El gremio rechaza lo que considera un “premio” para los dos acosadores

“Con asombro nos enteramos, por la prensa -El Diario-, que el municipio de Villa María premia a dos condenados por acosar sexualmente a compañeras de trabajo bajo relación laboral precaria”, comienza diciendo el comunicado de la Unión de Trabajadores del Estado Municipal (UTEM).

Con la firma de Jesús Chirino, secretario general, la entidad cuestiona a las autoridades municipales por “premiar” a Fabián “Mojarrita” Carranza y Rubén “Paco” Quevedo con un retiro voluntario después de que quedaron firmes las sentencias en su contra. “Las autoridades locales les otorgan el retiro voluntario, es decir que dejan de trabajar y continúan pagándoles con dinero de los contribuyentes. No los sancionaron, sino que acordaron el retiro con los acosadores. Todo esto contradice cualquier norma ética y resulta repudiable, pero también contradice el Estatuto del Empleado Municipal, que en su artículo 150 habla de la exoneración por causales como la ‘indignidad moral’; delito cometido en ejercicio de sus funciones y falta grave que perjudique moralmente a la administración. Pareciera ser que para las autoridades locales el acoso sexual a mujeres trabajadoras municipales no entra en ninguna de estas categorías. Ni siquiera plantean la cesantía, por el contrario, pretenden que el dinero de los vecinos pague el retiro voluntario de acosadores sexuales. Son las mismas autoridades que hace días echaron una mujer trabajadora de Salud sin darle un solo peso de indemnización, por el contrario, según el abogado Santiago Tovo, el municipio no la necesita para cubrir ninguna necesidad permanente del municipio (pareciera que salud no lo es) y dio por terminada la cosa”, expresó.

“Por su parte, las víctimas (ahora revictimizadas) debieron trajinar 11 años por Tribunales hasta lograr un fallo firme que pusiera las cosas en su lugar al confirmar que habían sufrido acoso sexual de los nombrados. Las autoridades municipales nunca quisieron recibirlas para escucharlas. Se llegó a extremos como que en uno de los juicios quien al momento de la denuncia pública por acoso era secretario de Gobierno y actual secretario de Cultura, Rafael Sachetto, dijera que no estaba enterado del caso, a pesar de que existen declaraciones suyas de aquel tiempo que lo desmienten”, señaló Chirino, recordando uno de los testimonios en el juicio sustanciado en la Cámara del Trabajo de Villa María.

“Pareciera que para el municipio de Villa María resulta más grave faltar 10 días al trabajo que acosar a las compañeras, pues por la primera causa pueden dejarte sin trabajo. Para los acosadores un acuerdo de retiro y a las mujeres, la calle, sin trabajo ni acciones reparatorias”, dijo.

“Desde la UTEM solicitamos a Pablo Rosso y al intendente Martín Gill, que no está en funciones, pero en reiteradas oportunidades supervisa acciones municipales, que no se avance con este premio a los victimarios. Es necesario que se tome una decisión ajustada a derecho y con perspectiva de género”, concluyó.

Los hechos ocurrieron en el área de Tránsito entre los años 2007 y 2009, cuando un grupo de mujeres denunció a sus superiores por acoso sexual y laboral, dado que se comprometían a renovar contratos a las que accedían a sus propuestas. De la acusación general, dos mujeres siguieron hasta el final. Se trata de Ivana Chialvo (quien denunció a Quevedo) y de Marcela Quiero (acusadora de Carranza).

A ambas la Justicia -más allá de vaivenes- les dio la razón y ordenó a pagar un resarcimiento a los acusados y solidariamente, a la Municipalidad.