Sobre motos robadas, drogas y cámaras de seguridad

Desde el viernes 3 de enero, Paola Sandrín ya no tiene vehículo propio para desplazarse por la ciudad.

Desde entonces tiene que rebuscársela para trasladarse desde su casa, en el barrio San Juan Bautista, hasta su lugar de trabajo, en barrio Centro, porque aquel primer viernes de enero le robaron la moto, su único medio de transporte.

Mientras trabajaba (es enfermera profesional) en la sede de Maradona Salud, que AMMA tiene en la esquina de avenida Sabattini y Santa Fe, se llevaron su moto Guerrero Trip, que se hallaba en el estacionamiento de motos.

Luego de violentar la cerradura, un joven partió raudo por calle Buenos Aires hasta llegar a la Colombia, en barrio Güemes, y luego tomó por esta arteria hacia avenida Colón, para ingresar luego al barrio Las Acacias. Habían pasado las 10 de la mañana.

Después, el yerno de Paola dio con las cámaras de seguridad de vecinos de calle Buenos Aires y Rivadavia, desde las que se ve cómo el ladrón cae al asfalto mientras circulaba a gran velocidad. Muy rápido, el sujeto se para y sigue su ardid con la moto a cuestas, no sin dificultades al haberla violentado para poder salir cuando se hallaba en la puerta de AMMA.

Villa María tiene un robusto sistema de videovigilancia. Hay cerca de 300 cámaras de distintos tipos diseminadas por la ciudad. ¿Para qué sirvieron?

En la tarde de ese viernes, la Policía, con base en esa red de cámaras estatales, ya tenía el circuito que hizo el ladrón, al menos, hasta el ingreso a barrio Las Acacias. También tenía el nombre del sospechoso y su domicilio.

A las 20 horas de ese día, la fiscal de Feria, Silvia Maldonado, se enteró del robo por este periodista.

Pasó más de una semana de ese hecho. Paola nunca recuperó su moto. Nunca supo nada, ninguna voz oficial le comentó nada.

Unas semanas antes, a Nicolás (el nombre es ficticio, a pedido de los damnificados, que no quieren exponerse) le robaron su moto delante de sus narices, en una madrugada.

Mientras estudiaba, un joven ingresó a la vivienda de Nicolás saltando el alambrado del frente hasta llegar al patio. Nicolás estudiaba y nunca miró por la ventana hacia el patio del que el ladrón se llevó su moto.

Al advertir el delito, vieron por las cámaras de seguridad de su casa (en barrio Roque Sáenz Peña)  todo el episodio.

El ladrón fumó en la vereda, se sentó en el cordón cuneta, permaneció muchos minutos allí, hasta que -suponen- se cercioró de que su presencia no iba a ser advertida, y se aprestó a ingresar a la casa para llevarse la moto.

“La vida de Pedro está rota. Su madre y hermanos lloraron por el robo de la moto de Nicolás. Lloraron por Pedro, que está roto”.

El rodado apareció al otro día en un desarmadero del barrio Belgrano, cerca de la cárcel. El ladrón la había vendido a 20 mil pesos.

La familia del ladrón (al que llamaremos Pedro, para facilitar el relato) le dijo a Nicolás que ya no saben qué hacer con él. Pedro está consumido por las drogas. Ya no lo quieren en su casa, por todo lo que ha hecho.

Vive por ahí, duerme por ahí. Lo que roba se convierte en dinero para drogarse.

O cambian el objeto robado por droga, o lo cambian por dinero que termina siendo el medio para comprar droga.

La vida de Pedro está rota. Su madre y hermanos lloraron por el robo de la moto de Nicolás. Lloraron por Pedro, que está roto.

Nicolás ya no recuperó su medio de transporte, también -como Paola- su única movilidad para llegar al laburo: se la devolvieron en dos cajas que son centenares de tornillos. En poco tiempo había sido desarmada.

Estos son solo dos hechos de muchos, de tantos que se repiten a diario. Basta entrar a las redes sociales para toparse con publicaciones de personas a las que les sustrajeron sus bicis, sus motos.

Desde los estamentos gubernamentales destacan que Villa María sigue siendo segura en cuanto a que no hay delitos de los más graves, como homicidios, u homicidios en ocasión de robo, secuestros y otros similares. Lo que hay, y mucho, son robos “de ocasión”, diría el exsecretario de Gobierno de la Municipalidad, Eduardo Rodríguez.

Marginados

Jóvenes que quedaron marginados y que, en su andar, van viendo si se pueden robar una moto o una bici.

Las víctimas son laburantes, personas como Paola y como Nicolás, que tienen que trabajar todos los días 8 horas para garantizar, al menos, la comida.

Surgen muchas dudas. ¿Para qué sirven tantas cámaras? Dirán desde el Estado que las decenas de dispositivos han ayudado para evitar robos, para detener a autores de delitos graves, para encontrar a personas a las que se las estaba buscando.

Todo eso es cierto. También es cierto que, en la multiplicidad de robos diarios, muchas veces parecen ser un adorno, porque el material que recopilan no sirve para el objetivo. En el caso de Paola, se tenía todo para recuperar la moto sustraída. No sucedió.

Dirán algunos que es porque la Policía y la Justicia no actúan. Policías apuntarán a los fiscales. Encima, este caso sucedió en época de Feria Judicial, en donde los fiscales de turno suelen actuar para lo más urgente. Pero hay muchísimos casos así en épocas de actividad normal.

Por eso llueven los comentarios en la calle y en las redes sociales con preguntas sobre qué se hace con tantas cámaras si, cuando el Estado tiene que actuar, no lo hace.

Una fuente oficial indicó que “se ha bajado muchísimo el robo de motos desde septiembre, cuando arrancamos con la Guardia Local de Prevención”. De 39 en septiembre, hubo 19 casos en noviembre.

El problema es cuando se tiene todo para recuperar lo robado y no se hace.

Escándalo en la Municipalidad

Y en la semana que acaba de terminar también creció el escándalo en la Municipalidad.

Los resultados de una auditoría de Russell Bedford consolidaron lo que el intendente Eduardo Accastello contó apenas asumió el poder por cuarta vez, en diciembre de 2023. Que las cuentas públicas recibidas mostraban un desorden generalizado.

Las conclusiones indican que en el período 2022-2023, tramo final del gillismo, no se cumplieron con las normas básicas de contabilidad, además de que detectaron un desfasaje entre lo que realmente había en la caja y en los bancos con lo que decían los registros contables que debía haber.

Esas diferencias reflejan que, haciendo el ajuste con los datos reales, el patrimonio neto de la Municipalidad se reduce en 5.500 millones de pesos.

“Cuando asumimos la gestión nos encontramos sin información fidedigna, financiera y contable del estado real del municipio. Nuestro equipo económico recibió el 30 de noviembre (2023) unas planillas de Excel que estaban desbalanceadas. Esto quiere decir que el Debe y el Haber no coincidían”, recordó Accastello esta semana.

En este contexto, aturde el silencio del ex-Gobierno de Martín Gill. Desde la vuelta del actual intendente se habló muchas veces del estado de las cuentas públicas a diciembre de 2023, pero, sin embargo, ni el exmandatario ni quien fue la secretaria de Economía del municipio durante los 8 años de Gill, Daniela Lucarelli, dijeron ni mu.

No se defendieron, pero, lo que es peor, no salieron a explicarle a la ciudadanía -los recursos son nuestros- cómo manejaron los fondos. ¿Creerán que manejaron una caja de un comercio propio? ¿Creerán que se trataba de la billetera propia?

¿Sabremos algo de todo este escándalo o quedará todo en la nada?

Cuando quienes recibieron la confianza de un pueblo, un gran voto de confianza, luego no rinden cuentas de lo que han hecho -más cuando se conocen informes de esta naturaleza- o no actúan de acorde a lo esperado de cualquier gobernante de la democracia y de la institucionalidad, aparecen los Javier Milei. Es decir, los representantes del “que se vayan todos” y de dinamitar el Estado, porque el Estado no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir, por ejemplo, manejando los recursos públicos con transparencia y honestidad, o devolviéndoles las motos a las Paolas cuando se tiene todo el material que acredita lo que sucedió.