Allanaron la cooperativa de agua por una causa de delitos económicos

La Policía Federal llevó adelante ayer una serie de allanamientos en las oficinas de Aguas Villa María y domicilios vinculados a la misma Cooperativa 15 de Mayo, en el medio de una investigación llevada adelante por la Fiscalía a cargo de María Schianni, iniciada por una denuncia que presentó el abogado local Javier Octavio Sosa.

Los operativos causaron sorpresa en diferentes puntos de la ciudad, pero sobre todo en el edificio de José Ingenieros 360, donde funciona la cooperativa de agua.

Con el correr de los minutos se supo que la investigación es por “delitos vinculados al régimen penal económico y lavado de activos”.

En ese sentido, el objetivo de los allanamientos fue el secuestro de documentación contable, registros, dispositivos electrónicos, papeles de trabajo, teléfonos celulares, dinero y otros elementos.

Además de las oficinas de la firma local, se llevaron adelante medidas en domicilios pertenecientes a socios de la persona jurídica y contadores. Los nombres que trascendieron en los allanamientos fueron los de Mario Valenti (expresidente), Alfredo Antonino (presidente), Gabriel Bocalón, el estudio contable de Jorge Vodanovic y Karina Karota.

De todas maneras, ninguna de estas personas están imputadas en la causa y, en el seno de la Justicia Federal, se hizo hincapié en que la medida, en principio, solo fue para recabar información y material relacionados con la investigación.

Además, no hubo detenciones por este caso.

En los operativos intervino la División Lavado de Activos de Policía Federal, con la colaboración de la delegación local de la misma fuerza.

El aviso del denunciante

La denuncia que desató la investigación fue realizada por el abogado Javier Sosa, tío del actual concejal Manuel Sosa.

Este exfuncionario provincial se había presentado el 10 de septiembre de este año en una audiencia pública, precisamente, en la que se discutía la tarifa del agua.

Con su oficio como expresidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSEP) y exvicepresidente de la Asociación Federal de entes reguladores de saneamiento (Asferas), Sosa planteó entonces una serie de cuestionamientos por la falta de control sobre la cooperativa, al tiempo que habló de “sospechas de corrupción”.

“Si tuviera la información, la llevo a la Fiscalía”, había anticipado entonces.

En esa audiencia, Sosa primero habló del debate tarifario. Cuestionó que la tarifa se debatía solamente con la información sobre los costos del servicio.

“Acá solo les han acercado la estructura de costo.  Y es imposible realizar una estructura tarifaria, por la sencilla razón que no tenemos la otra parte, que es el componente de la facturación”, les dijo a los ediles.

Por otra parte, recordó que la Constitución, tras la reforma del ‘94, “marca la necesidad de verificar el servicio, la calidad, el control, la auditoría y la conformación de asociaciones de usuarios y consumidores. Y cuando el servicio público pasa a manos privadas, en el caso de los monopolios naturales, si no hay un Estado árbitro, la relación es salvaje porque está solamente sometida al arbitrio, al criterio y a la voluntad del prestador del servicio”, recalcó.

Sosa planteó entonces que en 2018, durante el Gobierno de Martín Gill, el Ejecutivo firmó con la Cooperativa 15 de Mayo un contrato que puso el control en manos de un representante de los vecinos, un representante del Ejecutivo y uno del concesionario.

“Esa cláusula nunca se puso en marcha. Pasaron siete años”, indicó, pero al mismo tiempo dijo que “desconoce a las minorías y mayorías parlamentarias que están en la Constitución”.

“Los concejales no tienen información de lo que factura el servicio de agua; tienen que mendigarla porque no se la acerca nadie. Se la dan al Ejecutivo y no al Legislativo”, apuntó.

En ese sentido, se preguntó: “¿Quién controla la relación entre un abogado, el representante de los vecinos y el Ejecutivo, sin mayoría ni minorías parlamentarias? Esto no respeta  los principios de todos los entes reguladores de la Argentina”, amplió. Y reclamó: “En estos siete años, nunca jamás se puso en marcha el órgano de control. ¿Qué fue esto, un olvido? No leyeron el contrato. ¿Por qué no se pone en funcionamiento el control? ¿Por qué no revisamos los números y por qué no revisamos lo recaudado por la cooperativa?”

Además, a modo de anticipo por sus “sospechas”, expresó: “¿Cuál es la relación de la cooperativa de agua potable con Obras y Construcciones S.A.? ¿Quién es Obras y Construcciones S.A.? Una sociedad constituida por la propia cooperativa. ¿Para qué? ¿Cuáles son los contratos que se firman entre partes? ¿Y por qué me interesa? Porque esos contratos se hacen con la plata de la gente, la nuestra, la de todos los vecinos, porque la facturación de la cooperativa de agua se sostiene con los frentistas que pagan el agua”, afirmó. Y sostuvo que “sobre esos números desconocemos los niveles de rentabilidad”.

Comunicado de Aguas Villa María

La Cooperativa 15 de Mayo emitió anoche un comunicado para referirse al tema. Primero reconoció que la denuncia se hizo precisamente ayer. Y luego remarcó que la entidad se puso “a disposición de la Justicia”.

“Más allá de ello, informamos a la comunidad que este viernes 12 de diciemnbre, la atención al público se realizará con normalidad”, apuntó.

Además, indió: “Esta cooperativa repudia enérgicamente cualquier intento de instalar sospechas infundadas que dañen su buen nombre y el de sus trabajadores como su trabajo sostenido de décadas en beneficio de los vecinos y comprometidos con la calidad de nuestros servicios”.

“Finalmente, queremos transmitir tranquilidad a toda la comunidad, reafirmando nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia institucional y el pleno esclarecimiento de los hechos”, cerró.