La fiscal mantuvo su criterio

La fiscal Juliana Companys mantuvo su criterio de elevar a juicio la causa en la que imputó al exintendente Martín Gill, y ahora el expediente está en manos de la jueza de Control Soledad Dottori.

Tal como se había anticipado, la Defensa del ministro provincial presentó un recurso a través del cual se opuso a la decisión de elevar la causa a juicio, y, en cambio, pidió el sobreseimiento.

Eduardo “Tati” Rodríguez, abogado penalista y exsecretario de Gobierno en el segundo mandato de Gill, es el defensor del dirigente político. Hizo la presentación ante la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno, cuya titular mantuvo su criterio de girar al expediente a la Cámara del Crimen para que se juzguen los hechos.

Ante esto, ahora la causa está en el escritorio del Juzgado de Control de los Tribunales provinciales con sede en calle General Paz.

Dottori tiene que decidir si sobresee a Gill, como pide la defensa, o bien si mantiene la postura de la instructora judicial, de que están todos los elementos para que el exintendente sea juzgado.

“No tiene plazo. Tratándose de una causa donde no hay detenidos, y más allá de la difusión pública, tratándose de un delito menor, el plazo no es una circunstancia apremiante para la jueza”, dijo ayer Rodríguez cuando elDiario le consultó por la marcha del proceso en el Juzgado de Control.

Hace 10 días, Rodríguez solicitó el sobreseimiento del exintendente.

“En su momento, su declaración fue muy amplia, y hay pruebas que la sostienen. La denuncia que oportunamente se hizo en su contra fue cambiando, se fue modificando en las distintas etapas, y fue quedando sin pruebas lo que en su momento se había dicho”, argumentó el abogado en el contacto periodístico de ayer con este diario.

Evidentemente, la fiscal Companys no piensa lo mismo. Y tres días hábiles después de tomarle nueva declaración indagatoria a raíz de un cambio de hora en la descripción de un hecho que se le imputa, decidió mandar a juicio al hoy ministro en el Gobierno de la provincia de Córdoba.

Gill está imputado por la fiscal por el delito de lesiones leves, calificadas tanto por el vínculo como por violencia de género, en perjuicio de su expareja, Lourdes Astudillo.

“Espero justicia”

“La verdad es un momento difícil. Es una instancia en la que espero que se pueda hacer justicia, por los momentos difíciles que pasé a su lado”, expresó recientemente Lourdes en un contacto que mantuvo con el diario Puntal.

“Como reflexión, es no dejar que personas que se creen con poder nos hagan daño. Por mi parte me tocó vivirlo y hoy estoy poniendo todo de mi parte para seguir adelante con mi vida y para que mis hijos vuelvan a tener esa mamá que este año le quitaron”, declaró.

Cabe consignar que Gill y Astudillo no tienen hijos.

Ahora resta conocer la posición de la jueza de Control. Si la magistrada comparte criterio con la fiscal, la Defensa de Gill se volverá a oponer e intervendrá un tribunal de apelaciones.

El delito que se le imputa al ministro es excarcelable, de baja escala penal, por eso se encuentra en libertad. Continúa en funciones en la Provincia.