“Una situación de acoso laboral no puede pasar desapercibida en el Estado”

La aceptación por parte del Ejecutivo municipal del retiro voluntario de Rubén Quevedo y Fabián Carranza, condenados judicialmente por acoso sexual en el ámbito laboral de la Municipalidad, motivó a la oposición a presentar un proyecto para modificar el Estatuto del Empleado Municipal en lo relacionado a violencia de género.

Años atrás, con otra composición, y también a raíz de los hechos por los que fueron denunciados ambos exagentes del área de Tránsito, la bancada de la minoría ya había propuesto introducir cambios en dicho Estatuto, lo que derivó en encendidas discusiones con integrantes del SUOEM en el ámbito legislativo.

“En ese momento se propuso no permitir el ingreso a la Administración municipal de personas con antecedentes de este tipo y que no continuaran trabajando cuando tenían una causa. Ahora es más completo, porque se califica como falta grave, se aplica la sanción de la exoneración, es decir que nunca más puede trabajar en la Administración pública, y lo saca de este ámbito laboral sin ningún beneficio”, sintetizó la presidenta del bloque Vamos Villa María, Karina Bruno.

El proyecto de ordenanza presentado por los ediles propone modificar el Estatuto Municipal en los artículos correspondientes a licencias extraordinarias para mujeres en situación de violencia de género, y también el régimen disciplinario para el personal municipal que cometa hechos, actos u omisiones que constituyan violencia de género en el ámbito municipal, tanto espacial como personal.

Puntualmente la iniciativa establece licencias extraordinarias con goce de haberes por violencia de género para personal permanente o contratado, para recuperarse de los perjuicios que esta situación pueda haberle causado a su salud física y psicológica. La licencia podrá ser de hasta tres meses y la trabajadora la solicitará con copia de la denuncia correspondiente, además, puede pedir un cambio de área. A la vez, estipula que la licencia ordinaria anual podrá interrumpirse por violencia de género, por el tiempo que duren las medidas precautorias, y que la trabajadora deberá continuar en uso de la licencia interrumpida en forma inmediata al alta médica.

Por otra parte, se impondrá, previa sentencia judicial firme, la exoneración de quien sea declarado culpable en causal relacionada con violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones. La exoneración es una medida disciplinaria de tipo expulsivo, que no solo interrumpe la relación laboral entre las partes, sino que ocasiona en el agente exonerado la pérdida de aptitud para volver a prestar servicios en la Administración municipal

Por último, el personal municipal, tenga o no iniciado sumario administrativo por causal de violencia de género, que tiene firme la sentencia judicial por cualquier delito relacionado con violencia de género, no podrá acogerse al retiro voluntario.

Modernizar con perspectiva de género

“La violencia de género no discrimina ni espacios públicos, ni privados, ni lugares. Es muy común escuchar situaciones de discriminación por razones de género o sexo en los ámbitos laborales, y el municipio no está exento”, consideraron los ediles en los fundamentos del proyecto.

“El Estatuto para el Personal Municipal, Ordenanza Nº 5.759, data de 2006, cuando aún nos parecía raro visibilizar estos temas de violencia de género en el ámbito laboral, cuando la figura del acoso u hostigamiento no se vislumbraba en un ambiente de trabajo, aunque sí sucedían. A luz de una realidad acuciante en esta materia debemos modernizar el Estatuto Municipal e incorporar la perspectiva de género, aportando una normativa que contenga la equidad de género, actualizada a los tiempos que corren, indicaron.

“En 2009 se dictó la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, cuando empezamos a visualizar otros tipos de violencia: la institucional, la mediática, la simbólica, la sexual y la política. Hay acciones o hechos que antes naturalizábamos como normales o comunes en los espacios de trabajo, y hoy nos parece increíble y detestable que se toleren, que se consientan, y lo que es peor, que no se visualicen”, remarcaron. 

“Una situación de acoso laboral o mobbing, como hoy se lo llama, no puede pasar desapercibida en el Estado. Haya o no una denuncia judicial, no puede pasar inadvertido. Es el Estado, en todos sus niveles y ordenes, quien debe promover una vida libre de violencia, de acosos, de machismos, de discriminación”, consideraron los concejales.

Prevenir y sancionar

“El Estado argentino ha incorporado como normativa interna el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, y reconoce que las más expuestas al acoso y violencia laboral son las mujeres. Por eso se torna urgente y obligatorio adaptar la normativa del personal municipal a estas nuevas directivas internacionales, que hoy ya son parte de nuestra legislación interna”, señalaron, y agregaron que “el Estado, como empleador, es quien debe procurar, promover y prevenir cualquier conducta o situación de violencia, de acoso, de discriminación, dentro de su propia jurisdicción laboral, pero además, también sancionar ese tipo de conductas o situaciones”.

“El actual Estatuto del Personal Municipal nada dice sobre el régimen disciplinario en este tipo de casos, para promover el desarrollo de la función pública en un ámbito de respeto y tolerancia”, afirmaron.

Los ediles subrayaron que en caso de que una empleada municipal sea víctima de violencia y deba por eso ausentarse de su lugar de trabajo, debe estar amparada por el Estatuto Municipal.

“Entendemos que incluir la violencia de género dentro de las licencias pagas permite garantizar a las mujeres que la padecen, el derecho a la protección, contención y acompañamiento institucional, como asimismo, justificar su ausencia. La violencia de género es una problemática que nos atraviesa como sociedad, y su origen se encuentra en las desigualdades estructurales de hombres y mujeres, requiriendo que el Estado asuma soluciones concretas que aseguren la estabilidad laboral de la mujer en situación de violencia”, apuntaron.

“Es necesario que el Estado municipal asuma un rol esencial, ratificando su compromiso de prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género  en todas sus modalidades, ejercida dentro del ámbito municipal o fuera de él”, concluyeron.