Ley de Glaciares, bajo la lupa

La semana pasada se aprobó la media sanción, en el Senado de la Nación, de la nueva Ley de Glaciares, que viene a reemplazar a la anterior, votada en 2010. El actual proyecto, que deberá ser tratado en la Cámara de Diputados próximamente, ha sido objeto de fuertes críticas  por parte de la oposición y por organizaciones ambientalistas, así como por académicos y expertos en temas relacionados con el medioambiente y otras disciplinas afines.

El eje del proyecto tiene como principal objetivo redefinir el alcance de las áreas protegidas. La legislación actual prohíbe actividades extractivas -como minería o explotación hidrocarburífera- tanto sobre glaciares como en amplias zonas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de agua.

Es este punto el que más polémica provoca, ya que, al desregular las áreas de protección, además de darle poder de decisión exclusiva sobre estas a cada una de las provincias en lugar de seguir teniendo el control y supervisión del Estado nacional, hace que se presuma que el agua que estos glaciares y periglaciares contienen, y que son unas de las más grandes reservas de agua dulce del mundo, concentradas en el 1% del territorio nacional, estén a merced de los intereses económicos, como las mineras. A quienes -aseguran los críticos de la ley- se les permitiría explotar zonas periglaciáricas, ya que no solo utilizarán grandes cantidades del líquido vital para sus explotaciones, sino que el miedo fundado está también en la contaminación que podrían provocar los productos que usan, principalmente el arsénico, el plomo, el cobre y el cadmio, que podrían colarse en estas zonas que son los nacimientos de una gran cantidad de ríos y afluentes argentinos.

Es decir, está en juego mucho desde el punto de vista medioambiental, ya que afectaría no solo a estas zonas, sino a comunidades que viven alrededor de estos afluentes, así como las producciones limpias y autosustentables que varias provincias llevan a cabo en distintas regiones.

La voz de una especialista

Para entender mejor lo que representa para el país esta ley con media sanción, y que sobre todo afectará a las comunidades y el medioambiente en general, una nueva norma de otra tantas muy polémicas de este Gobierno, como la reforma laboral recién votada, elDiario dialogó con la docente, investigadora y geóloga Jimena Rodríguez, de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), becaria CIT-Conicet, quien dio varias definiciones sobre el tema.

“Lo que está ley habilita, principalmente, es liberar zonas que estaban protegidas, como lo son ciertos glaciares y áreas periglaciares. Acá, el tema es comprender qué significa el concepto de periglaciar. La ley del 2010 surge por los estudios llevados a cabo por el Ianigla, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, que pertenece al Conicet, y que se dedica exclusivamente a estudiar los ambientes glaciares y periglaciares. Ya en esa ley se hablaba de prohibir actividades que pudieran afectar la condición natural y el funcionamiento de estos sistemas, y la nueva va en sentido contrario y es perjudicial”, dijo Rodríguez.

Respecto a lo que es un ambiente periglaciar, dijo que “está asociado a lo que entendemos como ‘glaciar de escombro’, que uno no ve en la superficie, como ese gran hielo que se ve en un glaciar como el que todos conocemos.?Pero el otro glaciar también existe, es hielo, agua congelada que está por debajo de la superficie y que, por lo general, contiene entre un 10 y 50% de hielo. Estas son reservas de agua dulce estratégicas para las poblaciones, principalmente, para las producciones que estas comunidades llevan a cabo”.

Mapa glaciar argentino

Como señaló la académica, el mapa de los glaciares argentinos está contenido en el “Atlas de glaciares de la Argentina, en el que se establece que el país tiene 16.968 cuerpos de hielo, dentro de una superficie de 8.484 kms2, a lo largo de más de 5.000 kms de extensión, que van desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, abarcando 12 provincias en total, con 36 cuencas hídricas que se alimentan de estos glaciares y periglaciares, beneficiando a 7 millones de personas”, y de este Atlas se desprende también que “el 80% de los glaciares están en áreas protegidas, algo que es muy importante, porque hay leyes asociadas a estas áreas a nivel nacional y provincial”.

En este sentido, señaló que “la nueva ley desestima estas áreas protegidas, al afirmar que algunas no son tan importantes; de hecho, un senador dijo que son solo ‘roca congelada’, y en realidad es agua dulce. Y yo hablo desde el punto de vista geológico, pero acá se involucra a muchas disciplinas que van desde lo legal, por lo que un abogado puede defender esto, o quienes se dedican al estudio de la biodiversidad y el medioambiente, o la geología, que es mi área. Por eso es importante destacar que, según este Atlas, por ley, cada cinco años debe ser actualizado, porque estos ambientes van cambiando con el tiempo. Existe un indicador con el cual se mide el ingreso de agua y nos da un balance de masa, que se calcula respecto a cuánta nieve o cuánto hielo se acumula o se pierde en un año en el frente de un glaciar de escombro, que también son los periglaciares”.

De norte a sur

Rodríguez señaló que en la zona norte del país “predominan los glaciares de escombros, como en Salta y Jujuy, que no es hielo en superficie,  y que se los conoce como ‘permafrost’, y su vida depende, precisamente, del congelamiento o descongelamiento. Esto último no todos los años se da, lo que afecta a comunidades que dependen de esas reservas. Y lo señalo para entender la salud de los glaciares”.

“Mientras que la provincia con el glaciar más grande sobre la superficie está en Santa Cuz, y que precisamente tiene que ver con el famoso Perito Moreno. Este está en un área protegida, y hay que ver bien qué es lo que dice la ley sobre este respecto, ya que, si se da permiso de explotar glaciares en áreas protegidas, la ley estaría violando otras leyes. E incluso este proyecto de ley va en contra de compromisos internacionales asociados a proteger el clima, la biodiversidad y el agua. Y evidentemente, quienes hicieron esta ley, no hicieron mucho caso de la participación pública en decisiones ambientales, sobre todo de comunidades que viven en el territorio por donde pasan estas cuencas y ríos que nacen, precisamente, en los glaciares o periglaciares”, destacó.

Sobre nuevas facultades

La nueva ley deja de darle decisión sobre los glaciares al Estado nacional y se los da a las provincias, algo que los críticos denuncian, ya que es un bien estratégico nacional, por lo que cada Gobierno local decidiría por sí mismo el destino de un recurso que es de todo el país, lo que le daría vía libre a los gobiernos locales a negociar directamente con las mineras las explotaciones de estas áreas. Y sobre esto, Rodríguez expresó: “Acá está en peligro el agua dulce, un recurso estratégico y vital. Hay que recordar que una cuenca es un sistema natural que no tiene un límite político, sino que el territorio que abarca se comparte entre provincias, y existen convenios y tratados en este sentido sobre la explotación y utilización del mismo, pero es algo que tiene un control desde Nación, y ahora, los acuerdos serían entre provincias, sin control del Estado”, explicó, lo que de alguna manera habla de una ‘balcanización’ de los recursos naturales, en este caso del agua, uno de los más importantes de todos, si no el que más, “porque el acceso al agua es un derecho”.

“Existen, por ejemplo, varios acuerdos, como el Acuerdo de Escazú, que tiene que ver con la participación pública y transparente en las decisiones ambientales, o el de la Convención a la Lucha contra la Desertificación. Por esto y mucho más es que la nueva Ley de Glaciares es perjudicial y afecta a otras áreas, disciplinas y leyes”, finalizó Rodríguez-

Por lo que es de suma importancia poner bajo la lupa la ley que se votará pronto en Diputados, ya que cambiará el paradigma glaciar y del agua en el país.