Opositores chilenos iniciaron la acusación para el juicio político contra Piñera

Quince diputados de toda la oposición chilena formalizaron hoy el inicio de la acusación constitucional con fines de juicio político contra el presidente Sebastián Piñera, severamente cuestionado por su presunta vinculación con la venta de una minera a través de paraísos fiscales revelada en la investigación de los Pandora Papers, por la que el mandatario también debe afrontar una causa en la justicia penal.

Los legisladores presentaron y firmaron esta mañana el texto acusatorio en la Cámara de Diputados y mostraron su confianza en que la iniciativa pueda ser tratada y votada en la primera semana de noviembre.

Para ser aprobada en Diputados, la acusación debe tener 78 votos a favor sobre 155, es decir, la mitad más uno del cuerpo, lo que augura un éxito seguro en esa instancia.

Sin embargo, una vez cumplida esa meta pasará al Senado, donde sólo podrá ser convalidada si reúne al menos dos tercios de los votos (29 de 43 legisladores), cifra que no se alcanzará sólo con los votos de la oposición.

Si bien el oficialismo aparece fragmentado e inmerso en la campaña con vistas a las elecciones presidenciales del 21 de noviembre próximo, sus principales figuras han cerrado filas en defensa del mandatario, con lo cual es improbable que la acusación llegue a buen puerto.

De hecho, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, afirmó esta mañana que la acusación constitucional es "un golpe de Estado blanco que daña la institucionalidad" y le adjudicó a los legisladores opositores intencionalidad electoral tras la denuncia.

"Impacto político"

El abogado constitucionalista Javier Couso evaluó en diálogo con Télam que esta circunstancia no es desconocida para la oposición, lo cual indica que la finalidad de la presentación es propinarle al mandatario un impacto político, en medio de la situación por demás frágil por la que atraviesa.

Piñera decretó ayer un Estado de Excepción Constitucional por Emergencia durante 15 días, con la participación de las Fuerzas Armadas, ante la "grave alteración del orden público", como definió a las protestas de comuneros mapuches en las provincias de Biobío y Arauco, de la Región del Biobío; y en las provincias de Malleco y Cautín, en la región de La Araucanía, medida que ocasionó un fuerte rechazo de las autoridades de las zonas mencionadas y de líderes opositores.

Fuente Telam