El municipio fue a la Justicia y esquivó dar respuestas a la prensa

Escribe: Diego Bengoa (de nuestra Redacción)

Con la presentación de un escrito, el municipio se puso a disposición de la Justicia provincial por la polémica adquisición de tierras a una sociedad presidida por el empresario Daniel Souto, aparentemente con el fin de desarrollar un parque fotovoltaico.

El asesor letrado de la Municipalidad, Eduardo Luis Rodríguez, concurrió el miércoles (se informa en esta edición porque ayer no se publicaron los diarios, por el Día del Canillita) a la Fiscalía de Instrucción del Tercer Turno de  Tribunales “para poner a disposición de la Justicia la documentación pertinente para el desarrollo de la investigación”, según dieron a conocer desde el Gobierno luego de la presentación realizada por la concejala Karina Bruno (ver página 5).

Junto al texto remitido se adjuntó copia certificada de la Ordenanza 5.894, por la cual se creó el Instituto Municipal de Inversión (IMI), el ente descentralizado que intervino en la operatoria. 

En el escrito se indicó que se encuentra en trámite la creación de un parque fotovoltaico para la generación de energía eléctrica renovable y que para su desarrollo, los iniciadores formalizaron la solicitud de factibilidad de uso de suelo para la instalación.

En el mismo se señala que a través del IMI, el municipio “decide participar del proyecto para generar con ello una fuente de ingresos para la comuna, lo que se concreta con la adquisición de las tierras mencionadas”.

Ningún funcionario aceptó ayer dialogar con El Diario para poder evacuar los múltiples interrogantes que surgieron de la operatoria, que trascendió recién cuando la expuso el concejal electo Luis Caronni.

Hasta entonces, el Gobierno de Martín Gill no había dado a conocer el proyecto, ni mucho menos la compra de tierras, e incluso se presume que la mayoría de los ediles del oficialismo tampoco estaban al tanto.

Como se sabe, Daniel Souto es el principal inversor de un grupo que lleva adelante el proyecto de la Ciudad Deportiva, que se encuentra en las afueras de la ciudad, a un costado de ruta 9, en lo que ya sería jurisdicción de Tío Pujio.

El expropietario de una gomería busca canjear esa obra por la Plaza Manuel Anselmo Ocampo, lo que se plasmó en un proyecto enviado por Gill al Concejo Deliberante y que ya tuvo sanción en primera lectura.

De acuerdo al Decreto 891 -del 24 de octubre pasado-, con el objetivo de conformar una Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre el IMI y Directorio de Negocios Sociedad Anónima, “resulta necesario que el IMI adquiera una fracción de terreno para aportarlo a la conformación de dicha unidad de negocio”.

Dicha UTE “tendrá entre sus objetos la realización de toda clase de actividades, obras y servicios propios o relacionados con los negocios de producción y comercialización de electricidad mediante instalaciones que utilicen fuentes de energía renovables, incluyéndose entre ellas, a modo enunciativo y no exhaustivo, la producción hidráulica, eólica, termosolar, fotovoltaica o a partir de biomasa, lo que incluye la construcción de un parque fotovoltaico de generación de energías renovables”.

Por el citado decreto se autorizó a la Secretaría de Economía y Finanzas del Gobierno a transferir al IMI 24 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, de 32.500 dólares cada una al valor del tipo de cambio oficial del Banco Nación al momento de librarse la orden de pago, con primer vencimiento el 15 de septiembre de 2019, “para dar cumplimiento al boleto de compra venta celebrado entre Directorio de Negocios Sociedad Anónima y el IMI”.

Precisamente, el mismo documento gubernamental refleja que del boleto de compra venta “se desprende que el precio total y convenido es de 780 mil dólares”, y que dicha transacción se encuentra dentro de los parámetros máximos de las operaciones de financiamiento que permite la ordenanza que regula al IMI.

Según la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, Directorio de Negocios Sociedad Anónima se constituyó el 29 de agosto de 2016 y fue inscripta el 23 de abril de este año. Su presidente es Daniel Souto y su objeto social es realizar el desarrollo, urbanización, subdivisión, loteo y comercialización de determinados inmuebles de la ciudad.