El Decreto 891 dominó el debate

El Decreto 891 dado a conocer por el concejal electo Luis Caronni y que no haya un esbozo de lo que el municipio planea para el estacionamiento medido, fueron dos condicionantes para que la oposición rechazara la primera lectura del Presupuesto del IMI y algunos puntos de proyectos claves del oficialismo. En la sesión de ayer bajaron al recinto, con el objetivo de darle apertura al tratamiento legislativo, la ampliación del Presupuesto 2019 por 255 millones de pesos; el Presupuesto General y la Tarifaria 2020, más los presupuestos de los entes autárquicos Escuela Granja Los Amigos, Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) e Instituto Municipal de Inversión (IMI). 

Al tratarse el Presupuesto General 2020, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Verónica Navarro, dijo que era “conservador y prudente”, y que asciende a $2.364.711.525.

La edil Gisele Machicado adelantó que no iba a acompañarlo, aunque aclaró que coincidía en que es un presupuesto austero y acorde a la situación que se vive.

“El Presupuesto no contempla todo lo que el Ejecutivo planea para 2020. El municipio, a través del Decreto 891, se tomó la facultad de comprar tierras y de afectar la coparticipación sin pasar por el Concejo, cuando requiere la autorización de las dos terceras partes de este cuerpo, y contrariando la ordenanza de contrataciones. Esta obligación que asumió el Estado, sin publicar, compromete cuatro cuotas en 2019, 12 de 2020 y el resto en 2021, es necesario contar con información certera de lo que se prevé ejecutar el año próximo. El Presupuesto ingresó el 15 de octubre y el decreto se firmó el 24 de ese mes, pero la primera cuota venció el 15 de septiembre, si fuera vocación ser transparente se debería haber puesto la compra de esos lotes a consideración del Concejo y con ese aval modificar el Presupuesto”, señaló. Dijo que hoy no encontraba los elementos suficientes para acompañar el proyecto y agregó que tiene predisposición de hacerlo en la segunda lectura si se aporta la información necesaria.

“También advertimos en relación a las multas de estacionamiento medido que hubiera sido importante contar con la información de cómo se va a seguir adelante con el servicio”, señaló Machicado.

Su par de bancada, Karina Bruno, al momento de tratar la Tarifaria la aprobó para habilitar el tratamiento, pero advirtió que “si persiste la actitud tozuda del Ejecutivo de no dar respuesta” con respecto al estacionamiento medido, su actitud será otra en la segunda lectura.

“Se llevó a 15 pesos la hora, queremos saber cómo se llega a esa tarifa, qué la compone, más allá del valor que se le ponga; qué va a pasar con el personal, cómo se va a prestar el servicio. Si la cuestión de fondo no está resuelta y discutimos solo la tarifa es caer en lo mismo, con la gravedad de que ahora es el Estado el que presta el servicio. Debe aclarar cuál es el proyecto integral de estacionamiento medido que llevará adelante la Municipalidad”, remarcó.

Machicado destacó que el bloque “ha tenido uniformidad de criterio” con respecto al estacionamiento, y consideró que la oposición visibilizó “un reclamo de la ciudadanía que no era atendido por el municipio”.

“Todavía no sabemos cómo se va a prestar este servicio, entonces es muy alocado aprobar así una tarifa”, indicó, y no aprobó ese punto de la Tarifaria.

También la edil de la UCR, Nora Landart, aseguró que solicitó “abordar el proyecto de seguridad vial vinculado al ordenamiento del tránsito vehicular” y que no lo tenían hasta ahora. “Eso no impide habilitar la Tarifaria, pero si está en manos del Estado debemos demostrar que somos más eficiente y justos en la administración de un servicio”, señaló.

Al Presupuesto del IMI, que asciende a 93 millones de pesos, no lo aprobaron Bruno, Landart y Machicado.

“El Decreto 891, del que nos enteramos por los medios porque no fue publicado en el Boletín Oficial, con el agravante de que ingresaron al Concejo los decretos 892 y 893, conlleva destinar $8,19 millones del presupuesto en curso para el IMI. Si tratamos una adecuación presupuestaria se podría haber abordado este tema. En el presupuesto remitido, por más que se subsane, hubo una instancia previa que representa un escándalo público no solo por la manera en que se hizo, sino también por los actores que involucra, que son los mismos del canje de la Plaza Ocampo”, subrayó Landart.

“Hacia adelante va a involucrar unos 50 millones de los 93 previstos, es decir, más de la mitad del presupuesto destinado se lo va a pagar el municipio a (Daniel) Souto. Se obvió todo el procedimiento legal porque no se han cumplido los pasos correspondientes, en esas condiciones no puedo acompañar ni siquiera la primera lectura”, enfatizó.

Bruno aclaró que su negativa excedía el Decreto 891, y recordó que cuando tomó conocimiento de este hecho pidió ante la Justicia que se aclare.

Cabe recordar que la edil del PRO realizó una presentación ante la Fiscalía de Instrucción del 3er. Turno, a cargo de René Bosio, solicitando que se inicie una investigación penal para determinar si se incurrió en algún delito contra la administración pública con la transacción comercial llevada adelante por la Municipalidad con la compra de tierras al empresario Daniel Souto. “Es necesario que el intendente dé explicaciones precisas sobre la operación, más si se garantiza el pago mediante la afectación de la coparticipación de la Provincia”, señaló en ese momento.

“En el Ejecutivo hay una muestra de improvisación, desprolijidad, no sé si existe una ilegalidad porque no tengo los elementos, pero la situación es poco clara y merece una intervención judicial que lo determine. Esto trae a análisis para qué se crearon los entes, no nos podemos olvidar que se repitieron situaciones que tenían que ver con sustraerse del control natural que el municipio debía tener. Ojalá que el intendente replantee el organigrama y vuelva a la administración central con el control del Tribunal de Cuentas”, puntualizó ayer.