Causa por asociación ilícita - El interventor aclaró el estado de la situación

La devolución de fondos de la mutual intervenida depende de la Cámara

El Juzgado Federal dio el visto bueno para restituir los ahorros de centenares de asociados, pero la Fiscalía apeló. Por este caso hay once villamarienses imputados, entre los que se encuentra el exconcejal Delfin Polak
miércoles, 23 de septiembre de 2020 · 08:12

El interventor judicial de la Asociación Mutual Productores de Servicios Generales, Atilio Horacio Baldoni, ante “publicaciones y trascendidos”, aclaró que es la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, la que deberá resolver sobre la disposición de los fondos para atender las acreencias de los ahorristas, tras la apelación que realizó la Fiscalía villamariense, a la autorización que había dado el Juzgado Federal.

Cabe recordar que en la localidad de James Craik se formó recientemente un grupo de ahorristas dispuestos a realizar protestas públicas para exigir la devolución de sus ahorros.

La Fiscalía a cargo de María Schianni solicitó hace más de un mes la elevación a juicio de la causa “Ateca, Fernando; Sufe, Jorge (...) s/ asociación ilícita”, en la que están incluidos, además, el exconcejal Delfin Polack, Richard Grenat, Ana Ledesma, Franco Arce, Cristina Ateca, Hernán Mignola, María Tabares, Fabio Machado, Carlos Giovanardi, Miguel Alberto Alvarez, Pablo Redolfi y Lucas Redolfi.

A los nombrados se los acusa de conformar una asociación ilícita destinada a cometer delitos financieros y tributarios, tales como intermediación financiera no autorizada, recibiendo depósitos a plazo para aplicarlos a compra y venta de divisas y de títulos valores; a préstamos a terceros, inversiones en el mercado de valores, entre otras actividades, sin autorización del Banco Central.

Meses atrás el juez federal de Villa María ordenó transferir los fondos de la mutual incautados en la causa al Juzgado Provincial donde tramita el concurso preventivo, para ser destinados al pago de los ahorristas. Ello no pudo ser concretado aún por la oposición de la Fiscalía Federal que apeló la medida. El expediente fue remitido a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba que deberá resolver sobre la decisión adoptada por el magistrado federal.

En septiembre de 2018 el juez federal dispuso la intervención de la mutual, a requerimiento del Instituto Nacional de la Economía Social. Ello produjo el desplazamiento de los miembros del Consejo Directivo.

“La medida judicial dispuesta tuvo y mantiene como horizonte y fundamento, la preservación y recuperación del normal funcionamiento institucional y operativo de la Mutual, resguardando su continuidad jurídica y funcional”, explicó Baldoni.

La presentación en concurso se fundamentó en la imposibilidad de disponer de los depósitos de la entidad que fueron incautados en la investigación.

‘’Como interventor judicial solicité la restitución de los fondos de la mutual y su puesta a disposición del tribunal donde tramita el concurso para ser destinados, única y exclusivamente al pago de los ahorristas. El juez federal hizo lugar a este pedido, por ser la solución que mejor condice con los objetivos tenidos en mira a la hora de ordenarse la intervención y que, conforme los informes aportados en la causa, estaría logrando su cometido’’, señaló el interventor.

En este marco, en el mes de febrero el Juzgado Federal ordenó poner tales fondos a disposición del tribunal donde tramita el concurso preventivo.

La Fiscalía Federal apeló la decisión, motivo por el cual no fue posible concretar aún la transferencia de los fondos al juzgado del concurso.

Para resolver esta cuestión, el expediente fue remitido a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que deberá resolver en definitiva sobre la disposición de dichos fondos para atender las acreencias de los ahorristas.

“Actualmente la Asociación Mutual Productores de Servicios Generales se encuentra funcionando regularmente, con las habilitaciones y el contralor de las autoridades administrativas competentes. Su gestión operativa y administrativa está a cargo exclusivo de esta intervención, bajo la supervisión permanente del INAES, el Juzgado Federal y la sindicatura concursal. Nuestro compromiso, es poner todos los esfuerzos en adoptar las medidas posibles para la mejor preservación del funcionamiento institucional y operativo de la mutual. Esta intervención judicial siempre estuvo y está a disposición de todos los asociados para brindar las aclaraciones y precisiones que puedan resultar necesarias”, manifestó Baldoni, quien se desempeña con funciones similares en la mutual del Club Atlético y Filodramático de Alicia (CAYFA) y la del Sindicato Unico de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac).

 

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