Son los primeros, pero no los últimos

A raíz de las inspecciones realizadas en abril y mayo de este año, la oficina de Defensa al Consumidor dispuso sancionar a dos supermercados de la ciudad por vender productos con precios superiores a los límites fijados por la resolución que establece precios máximos para artículos de la canasta familiar.

Se trata del súper Cárcano (Cárcano 60), de Xu Zhenofa, y Piazza (Alvear 1344), de Héctor Fabián Piazza, los que ayer fueron multados con más de 30 mil pesos en cada caso y, además, le aplicaron un día de clausura.

“La medida se dispuso porque tras las inspecciones anteriores, los propietarios no explicaron los motivos por los que vendían productos con precios superiores a los precios máximos”, dijo Oscar Barroso, coordinador general de la Dirección de Defensa al Consumidor en Villa María.

-¿Pueden seguir aplicando sanciones?

-En este momento tenemos varios expedientes que estamos analizando. Por supuesto que puede haber más sanciones. De todas maneras, nosotros hacemos los procedimientos administrativos y una vez que los analizamos, los elevamos a Córdoba, donde es el director general, Daniel Mousit, el que determina si se aplican o no sanciones.

-¿Los precios que detectaron estaban muy por encima del máximo fijado por resolución?

-Sí, hay una diferencia de un 20% a un 40%, según los artículos.

-Si los distribuidores venden por encima de los precios máximos, ¿cómo actúa su oficina?

-Evidentemente que si hacen un descargo y comprueban fehacientemente que el producto que tiene a la venta fue adquirido a un precio superior, nosotros lo consideraremos. Eso está muy claro.

Cómo reclamar

La oficina que depende del Ministerio de Industria funciona en Villa María en el Centro Cívico, ubicado en Mendoza y exruta pesada. Allí llegan reclamos de diferente naturaleza, no solo por la cuestión de precios máximos, sino sobre otros aspectos que están incluidos en los derechos del consumidor.

Barroso señaló que el vecino “puede presentar su reclamo relatando los hechos y acompañar la presentación con los tickets de la compra cuestionada”.

“También atendemos reclamos por otros temas. Por ejemplo, un electrodoméstico que tiene una falla y el comerciante no atiende el reclamo; grupos financieros que quieren cobrar intereses que no pueden justificar y hasta el pedido de un vecino al que el banco no le quería dar la baja a su tarjeta de crédito. En definitiva, todo lo que está incluido en la Ley 24.240, que para que tengas una idea, es tan amplia que prevé sanciones para casos de trato indigno hacia el consumidor”, señaló Barroso.

“También actuamos en el caso de una vecina a la que le cortaron el gas cuando está expresamente prohibido en este tiempo la interrupción del servicio”, agregó.

“Es muy variada la cantidad de temas en los que puede intervenir Defensa al Consumidor. Invitamos a todos los que necesitan que se acerquen a las oficinas del centro cívico o nos manden un correo electrónico”, concluyó.

Al respecto, la dirección de e-mail es defensadelconsumidorvm@cba.gov.ar y el teléfono es 0353-4658400.

“Los comerciantes nos sentimos desamparados”

Desde el supermercado Piazza se acercaron a la Redacción de El Diario para relatar cómo vivieron la clausura. “El 2 de abril llegaron a mi negocio, el que tenemos desde hace más de 30 años, cuatro personas que parecían extraterrestres por las medidas de sanidad, cosa que está bien, y me pusieron en un carro 15 o 16 artículos que estaban fuera de precio”, indicó un integrante de la familia de Héctor Fabián Piazza.

“Te doy un ejemplo de un producto que más me acuerdo, como es el azúcar Arcor, que yo compro al distribuidor de La Playosa que abastece a Villa María. A esa fecha, me la vendían a 54,40 pesos y el precio máximo que yo debía venderla, era de 52 pesos”, dijo.

“Lo que quiero dejar claro es que no estoy robando ni estafando a mis clientes de 33 años de negocio, es el precio que teníamos en función de nuestros costos”, agregó.

Reconoce que demoró 30 días en presentar un descargo porque así se lo habían informado verbalmente para explicar esta situación. “Después me fijé bien en el acta y parece que tenía nada más que cinco días”, señaló.

La cuestión es que a partir de allí comenzó a buscar distribuidores que vendieran de manera acorde a los precios máximos. “Con mucha dificultad. El de Jhonson me dice que no tienen ningún convenio con el Gobierno por lo que el Raid está más caro a costo que el precio que me dicen que tengo que venderlo”, dijo.

“Desde el 2 de abril venimos trabajando para adaptarnos y ahora, sin ningún aviso, nos vienen con esto. La verdad es que me siento desamparada ante los que tienen el poder. Tenemos un negocio de barrio, trabajamos horas y horas para pagar todo y nos encontramos con esta situación. Le voy con la verdad, esa multa que tenemos que pagar es muy dolorosa y lo mismo la clausura. Justo cuando estamos remando para salir adelante en medio de esta crisis, justo el mes que hay que juntar para el aguinaldo. Por eso le digo y póngalo en el título: estamos desamparados”.