“No es su función habilitar, es una barbaridad”, consideró sobre el funcionario de Las Mojarras

La Saladita: Gill habló sobre dos riesgos puntuales y cuestionó al juez de Paz

El intendente hizo foco en el riesgo vial por estar en la curva de una ruta nacional y en la proximidad con una planta de depósito de gas. Ratificó que los responsables de la feria no iniciaron trámite en el municipio
jueves, 8 de agosto de 2019 · 08:53

La Saladita no puede funcionar en donde abrió el sábado pasado, entre otras razones, por estar al lado de una planta de depósito de gas, algo prohibido por Enargas.

Ese fue uno de los argumentos que brindó ayer el intendente Martín Gill sobre la polémica cuestión, a la par que advirtió sobre los riesgos que implica haberse instalado sobre una peligrosa curva de ruta nacional 158.

El mandatario fue enfático ayer cuando el periodismo le consultó sobre las idas y vueltas en torno a la feria, cuyo impulsor, Leonardo Arias, desoyó la clausura decidida por el municipio, basándose en una autorización del juez de Paz de Las Mojarras, Jorge Ricardo.

 

Dos grandes riesgos

El jefe del Ejecutivo indicó que el emprendimiento debió presentar ante la Municipalidad “la documentación como cualquier otra actividad comercial que debe ajustarse a parámetros de seguridad, salubridad e igualdad en el ejercicio comercial”.

“Por eso, la clausura fue preventiva a los efectos que se presentaran estos elementos, más teniendo en cuenta que está al lado de una planta de depósito de gas, algo que prohíbe la normativa vigente, por lo que si sucede algo la responsabilidad es muy grande y puede ocasionar enormes daños”, advirtió.

En este sentido recalcó que la feria se radicó “en una curva de una ruta nacional que se ha cobrado vida en el último mes, y lo hizo sin siquiera una playa de estacionamiento”.

“Se estaciona sobre la ruta, hay 200 o 300 vehículos sobre la banquina, cobran estacionamiento. Si alguien sube a la ruta con las luces apagadas, ¿no hay infracción? Creo que todos los organismos deben intervenir”, lanzó.

Ante la observación de una periodista respecto a que la feria desacreditó la clausura y funcionó, Gill respondió: “No tenemos las fuerzas armadas para intervenir. Se han labrado todas las actuaciones y se han hecho todas las presentaciones, independientemente de cuestiones de competencia que han sido correctamente establecidas”.

En esta línea recordó que el municipio tuvo el aval de la Comunidad Regional, que habilitó a Villa María a actuar, pero en el medio “aparecen otros organismos que nada que ver, que no están dentro de las competencias y atribuciones, que lo hacen como si habilitaran un peluquero”, en alusión al juez de Paz de Las Mojarras. “No es su función habilitar, es una barbaridad”, consideró.

 

A favor de la economía popular

El intendente aclaró que están “de acuerdo con promover las instancias de comercialización que favorezcan la economía popular”, pero apuntó que estas deben darse “en igualdad de condiciones”.

“Es un momento difícil para la actividad comercial, no se puede ir con una competencia desleal para quienes con enorme esfuerzo generan trabajo todos los días y están todos los días”, declaró. “No vamos a aceptar que las siete plagas de la biblia caigan dilapidando y llevándose a quienes ponen el hombro todos los días”, subrayó.

“Lo que queremos es igualdad. Si los productos son lícitos y eso se demuestra, si se cumple la normativa impositiva correspondiente y se toman las medidas de cualquier otro comercio, puede funcionar sin ningún tipo de inconveniente”, expresó.

No obstante esto, adelantó que “ese lugar no es el adecuado, porque está en riesgo la vida de la gente, no pasó nada por milagro, si pasara algo es responsabilidad de todos los que han permitido que funcionara”.

Y en este aspecto manifestó que “por supuesto también está la responsabilidad de la persona que no se ha ajustado a la normativa y a las disposiciones que el poder de Policía le ha establecido”.

En cuanto a la aparente inacción estatal tras la violación a la clausura, Gill indicó que la Policía “colaboró permanentemente” y explicó que ante la rotura de la faja de clausura “se dio intervención al Poder Judicial”.

“Si se desoyen las medidas se continuarán tanto los trámites administrativos como judiciales”, anticipó.

Contó que tuvo contacto con el ministro y el secretario de Seguridad de la provincia, desde la cual “han labrado actuaciones y han dado intervención al Poder Judicial”.

“Nosotros también nos presentamos ante la Unidad Judicial, básicamente atendiendo a las cuestiones de seguridad”, concluyó.

 

Zonas grises y la isla del aeropuerto

La Saladita se encuentra más cerca del casco urbano de Villa María que del Aeropuerto Regional Néstor Kirchner, que nadie duda que pertenece a Villa María.

Sin embargo, los responsables de la feria pidieron autorización para funcionar ante el juez de Paz de Las Mojarras, y además el municipio villamariense debió acudir a la Comunidad Regional para poder actuar. ¿Por qué? Porque se trata de una zona gris.

El aeropuerto es local porque “se encuentra dentro de una isla en materia del ejido”, explicó el intendente Martín Gill ayer ante la consulta de El Diario.

“Estamos definiendo el ejido. ¿Alguien  duda que este lugar en donde está La Saladita es Villa María?”, se preguntó.

Apuntó que el trámite de definición del ejido local “es muy lento” y precisó que en este marco “lo que existen son zonas grises, y la ley establece que en las mismas, la competencia la tiene la Comunidad Regional, que no tiene estructura administrativa”.

“Como práctica, para habilitar una fábrica, un emprendimiento o un evento, se establece una extensión de la jurisdicción. Se le solicita al municipio de Villa María su intervención, y no es la primera vez que nos ocurre, y también ha sucedido con otros municipios”, detalló el mandatario.

 

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