La cuestión nuclear, bajo la lupa

Este doctor en Biología es profesor titular plenario de Biología Evolutiva Humana en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Dirige el Campus Córdoba del Right Livelihood College (con presencia en universidades de 9 países) y lidera FUNAM, la Fundación para la defensa del ambiente. En 2004 recibió el premio Nobel Alternativo, Right Livelihood Award, en el Parlamento sueco, en Estocolmo

-¿Podemos estar tranquilos con la prolongación de la vida útil de la Central Nuclear de Embalse quienes vivimos en sus cercanías?

-Nunca se puede estar tranquilo cuando se tiene una central nuclear de potencia en las proximidades. Mucho menos si tiene vida ampliada, pues la mayor parte de su estructura sigue siendo la misma. Toda comunidad debe estar preparado para el peor accidente o evento posible, nivel 7 en la escala del INES (Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos). Pero tanto la Municipalidad como la población de Villa María no están preparadas para enfrentar el peor accidente o evento de Embalse. Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la operadora de la central, y la Autoridad Regulatoria Nuclear solo hacen simulacros -incompletos, por otra parte- para accidente menor en un radio de 10 kilómetros alrededor de la central, cuando el área de impacto, en caso del peor accidente o evento nivel 7, puede provocar contaminación radiactiva en un radio de 500 a 700 kilómetros. Las autoridades prefieren no preparar a las comunidades más allá de los 10 kilómetros para no alarmarlas. Todo reactor, y Embalse no es la excepción, menos al tratarse de una central reciclada, puede sufrir el peor accidente o evento posible. Accidente es cuando se genera "desde" la propia central, y "evento" cuando un factor externo lo desencadena, como, por ejemplo, el impacto de un avión comercial de gran porte, un Boeing 737, podemos decir, (para lo cual las estructuras actuales son vulnerables, algo que NASA no puede desmentir), o un terremoto por encima del valor de diseño. 

-He podido leer que la Central de Embalse tiene “otro” causal de riesgo, ¿a qué se refieren con este otro tipo de riesgo?

-El riesgo cualitativa y cuantitativamente más importante está en los silos -visibles en cualquier imagen satelital-, donde se almacena todo el combustible nuclear agotado desde el inicio de la operación de Embalse. Lo depositado allí equivale a muchos Chernobyl potenciales, pues se trata de material altamente radiactivo y peligroso por más de 240.000 años.

-Perdón, pero, ¿por qué semejante tiempo?

-Se multiplica por 10 la vida media del Plutonio-239, uno de los radioisótopos que contiene ese combustible agotado. En el caso de Cesio-137 y Estroncio-90, otros dos radioisótopos residuales contenidos en los silos, el horizonte de riesgo es de unos 300 años, resultado de multiplicar por 10 sus vidas medias, que son, respectivamente, de 30,2 años y 28,8 años. Esos silos que siguen construyéndose para almacenar el nuevo combustible nuclear agotado representan un peligro inmenso, pues sus envolventes de cemento tampoco están diseñadas para soportar, por ejemplo, el impacto de un avión comercial de gran porte. Recuerdo que, durante la Audiencia Pública extemporánea por la extensión de la vida útil de Embalse -se hizo cuando ya estaba decidida su extensión y estaban fabricándose partes de reposición en Mendoza-, un miembro de Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) indicó, a modo de efecto tranquilizador, que no había líneas aéreas que volasen por arriba de Embalse. Olvidó considerar, entre muchas otras falencias, la posibilidad de un acto terrorista, precisamente con aviones comerciales de gran porte. En un país como Argentina, donde ya hubo dos cruentos atentados terroristas, ignorar este riesgo es temerario.  

-¿Por cuánto tiempo más puede dar algún margen de seguridad en funcionamiento?

-Cualquier central nuclear de potencia se asocia a un riesgo permanente. Ninguna autoridad puede garantizar que no ocurra el peor accidente o el peor evento, tanto a nivel del reactor como de los silos, o ambos. Lo que resulta inaceptable es que NASA no haya distribuido planes ciudadanos para actuar frente al peor accidente o evento posible. Algo que nosotros sí hacemos desde 2011.

Las autoridades nucleares tratan de mostrar bajas probabilidades que no significan nada. En Chernobyl y Fukushima Dai-ichi también hubo funcionarios que -como los actuales miembros de NASA- decían que las centrales nucleares tenían una baja probabilidad de sufrir accidentes o eventos. Así les fue. Sorprende, asimismo, cómo el Gobierno de la provincia mira para otro lado. Quizás sea porque el gobernador desconoce los riesgos.

-Se ha publicado recientemente un informe sobre la contaminación de las aguas de nuestro río, el Tercero o Ctalamochita, con Tritio proveniente de la Central. ¿Qué nos puede decir al respecto?

-Todos los reactores de tipo Candu, como el Candu 6 de Embalse, generan importantes volúmenes de Tritio-3, radiactivo, que contamina el aire y el agua. Hace más de 30 años venimos alertando desde  FUNAM la descarga rutinaria y accidental de decenas de radioisótopos residuales al agua del lago. Sistemáticamente, NASA se empeña en decir que están muy por debajo de los límites máximos aceptables. Lo que no dicen las autoridades es que desde BEIR VII Segunda Fase, criterios elaborados por las Academias de Ciencias de Estados Unidos, sabemos que a nivel de radiación ionizante -la radiación Alfa, Beta y Gamma que descargan los materiales radiactivos, naturales y artificiales- no hay ningún valor de riesgo cero. Cualquier valor de radiactividad ionizante representa un riesgo para las células expuestas, los seres vivos y la salud humana. Con respecto al Tritio-3, no solamente lo denunciamos a mediados de la década de 1980, sino que volvimos a alertar a las comunidades en 1999, usando los propios valores medidos por la Autoridad Regulatoria Nuclear.

-Trascendió desde esferas oficiales de la Nación la idea de privatizar los complejos de Atucha I y II. ¿Qué consecuencias podría traer aparejada una decisión en tal sentido?

-No es el primer intento de privatización. Ya lo había impulsado en su momento Domingo Cavallo (a través del decreto 1.540, firmado por Carlos Menem y el propio Cavallo). Si actualmente el programa nuclear de Argentina es irresponsable en manos del Estado, cualquier privatización aumentaría exponencialmente ese riesgo. En su momento, FUNAM se opuso terminantemente a la privatización de sector nuclear y lo volvemos a hacer ahora. La operación de las centrales nucleares de potencia son la peor decisión que puede tomar un Gobierno. Es la tecnología más costosa (si se hacen bien los cálculos), de vida efímera, con riesgos radiológicos y ambientales inmanejables. Del total de países reconocidos por Naciones Unidas, que son 192, apenas una treintena ha optado por la energía nuclear de potencia, y en ellos, la población está verdaderamente informada de los riesgos y los costos (no es el caso de Argentina, por cierto). O como ocurre en Alemania, donde, pese a la crisis de los combustibles fósiles, su programa nuclear de potencia irá desactivándose progresivamente. En caso de guerra o exposición a tsunamis de gran magnitud, tener reactores nucleares hace muy vulnerable a un país. Ucrania tiene, por ejemplo, 15 reactores, y tanto Rusia como Ucrania saben que si ocurre un accidente catastrófico en Zaporiyia -el mayor complejo nuclear de Europa- todos pierden.

-Dejo el tema nuclear para preguntarle por el drama de los incendios forestales, ahora en el  Parque Nacional Los Alerces. Hablan de desidia o retroceso en materia de cuidado ambiental…

-Efectivamente, la cuestión ambiental está en franco retroceso, tanto a nivel nacional -con la gestión de Javier Milei- como a nivel provincial -con la de Martín Llaryora-, que ya redujo drásticamente el presupuesto de la Secretaría de Ambiente. Esta Secretaría, durante la gestión de Juan Schiaretti, ya venía siendo una institución de adorno, siempre dispuesta a decirle sí a cualquier obra faraónica que quisiera iniciar el gobernador. El ejemplo más patético, y que pagaremos todos con nuestros impuestos, es el canal que traerá un raquítico metro cúbico por segundo de agua desde el río Paraná a la ciudad de Córdoba. Como el desnivel es importante, serán necesarias grandes bombas, que consumen electricidad, para impulsar el agua. En un acto de total impunidad, se gestionaron los créditos y empezaron las obras sin que estuvieran hechos los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental en ambas provincias, Córdoba y Santa Fe. Aparentemente, en la provincia de Córdoba, las leyes ambientales no corren para los funcionarios de turno.

-¿Qué ocurrirá con las denuncias que ustedes realizaron contra el exgobernador Schiaretti?

-Junto al Abogado Juan Smith, que ha patrocinado nuestras causas recientes, seguimos de cerca las denuncias penales que hicimos contra Schiaretti por la irresponsabilidad con que abordó los graves incendios de la provincia, que en un par de años quemaron más de 300.000 hectáreas.  En cuanto al canal del río Paraná a Córdoba, seguramente llevaremos el caso a la Justicia.

-Hubo una serie de proyectos de ley sobre ambiente que fueron aprobados en las últimas sesiones de la Legislatura durante la anterior gestión...

-Es curioso, pero el exgobernador Schiaretti también produjo su propio "Proyecto Ómnibus" de leyes ambientales para desactivar normas y suplantar otras, como las de comités de cuenca (y que el Gobierno venía incumpliendo descaradamente). Se aprobaron así, violando impunemente la Constitución y varios convenios, la Ley 10.936 sobre "Consorcios de Gestión Integrada de Cuencas Agropecuarias", y la Ley 10.941 de creación de la "Autoridad de Cuenca". Afortunadamente, organizaciones colegas ya accionaron judicialmente denunciando, con fundamentos impecables, su inconstitucionalidad. El caso ya está en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que, esperemos, esté a la altura de lo que necesita la gente y el ambiente. No olvidemos que Córdoba es una de las provincias ambientalmente peor manejadas de Argentina.

-¿Y la Argentina, ambientalmente hablando, con Javier Milei en la Presidencia?

-Javier Milei es la peor amenaza social y ambiental de la historia. Sin capacidad ni formación para gobernar, ha mostrado que representa no solamente un experimento desquiciado (destrucción del Estado, dolarización, insensibilidad social, negacionismo ambiental), sino que abrió las puertas de par en par a las grandes corporaciones extractivas internacionales. Con el DNU 70/2023 derogó la Ley de Tierras, que le coloca bandera de remate al país, y con el afortunadamente frustrado proyecto de "Ley Ómnibus" pretendió voltear la estructura normativa que protege el ambiente y la salud ambiental de los Argentinos. Las amenazas son de tal envergadura, unido a una política represora y autoritaria, que ciudadanos e instituciones deben estar alerta y utilizar todos los mecanismos lícitos de resistencia y protesta. Como decía Sandro Pertini, "a veces hay que luchar, no solamente sin miedo, sino también sin esperanza". 

-Antes de la caída de la Ley Ómnibus, ustedes enviaron una carta documento a todos los diputados, ¿puede ser?

-Sí, les dimos elementos que demostraban cómo todos los cambios y derogaciones previstos en la Ley Ómnibus eran ilegales, pues violaban el Tratado de Escazú y la Convención 169 de Derechos Indígenas de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Todo lo que se proponía en ese proyecto era regresivo, hacía desaparecer controles, desfinanciaba organismos ambientales claves y facilitaba, descaradamente, el extractivismo impune. Con esta herramienta técnica que hicimos llegar a los diputados, quienes se ajusten a derecho (y no al autoritarismo partidario) podrán evitar que prosperen los nuevos intentos del Gobierno por destruir las leyes de Bosques nativos, Glaciares, Semillas, Pesca y Quemas.  Y una cosa más, que pocos saben: estamos finalizando el contenido de la denuncia penal que haremos contra el presidente Javier Milei y contra todos los ministros que firmaron el DNU 70/2023, una norma que, lamentablemente, todavía sigue vigente. Entre los denunciados está el ministro de Economía, Luis Caputo. Al derogar la Ley de Tierras, violaron impunemente el Tratado de Escazú y el Convenio 169 de la OIT. Presentaremos la denuncia penal la próxima semana, ante la Justicia Federal. Pero no nos quedaremos solamente en esta instancia. Estamos convocando a otras organizaciones para que el presidente Javier Milei también sea denunciado por intento de genocidio ante la Corte Penal Internacional, algo que ya se hizo desde Brasil contra el expresidente de ese país, Jair Bolsonaro. En el caso de Javier Milei, haber cerrado el apoyo estatal a 10.000 comedores y dejar de proveer desde el Estado medicamentos y tratamientos a enfermos de cáncer y enfermedades especiales no solo muestra impericia para gobernar, sino una crueldad inédita.