Pedirán la intervención de la UIF

Una de las intervenciones más contundentes que tuvo la audiencia pública por el proyecto de canje de la Plaza Manuel Anselmo Ocampo por el de una Ciudad Deportiva fue la del presidente de la UCR Villa María, Marcelo Barotto, quien, entre muchas otras cosas, cuestionó la solvencia de los inversionistas que llevan adelante la obra.

En ese momento, Barotto señaló que “los inversores son personas físicas, que no integrarían ninguna forma asociativa que establezca los derechos y obligaciones de cada una de las partes intervinientes en el negocio”.

“Los inversores fueron cambiando a lo largo del tiempo, los que compraron el campo a Pozzerle, no son los mismos a los que presentaron el proyecto de iniciativa privada en diciembre de 2018 y tampoco son los mismos al momento de la primera del lectura del proyecto de ordenanza”, indicó (ver recuadro).

“La gran mayoría son monotributistas, algunos con categorías bajas, otros ni siquiera tienen CUIT o inscripciones en la AFIP, algunos ni siquiera tienen cuentas bancarias, pero lo más llamativo es el caso de uno de ellos que tiene situación 4 y 5 en el Banco Central, es decir, un insolvente”, remarcó.

“Varios de los supuestos inversores ni siquiera están en condiciones de comprar un auto, porque no pueden armar una carpeta de crédito. En el caso de Geovial SRL, sociedad de la que forma parte Guillermo Ceppo, amigo y compañero de militancia del intendente Martín Gill y del concejal Mauro Beltrami, tendría el CUIT suspendido por no responder a requerimientos de la AFIP”, subrayó.

“Toda esta información fue obtenida de la AFIP y del Banco Central, y las condiciones que se ven nos hacen dudar de la capacidad financiera de los inversores para llevar adelante un proyecto de esta envergadura, con un flujo de fondos final de 2.500 millones de pesos”, dijo Barotto refiriéndose al costo que tendría la obra que se levantaría en el espacio de la Placita.

“Por eso vamos a requerir la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) para que investigue la situación de estos inversores, para eso remitiremos copia del expediente y de los datos que tenemos, que además son públicos”, anticipó.

“Si el proceso de investigación avanza puede dar lugar a una causa judicial, más allá de las presentaciones ante la Justicia que se puedan plantear”, afirmó, y aclaró que “este proceso de investigación no suspende el proceso administrativo iniciado por el municipio, que es la doble lectura y el llamado a licitación”.

El origen de los fondos

“La UIF es muy celosa en exigir la acreditación del origen de los fondos en las distintas instancias de la actividad económica, a fines de evitar el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, terrorismo, contrabando, trata de personas, etcétera. Y lo que llama poderosamente la atención en este caso, al buscar los antecedentes de los inversores, es que muchos de ellos no pueden acreditar el origen de los fondos, cuando se estima que al final se invertirán aproximadamente 2.500 millones de pesos, monto por demás importante para cualquier empresario”, remarcó.

“También generó dudas el costo de compra para los inversores, que pagaron por un predio de 5,5 hectáreas, con lo que en él estaba construido, dos millones de pesos en octubre de 2018. Hay una tasación en el expediente, de noviembre pasado, que dice que las obras que falta ejecutarse suman 75 millones de pesos, ahora hablan de un costo final de esa obra de 500 millones de pesos”, apuntó Barotto, quien consideró que “es muy raro que todo lo que compraron el año pasado haya costado dos millones de pesos, cuando una hectárea de esas características está valuada en unos 15 mil dólares”.

Por otra parte, Barotto consideró que “lo que se deja trascender es un potencial negocio en la compraventa de jugadores, porque así lo ha dicho públicamente uno de los inversores”.

Al igual que en la audiencia pública, el titular de la UCR insistió en que “al analizar la información es preocupante”, porque no se sabe cuáles son las empresas que están detrás del proyecto, y en ese sentido, se preguntó qué certezas tienen los concejales que acompañan la iniciativa “de no estar siendo cómplices de operaciones espurias”.

“Con la inscripción en el monotributo pueden justificar un sueldo, pero no las inversiones millonarias que dicen van a hacer”, concluyó.

Los inversionistas de antes y los de ahora

Los que compraron el campo de Eliseo Pozzerle, según escritura Nº 303 del 10 de octubre de 2018 son Franco Caldarone, Marta del Rosario Carreras de León, Sergio Darío Olivero, Eduardo Pedro Brondello, Daniel Alejandro Escurra, Sofía Maricel Sosa, Daniel Alejandro Souto, Carlos Alberto Caisutti, Mariano Olaviaga y Pedro Miguel Escurra.

Los inversores que presentaron la iniciativa privada, fueron: Daniel Alejandro Souto, Guillermo Antonio Ceppo, Daniel Alejandro Escurra, Pedro Miguel Escurra, Eduardo Pedro Brondello, Sergio Darío Olivero, Marta del Rosario Carreras de León, José Ignacio León, Genovial SRL, Denis Marcel Colautti, Sofía Maricel Sosa, Miguel Angel Esteban Paduano, Carlos Alberto Caisutti y Mariano Olaviaga.

Finalmente, los inversores que figuraban al momento de la primera lectura son: Daniel Alejandro Souto, Guillermo Antonio Ceppo,  Eduardo Pedro Brondello, Olga Ester Pino, Diego Bobadilla, Javier Francisco Busca-Sust, Fernando Héctor Buriani, Luisa Nancy Dagna, Jorge Alberto Marchetto, Pablo Guillermo Montagner, Matías Roberto López, Marta del Rosario Carreras de León, José Ignacio León, Genovial SRL, Denis Marcel Colautti, Sofía Maricel Sosa, Miguel Angel Esteban Paduano, Carlos Alberto Mainardi (exintendente de Ausonia y exdirector de EPEC), y Carlos Daniel, Raúl Roberto y Mario Guillermo Destéfanis.