Una herramienta para hacer valer derechos

“A partir de esta ley se igualan los derechos entre víctimas y victimarios, poniéndolos en igualdad de condiciones”, aseguraron ayer Alberto Lebbos y Nilda Gómez en su visita a El Diario, antes de disertar sobre los nuevos alcances de la Ley de Víctimas 27.732, en la sede del Colegio de Abogados.

Ambos, con toda autoridad podían dar fe de lo que estaban hablando, ya que hicieron aportes a la norma, contribuyeron para su aprobación e integran el Observatorio de Víctimas. Ella es asesora de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural y madre de Mariano Benítez, víctima de Cromagnón, y él es padre de la estudiante desaparecida y asesinada en Tucumán en 2006, Paulina Lebbos. Junto a María Azul Romero Beery, jefa de Gabinete del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (Cenavid), y con la moderación de la coordinadora del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ), Natalia González, participaron de la charla “Ley de Víctimas, nuevo paradigma”, organizada por el Colegio de Abogados y el CAJ.

“Venimos a hacer una actividad muy importante que es la difusión los alcances de esta nueva Ley 27.732 de derechos y garantías de víctimas de delitos, sancionada en 2017, un nuevo paradigma en la mirada, en los hechos y en el tratamiento en relación a las víctimas de delitos y sus familias de parte del sistema judicial en el que estábamos prácticamente desplazados”, explicó Lebbos, quien en todo momento destacó la importancia de que estos nuevos alcances se conozcan en todas las provincias y se aplique la ley.

“Sin menoscabo de los derechos de los victimarios, exigimos a gritos y de forma desesperada la misma atención y posibilidades, que nos escuchen, tener acceso a las causas y otras cosas que no se contemplaban, entonces, con la consigna de que el derecho humano se tiene que conocer para poder ejercerlo estamos en esta actividad”, afirmó Lebbos.

“Hay un fracaso del sistema preventivo que no ha evitado que ocurran casos previsibles, muchos de ellos están atravesados por la protección de políticos o policías a delincuentes, este es un gran cambio de paradigma y celebramos que el Colegio de Abogados de Villa María haya tomado esta decisión de establecer una charla. Esta es una buena acción para darle derechos a personas que parecían invisibles, y la invisibilidad es una alianza potente para la impunidad, que es lo que pretendemos que se termine”, remarcó.

Una diferencia muy grande

Al hablar sobre los nuevos alcances de la ley, Gómez explicó que “se trató de ubicar a la víctima en un lugar que se reclamaba desde hace mucho, porque no se le prestaba la debida atención”.

“Peleamos por un derecho necesario que había sido desconocido, porque un delincuente desde el mismo momento que comete un delito tiene un defensor público, un abogado pagado por el Estado, es decir por todos los contribuyentes -incluida la propia víctima- a través de los impuestos, en cambio la persona damnificada tenía que salir a buscar un penalista, que es caro y cotiza en dólares”, señaló.

“Además, la víctima ni siquiera era parte del proceso penal, porque estaba representada por un fiscal que defiende a la sociedad, entonces necesitaba un abogado para tener acceso a la causa y poder ver el expediente”, agregó.

“El agresor podía negarse a hablar, o interrumpir pidiendo que se pase nuevamente la prueba, entonces había que revivir el momento, terminábamos todos llorando, era una manera de ir socavando la voluntad de la víctima para desgastarla y que abandone el proceso”, ejemplificó.

“Era una diferencia muy grande entre la víctima y el victimario, él tenía todas las herramientas mientras que la familia de la víctima no tenía un lugar para ir a reclamar, ni acceso a la Justicia porque no había un CAJ que lo asesorara y lo preparara para llegar lo más entero posible al juicio oral, donde de forma pormenorizada se describe en tiempo real cómo matan o se produce el hecho que vulneró sus derechos”, precisó.

“Entonces se consiguió que esta ley estableciera el concepto de víctima, que deja de ser solo la persona damnificada por un hecho y ahora incluye también todos aquellos afectados por eso, por lo tanto pasan a ser víctimas las familias, las parejas, a quienes se les da derecho de ser escuchados, de poder acercarse a ver un expediente, a pedir y aportar pruebas y otra serie de cosas que antes estaban vedadas, pero que existían para el victimario”, puntualizó.

“Los derechos del agresor no se cercenan, a partir de esta ley se igualan los derechos entre víctima y victimario, poniéndolos en igualdad de condiciones”, subrayó.

Cambio de paradigma

“El cambio de paradigma empezó a trabajarse con la Ley de Víctimas, a raíz de la que se creó el Cenavid, el Observatorio de Víctimas, la Ley Brisa, se modificó la Ley de Ejecución Penal por la que los jueces les informan a la víctima sobre los movimientos del victimario, por ejemplo, si sale en libertad”, precisó Gómez.

“Lo que esta ley hace es acompañar a la víctima en este proceso doloroso, ayudándola a conseguir justicia. A través de esta ley incluso se creó un fondo que permite que la persona damnificada vaya de un lado a otro a hacer una denuncia o a declarar, si no tiene fondos propios”, indicó.

“La ley equipara los derechos de las víctimas y que no pase por una revictimización permanente porque no es escuchada, con ella ubicamos a las víctimas con un lugar dentro del proceso penal, con más posibilidades de acceder a la Justicia, algo que no tenían. Les dimos a los damnificados las leyes que les faltaban, ahora falta la prevención, que es el paso que sigue”, afirmó.

“En definitiva, la ley es una herramienta que tienen las víctimas para hacer valer sus derechos”, apuntó.

Voluntad política

“Esta equiparación fue realizada por el movimiento de víctimas porque nos escucharon, debido a que hubo una voluntad política de oír a las mismas víctimas que veníamos reclamando desde hacía años sin que nos abrieran las puertas”, sostuvo Gómez.

“Le pedí seis audiencias a la entonces presidenta Cristina de Kirchner a través de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad de Tucumán, que congrega a más de 400 familias, jamás nos contestó ni nos recibió. Es más, en un 9 de julio que fue a Tucumán nos reprimieron con gas pimienta cuando quisimos acercarnos”, aseguró Lebbos por su parte.

“La vez que me atendió Martín Fresneda me mandó a quejarme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el destrato fue tremendo”, añadió.

Gómez contó que los aportes comenzaron a realizarse en una reunión de víctimas llevada a cabo en la Secretaría de Derechos Humanos el 6 de junio de 2016.

“Tanto en Capital Federal como en Tucumán había una ley de víctimas, en esa reunión trabajamos para comenzar a pensar en una ley a nivel federal que se sancionó un año después por unanimidad”, concluyó.