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Todo empezó por un tuit

Carlos Gonella expone su punto de vista sobre la causa en la que lo investigan

Opinión – El fiscal Carlos Gonella sobre el proceso en su contra, iniciado por la denuncia de la mujer de un narco condenado

El fiscal Federal Carlos Gonella está procesado por investigar a una jueza capitalina que es esposa de un narcotraficante condenado y reproducir por Twitter un informe público. En esta nota enviada por el funcionario federal a El Diario, aporta su perspectiva indicando que atentan contra su libertad de expresión y contra el derecho de los ciudadanos a informarse

Escribe: Carlos Gonella (*)

En los últimos días se publicó en diversos medios de prensa una noticia que daba cuenta de un proceso que se me sigue en la Justicia Federal de Buenos Aires con sede en Comodoro Py, por los delitos de violación de secreto y abuso de autoridad, invocando una resolución de la Cámara Federal de dicha ciudad.

De acuerdo a esa resolución, se me imputa que, siendo titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en 2013, abusé de mis funciones al denunciar como sospechosa de lavado de dinero narco a María Gabriela Lanz, jueza de Instrucción 42 de Buenos Aires. El abuso, según la Cámara Federal, estaría en que el exclusivo motivo de mi denuncia fue que la nombrada se encontraba investigando a Lázaro Báez en la causa conocida como “La ruta del dinero K”. Por otro lado, se me atribuye haber cometido el delito de violación de secretos por el hecho de replicar desde mi cuenta de Twitter la información judicial que publicó el sitio web del Ministerio Público Fiscal de la Nación (www.fiscales.gov.ar) sobre el avance de mi denuncia contra Lanz.

Teniendo en cuenta que en este caso se encuentran en juego la libertad de expresión, el derecho humano al acceso a la información de la ciudadanía, y la rendición de cuentas del servicio público de administración de justicia -pilares básicos del Estado de Derecho y la convivencia democrática- decidí escribir esta columna que gentilmente este medio hoy publica.

Mientras me desempeñaba en 2013 a cargo de la Procelac, se recibió en ésta un expediente enviado por la Unidad de Información Financiera (UIF) de acuerdo a la Ley antilavado 25.246, en el cual había varios reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero vinculadas a Valentín Temes Coto, un narco empresario español que resultó condenado a 20 años de prisión por tráfico de tres toneladas de cocaína desde el puerto de Buenos Aires al puerto de Vigo de España, considerada la operación de narcotráfico más grande de la historia argentina. La UIF denunció a medio centenar de personas más, entre las cuales estaba la magistrada Lanz que en aquel entonces tenía -y hoy mantiene- una relación de pareja con Temes Coto.

Procelac, siguiendo estrictamente la Ley 25.246 y los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de activos (que aconsejan explorar el entorno parental y comercial cercano al principal sospechoso), denunció el caso y el mismo se inició en la justicia nacional en lo penal económico con sede en Buenos Aires. El fiscal en lo penal económico Emilio Gerberoff, impulsó la investigación contra todas las personas denunciadas, incluido el narco empresario y su pareja, la jueza Lanz. Dicha circunstancia se publicó en el sitio de noticias del Ministerio Público Fiscal de la Nación, un portal donde se difunden noticias como las del sitio del Poder Judicial de la Nación (www.cij.gov.ar). Desde mi twitter personal retransmití la información que ya era pública en www.fiscales.gov.ar y otros portales de información. La jueza Lanz me denunció personalmente y también al fiscal que promovió el caso, por abuso de autoridad y violación de secretos.

Tras ser indagados fuimos procesados por violación de secretos y absueltos por abuso de autoridad. La Sala II de la Cámara Federal consideró que no había delito de violación de secretos porque la información contenida en www.fiscales.gov.ar sobre el caso por lavado de activos del narcotráfico contra Temes Coto y otros/as no estaba destinada a la reserva del conocimiento de la sociedad, es decir, no era secreta. Por su parte, el juez Bonadio me sobreseyó por abuso de autoridad porque consideró que mi denuncia contra Lanz no violó ninguna norma, sino todo lo contrario, que actué siguiendo las prácticas habituales contra al lavado de dinero.

La pregunta salta a la vista: si la Procelac no hubiera denunciado al narco empresario Temes Coto y demás personas sospechadas de lavado de activos según la UIF, ¿qué hubiese pasado? Posiblemente me habrían imputado por intentar favorecer al narco y a su entorno. Un dato adicional: María Gabriela Lanz, la jueza que es pareja del empresario narco, estuvo bajo investigación por lavado de activos durante tres años, fue su garante y actualmente dicho vínculo es esgrimido por Temes Coto, preso en Ezeiza, para solicitar su prisión domiciliaria, quien ha ofrecido como garantía nuevamente la firma y el domicilio de la jueza.

 

Libertad de expresión

Mientras tanto, la causa en mi contra sigue en pie, pero no se sabe jurídicamente por qué delito. Me hace acordar al caso donde se investiga el homicidio alevoso de Nora Dalmasso en Río IV, en el que a 13 años de su apertura, el único condenado es un periodista que publicó información sobre el mismo.

Este comportamiento sinuoso y oscuro del sistema judicial en relación al tratamiento de estos casos, podría llevar al Estado argentino a responder ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por la utilización irracional y confusa de distintas figuras delictivas que pone en jaque la libertad de expresión, el derecho humano a la información de la ciudadanía y la necesaria rendición de cuentas que deben hacer los órganos judiciales sobre los casos relevantes que se tramitan en su seno. Recordemos que la supuesta infracción que se me imputa es utilizar una cuenta de twitter para replicar información judicial de carácter público, como la que todos los días se exhiben en el portal del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal de la Nación. De hecho, de mi citación a indagatoria nos enteramos a través de la prensa y la resolución estaba colgada en www.cij.gob.ar

El caso debería llevar al sistema judicial y de medios a reflexionar en torno al precedente “Kimel vs. Argentina” (2008), en el cual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a nuestro país por aplicar el mismo mecanismo sinuoso en 1991 contra el periodista Ricardo Kimel, al absolverlo en Cámara primero por injurias y luego condenarlo por calumnias (delito más grave), por el hecho de publicar un libro sobre la “masacre de los palotinos”, un crimen de lesa humanidad ejecutado en 1976 por fuerzas de seguridad contra sacerdotes de la orden Palotina de calle Estomba y Echeverría de la CABA. Kimel había publicado en su investigación que el juez Guillermo Rivarola (que llevaba el caso), había sido cómplice del terrorismo de Estado porque apenas descubrió que el horrendo crimen había sido cometido por fuerzas de seguridad, dejó de interesarse en su esclarecimiento y el hecho quedó impune.

El CELS llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta no solo ordenó al Estado argentino indemnizar a Kimel, sino que lo obligó a adecuar nuestra legislación interna a los estándares de libertad de expresión/información del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Conclusión, en el año 2009 Argentina modificó los artículos 109 a 113 del Código Penal, considerando que no constituye delito emitir calificativos lesivos de honor, cuando se trate de asuntos de interés público. Lamentablemente Ricardo Kimel, producto de la gran depresión que le significó su condena, ya no estaba entre nosotros.

En el caso Kimel se trataba de responsabilidad de fuerzas de seguridad, y judiciales por omisión en delitos de lesa humanidad durante la dictadura. En nuestro caso, se trata de la lucha contra el lavado de activos que denuncié por la operación de contrabando internacional de cocaína más grande de la historia de nuestro país, la causa “Manzanas blancas”. Me procesaron por una denuncia que me hizo una persona a quien denuncié por lavado narco, pareja de una narco condenado a 20 años de prisión; y por un tuit que, además, no viola ningún secreto.

 

(*) Desarrolló su vida en Villa María, es fiscal Federal en los Tribunales de Córdoba, extitular del Procelac y evaluador de sistemas anti-lavado de activos certificado por Gafilat.

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