“No es verdad que exista un solo camino”

Escribe Jesús Chirino
Nota Nº 706

Resistencias en Villa María

Diciembre de 2001 quedó grabado, de manera trágica, en la historia de nuestro país: hizo eclosión la mayor crisis social-política y económica en tiempo de democracia.

La situación se fue gestando a lo largo de más de una década mediante la aplicación de políticas liberales en lo económico y conservadoras en lo político, ajustadas a lo solicitado por organismos internacionales (guardianes de la supremacía de los denominados países centrales).

Esas políticas, implementadas desde los años 70 en Latinoamérica, en Argentina su aplicación fue morigerada durante el primer gobierno democrático surgido en 1983, pero tomaron gran fuerza durante el gobierno del peronista Carlos Saúl Menem y continuadas por el radical Fernando de la Rúa, quien ganó la elección de 1999 prometiendo la continuidad de la denominada convertibilidad económica.

Domingo Cavallo, ministro de economía cuando en 1991 se impuso por Ley del Congreso la  fijación del tipo de cambio por tiempo indeterminado, durante el gobierno de Menem, también fue candidato a presidente en 1999. Al inicio de la campaña señaló  que debía salirse de la convertibilidad porque el peso estaba sobrevaluado.

Luego se arrepintió y continuó jactándose de ser el autor de esa política que produjo el cierre de fábricas y la multiplicación de los índices de desocupación y de pobreza. Todo esto, más las limitaciones del presidente del momento, llevaría a la crisis de 2001 que produjo muerte, dolor y caos. En Villa María también impactó esa crisis, tan difícil de olvidar.

Se veía venir el descalabro

El segundo día de ese diciembre visitó la ciudad la diputada Elisa Carrió, quien habló en una mesa del Club Almagro, acompañada por la también diputada nacional Graciela Ocaña, Hugo Storani y Raquel Rodríguez, referente local del Movimiento Argentinos por una República de Iguales (ARI), conformado por un sector que disentía con la coalición oficialista Alianza que apoyaba al presidente de la Nación.

Carrió primero escuchó el reclamo de los productores lecheros para luego señalar que nos encontrábamos "en un momento de colapso del régimen económico, social y político''. Estamos en momentos sumamente difíciles, de estallido final del régimen, se están llevando todo...".

También los sectores del trabajo en la ciudad avisoraban la llegada de la crisis. El jueves 6 de diciembre el Foro en Defensa de la Seguridad Social, los Tamberos Autoconvocados, el Centro de Integración al Discapacitado (CID), la Pastoral Social, municipales y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), entre otras entidades, públicamente convocaron a una marcha para el lunes 10.

Preveían ir desde la Plaza Centenario al Palacio Municipal manifestándose en defensa "de la educación y salud pública"; "por un modelo único de salud pública y privada"; "por la normalización del PAMI y su devolución a sus verdaderos dueños: los jubilados y pensionados", entre otras consignas.

Meses antes, otra manifestación también había tenido lugar ante la sede del gobierno local reclamando soluciones a diferentes problemáticas sectoriales. En aquel momento empleados del PAMI, ANSES, centros de jubilados, Federación de Centros Unidos del Interior (Fecudi) y el Círculo de la Prensa (Cispren) entregaron un petitorio al secretario de gobierno municipal Julio Ferro, poniéndolo en conocimiento de las consecuencias que traería aparejadas el proceso de ajuste.

El documento de estos sectores señalaba que "la durísima realidad nos indica el colapso de lo económico, social y político, con el país al borde de la cesación de pagos, los organismos de todo el Estado sin partidas presupuestarias, el pago de salarios en bonos, la recesión de los últimos cuatro años, 14 millones de pobres, desempleo récord, jubilados ajustados, reducción de salarios, obras sociales sin servicios, riesgo país a más de 3 mil puntos, el PAMI en quiebra, fábricas y comercios cerrados son sobrados motivos para expresar nuestra disconformidad".

Para enfrentar esa situación propusieron "articular sectores representativos, armar redes para reconstruir la República deponiendo lo sectorial para aportar alternativas". Incluso reclamaron cuestiones puntuales de la ciudad como ser la continuidad del "funcionamiento del Centro de Integración del Discapacitado".

El sistema de salud impactado

Entre las expresiones de la crisis también encontramos al municipio local informando que la Asistencia Pública había pasado de atender 100 recetas a 180 o 200 por día, cuestión que se adjudicaba al corte de obras sociales y la agudización de la crisis.

La situación en el sector de la salud pública era grave, a nivel nacional el PAMI había cortado sus servicios y en la provincia el pago de los sueldos del sector era irregular. Es así que el viernes 7 de diciembre los médicos del Pasteur salieron a cortar la calle Mendoza, frente a la antigua sede del nosocomio, reclamando porque sólo habían cobrado, en bonos Lecop-Córdoba, el 60% de sus sueldos y aún no tenían noticias del aguinaldo.

Pero el reclamo de los trabajadores trascendía lo salarial, también les preocupaba la intención del gobierno provincial en obligar a jubilarse a un alto número de agentes de salud, cuestión que, manifestaban, "resentiría sobremanera la atención a la población".

El mismo día que trabajadores del Hospital Pasteur se manifestaron en la ciudad, en la capital provincial la policía reprimió a trabajadores estatales con chorros de agua, gases lacrimógenos y balas de goma. Entre los protestantes se encontraban becarios de la propia policía, pues 1037 de ellos habían sido desafectados (algunos trabajaban en Villa María).

En un momento, la represión en la ciudad de Córdoba adquirió un aspecto insospechado cuando los agentes cargaron contra quienes hasta pocos días antes habían sido compañeros de trabajo. Es así que bastones, lanzagases, escudos y demás pertrechos de la represión fueron usados contra los becarios policiales. 

Trabajadores y trabajadoras peleando por un futuro

El domingo 9, los medios publicaron un documento emitido por la Confederación General del Trabajo (CGT) regional Villa María, donde se censuraban las medidas del gobierno nacional a la vez que acusó a la clase política argentina de "no tener cojones suficientes" para enfrentar al poder financiero internacional. Esta organización sindical, junto a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) preveían un paro nacional para el jueves 13.

Otra  que se expresó contra la crisis fue la delegación local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que el Día Internacional de los Derechos Humanos hizo público un documento en el cual habló del deterioro de la situación social y entre otros conceptos señaló que apoyaba "a todos los movimientos sociales, sindicales, barriales, que estén orientados a defender, reconquistar y consolidar los derechos que como personas e instituciones corresponden".

También los trabajadores bancarios protestaban. Aún no les pagaban sus sueldos y declararon el estado de alerta. La Asociación Bancaria denunciaba la cesantía de compañeros en los bancos privados, también se oponían al "descuentos salarial ilegalmente impuesto a la Administración Pública Nacional y a los jubilados nacionales, además de la confiscación de los salarios y depósitos de los trabajadores".

Por otra parte pedían se aclarara la situación del Banco de Córdoba, el cual podía ser transferido al  Banco General de Negocios, único oferente en la licitación realizada meses antes por el gobernador José Manuel de la Sota para privatizar la entidad estatal.

Frente al municipio

Ese mismo lunes 10, la manifestación de trabajadores y trabajadoras terminó ante la sede del Poder Ejecutivo Municipal. Allí entregaron un documento a dos secretarios del gobierno local, Otto Wester y Julio Ferro.

El manifiesto fue leído públicamente y entre otras expresiones se dijo: "No es verdad que exista un solo camino. Estamos aquí para defender el derecho de reconstruir para nosotros y las futuras generaciones de argentinos un futuro mejor, donde vuelva a imperar la justicia social y el bien común”.

"Estamos aquí para afirmar que en la Nación, en la provincia o en nuestra realidad local, la exclusión, el desempleo, la pobreza y el abandono de la salud y la educación son una enfermedad mortal para toda sociedad". Como puede notarse, no fueron pocas las organizaciones que resistieron el ajuste aquel diciembre. También se produjeron reclamos de alimentos por parte ciudadanos de las barriadas locales.