Según un informe del Observatorio Cubano de Conflictos (OCC)
Cuba registró más de 1.100 protestas en abril
La inseguridad y la falta de servicios básicos se consolidaron como los principales motores de las quejas ciudadanas en un contexto de represión creciente y exigencia oficial de adhesión a un documento de fidelidad
Durante el mes de abril, se registraron 1.133 protestas, denuncias y expresiones críticas en Cuba, en un escenario marcado por el deterioro económico y un control policial reforzado.
Según el informe del Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), el régimen intensificó la vigilancia en barrios y parques ante el temor de una escalada de tensiones externas, lo que derivó en condiciones similares a un toque de queda. En este contexto, impulsaron la campaña "#MiFirmaPorLaPatria", exigiendo un documento de lealtad a los ciudadanos bajo amenazas de represalias laborales y educativas, una iniciativa que generó rechazo y desafíos públicos tanto en redes sociales como en actos presenciales.
Inseguridad y crisis de servicios
El reporte advierte sobre un alarmante aumento de la inseguridad ciudadana, que pasó a ser la segunda categoría más reportada con 185 incidentes, incluyendo 41 muertes violentas y 21 asaltos.
Esta problemática superó en volumen de denuncias a la crisis de servicios públicos, que sumó 153 quejas. Allí predominaron los reclamos por cortes eléctricos P y falta de agua, aunque la llegada de crudo ruso alivió temporalmente los apagones en La Habana hacia finales de mes.
Emergencia alimentaria y sanitaria
La situación social se agrava por una crisis multidimensional que afecta la alimentación y la salud ya que se registraron 130 protestas vinculadas a la escasez. Datos citados por la ONG indican que casi el 97% de los cubanos ha perdido acceso a alimentos básicos por la inflación y una de cada cuatro personas se acuesta sin cenar.
Asimismo, el área de salud pública sumó 61 denuncias por falta de medicamentos, el deterioro de la infraestructura hospitalaria y la falta de recursos y personal. Se documentaron casos de negligencia médica y tratamientos interrumpidos con consecuencias fatales.
Por otra parte, persisten las denuncias por el déficit habitacional (estimado en 900 mil unidades) y la ruina de edificios. Además, se reportaron conflictos por el adoctrinamiento escolar, el trabajo infantil y muertes de jóvenes durante el servicio militar.
La respuesta estatal a este malestar se tradujo en 176 actos represivos documentados, que incluyeron detenciones arbitrarias a activistas, influencers y opositores, así como presiones constantes para forzar el exilio de voces críticas.
