenuzó lo respectivo a la contratación directa en casos de enajenación de inmuebles de dominio privado municipal, y precisó que esto se permite en dos ocasiones: “Siempre y cuando el inmueble no revistiere interés especial de cualquier índole y cuando se tenga resolución fundada de reparticiones competentes”, detalló. En este caso, “sí reviste interés especial” y no hay resolución alguna.

Agregó que el comprador debe ser el colindante, y con la finalidad de anexar a su propiedad, lo que no se da en este hecho.

“No hay vocación del Ejecutivo de dar igualdad de oportunidades, claramente han querido beneficiar a dos particulares”, evaluó y finalmente objetó que será la Universidad Nacional la que tendrá en primera medida la decisión de quién utilizará el salón.

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