El intendente, imputado por la fiscal Juliana Companys
El radicalismo pide que Gill tome licencia hasta que se esclarezcan los hechos
“Hay una sola manera ética de obrar: pedir licencia al cargo”, sostuvo la UCR local, partido que repasó la sucesión de hechos que involucran a hombres del poder
El radicalismo villamariense salió a cuestionar con dureza al Gobierno local luego de la imputación que pesa sobre el intendente Martín Gill, a quien la fiscal Juliana Companys lo acusó de lesiones leves contra una expareja, y solicitó que pida licencia en el cargo hasta que se esclarezca lo sucedido.
En un pronunciamiento, el comité conducido por Facundo Díaz repasó los casos de Jorge “Pampero” Barrera, el exfuncionario del justicialismo local que se encuentra preso a la espera de un juicio, los de los agentes municipales y exdirigentes Rubén Quevedo y Néstor Carranza condenados por acoso laboral y el caso del exsecretario del presidente del Concejo Deliberante, para concluir en el título “Una mancha más al tigre”.
En uno de los párrafos del escrito enviado a nuestra Redacción, el centenario partido señaló: “Primero fueron los agentes municipales Rubén Quevedo y Néstor Carranza quienes fueron condenados (con fallo firme del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba) por acosar en el ámbito laboral a subordinadas. El municipio no solo que no inició sumario administrativo alguno a los condenados (no vaya a ser cosa de tener problemas con el sindicato que ambos integraban) sino que decidió premiarlos con el beneficio del retiro voluntario, sin importar el monto millonario que tendrán que erogar las arcas públicas (dinero de los contribuyentes) a causa de esta sentencia condenatoria que también afecta a la Municipalidad”.
Más tarde rememoraron que en 2021 se detuvo al por entonces funcionario Jorge “Pampero” Barrera (quien también fue parte del accastellismo) bajo la imputación de abuso sexual, “que salpica también a su esposa, la concejala oficialista Verónica Vivó, como partícipe necesaria”.
“Como si esto fuera poco, en ocasión de un allanamiento llevado a cabo en virtud de esta causa, se encontró en dependencias municipales documentación presentada por una empleada del municipio y que incriminaba al titular del área de Coordinación de Asesoría Política, Gonzalo Yáñez (estrecho colaborador de Pablo Rosso, quien en ese momento ejercía la Intendencia por la ausencia de Martín Gill) acusándolo de abuso sexual y que databa de varios meses atrás siendo ignorada deliberadamente por la administración municipal”, recordaron.
El partido de la oposición indicó que “esta sucesión de denuncias, imputaciones y condenas en el lapso de un solo período de gobierno corre el velo a la total hipocresía de un gobierno que en el relato se muestra progresista y a favor de las reivindicaciones feministas, pero que en los hechos revela su verdadera cara”.
“Si algo faltaba, ahora es el turno del intendente ¡Cartón lleno!”, marcaron y demandaron que tome licencia: “Cuando un funcionario de tamaña importancia es acusado de un delito que no cometió (Gill afirma tener los elementos probatorios que respaldan su inocencia) hay una sola manera ética de obrar: pedir licencia al cargo de manera de no entorpecer el accionar de la Justicia, ofrecer inmediatamente todas las pruebas con que se cuente para respaldar su inocencia y, por último, una vez resuelto el proceso y acreditada su inocencia, regresar al cargo para el cual lo voto el pueblo de Villa María”.
“Le solicitamos que obre de esta manera para dejar a salvo su buen nombre y así enaltecer su investidura a la vez contribuir a la calidad institucional del Estado municipal”, pidieron desde el comité local de la Unión Cívica Radical.
