El arduo camino para ingresar a Tribunales - Más de 200 personas presentaron un recurso de amparo

Antes de que ingresaran los que aprobaron, el Poder Judicial llamó a un nuevo concurso

Dialogamos con el abogado de unos 200 aspirantes a ingresar a Tribunales. Explicó que sin “justificación jurídica”, antes de agotar la lista de orden de mérito, el Poder Judicial convocó a un nuevo concurso del que ni siquiera pudieron participar
domingo, 28 de febrero de 2021 · 08:01

En el año 2017, el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba convocó a un concurso para ocupar cargos vacantes. Se presentaron centenares de estudiantes de Abogacía y los que aprobaron, celebraron la posibilidad de ser convocados, de un momento a otro, para trabajar en Tribunales.

Sin embargo, antes de que esa lista de orden de mérito caducara y con más de 200 personas que ya habían aprobado pero seguían esperando su momento de ingreso, el Poder Judicial llamó a un nuevo concurso. Fue en septiembre de 2019, un año antes de que expirara la lista de orden de mérito.

Los aspirantes a ingresar a trabajar a Tribunales, decidieron plantear su problema ante  la Justicia. Para ello, recurrieron al estudio del abogado Félix López Amaya y Daniel Arnaudo.

El Diario dialogó con este último letrado, quien habló de la situación y del reclamo judicial que están llevando adelante.

“Los aspirantes se han postulado para la convocatoria que hizo el Poder Judicial en 2017 y por acuerdo reglamentario del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que lleva el número 1.035, quedó asentado que aprobaron el concurso”, dijo.

Pero luego, “por otro acuerdo, el 751/19, sin haber agotado el orden de mérito de los que aprobaron en el llamado anterior, convocan a un nuevo concurso”. Fue en septiembre de 2019.

Frente a ese escenario, señaló que hay dos situaciones problemáticas: “La primera es que no caducó el orden de mérito anterior y por lo tanto, no hay argumentos jurídicos para convocar a un nuevo concurso. Pero el segundo problema es que los postulantes que aprobaron en 2017, no tuvieron la posibilidad de inscribirse en la nueva convocatoria, porque entre los requisitos fijados en el acuerdo reglamentario de 2019 se establece que no pueden participar alumnos avanzados de la carrera de Abogacía. Es imposible que los que cumplieron en 2017 con ese requisito, también lo cumplan en 2019”, dado que la mayoría avanzó en sus estudios.

“No se entiende el llamado prematuro y no hay ninguna justificación jurídica”, remarcó.

Por eso, como representantes de alrededor de 200 personas que están en esa situación, algunas de ellas de Villa María, interpusieron “un recurso de amparo para resguardar los derechos de los concursantes que aprobaron y no entraron a Tribunales”, informó.

Pero además, Arnaudo señaló que “dado que se trata de una situación urgente, porque la hicimos en las vísperas de que inicie el concurso de 2019, interpusimos una medida cautelar para que pudieran al menos, postularse en la nueva convocatoria”.

“Impulsamos esa medida cautelar, porque el amparo debería ser más ágil, pero sabemos que no tiene tanta celeridad”, aclaró.

El camino judicial iniciado en 2019, sigue recorriendo los pasillos de Tribunales, precisamente, el lugar donde los amparistas quieren entrar a trabajar.

El primer resultado no fue el esperado por los aspirantes, dado que la Cámara Contencioso Administrativa de Córdoba rechazó la medida. “Fuimos en casación al Tribunal Superior”, señaló Arnaudo al informar los pasos que siguieron tras ese rechazo.

“En cuanto al trámite principal del expediente, donde tramitamos el amparo, ya está en etapa final. Estamos esperando que el Poder Judicial conteste el informe presentando los legajos de cada uno de los que aprobaron en 2017, para que se incorpore esa documentación al expediente”, dijo.

Al finalizar la entrevista, le consultamos al abogado cordobés si se sabe cuántas vacantes quedan por ocupar en las distintas sedes de Tribunales de la Provincia de Córdoba. Y contestó que ese, precisamente, es el tercer problema: “No hay transparencia para conocer como se va llamando o si se, si se va a respetar el orden. Si no conocen personas que les vayan dando datos de manera informal, no hay manera de conocer quiénes entran o cuánto falta para que lo llamen. Esto genera, no solo incertidumbre, sino inseguridad jurídica”, concluyó.

 

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