Vicentin: acreedores internacionales creen que la empresa desvió US$ 400 millones
Bancos internacionales solicitaron a la justicia copias de las transferencias bancarias entre Vicentin y varias empresas relacionadas. Por otra parte, la Justicia santafesina rechazó el pedido del gobierno nacional para que el concurso pase al fuero porteño
Bancos internacionales acreedores de Vicentin estimaron que sus directivos desviaron US$ 400 millones como parte de las "grandes irregularidades financieras" que denunciaron en el proceso judicial que se lleva adelante en la justicia de Nueva York y por lo cual reclamaron documentación a la compañía.
Los bancos, entre ellos Rabobank, Credit Agricole, ING e International Finance Corp., brazo privado de préstamos del Banco Mundial, solicitaron a la justicia copias de las transferencias bancarias entre Vicentin y varias empresas relacionadas, publicó la agencia Bloomberg.
"Los demandantes dicen que no pueden entender cómo Vicentin pasó de informar finanzas saludables a mediados de 2019 a colapsar meses después, en diciembre, y entrar en default por la suma de $ 99,3 mil millones de deuda a proveedores y acreedores agrícolas" citó la agencia.
Ahora, los bancos quieren seguir el flujo de fondos que ya rastrearon desde Vicentin hacia las otras compañías propiedad de sus familias controladoras.
"Gracias a la orden inicial de este Tribunal, las piezas del rompecabezas que fue el colapso de Vicentin están comenzando a encajar", expresa la solicitud.
En su presentación ante la Corte de Nueva York, los abogados de los bancos plantean que "si se demostraran estas actividades de 'tunelización' pueden corresponderse con un delito penal tipificado bajo la ley argentina".
Los prestamistas, a quienes se les adeuda US$ 500 millones en conjunto, también quieren ver las transacciones de los ejecutivos de la compañía y los miembros de sus familias, según consta en la presentación judicial del 29 de junio.
Vicentin dijo que no tiene conocimiento de la solicitud de nuevos documentos, pero afirmó que hasta ahora ha colaborado completamente con la investigación, negó haber procedido mal y aseguró que sus unidades de Paraguay, Uruguay y Europa no fueron creadas como vehículo para la fuga de capitales.
La cerealera también defendió la venta de una participación en el negocio de procesamiento de soja y exportación de biodiésel Renova al socio Glencore Plc por un poco más de US$ 122 millones pocos días antes de su cesación de pagos en diciembre.
Los bancos dicen que sus acuerdos de préstamo no permiten la venta y que no saben qué sucedió con los ingresos.
Vicentin dijo que se usaron US$ 26 millones para pagar a Rabobank y el resto se destinó a agricultores y corredores de granos.
La solicitud de documentos de Nueva York cubre el período desde el comienzo de 2017 hasta ahora e incluye a Vicentin y las unidades en Paraguay, Uruguay y Europa, así como Renova.
Los prestamistas, con Natixis y el banco de desarrollo holandés FMO entre ellos, también solicitaron información a los altos directivos de Vicentin, como Sergio Nardelli y descendientes de las familias fundadoras de la empresa.
La Justicia rechazó el pedido del gobierno para que el concurso pase al fuero porteño
La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó el pedido del Gobierno nacional para que la tramitación del concurso preventivo de la empresa Vicentin se traslade de la provincia de Santa Fe al fuero federal porteño.
Así lo decidió la jueza María Alejandra Biotti, ante un pedido de incompetencia del juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, Santa Fe, presentado por el Ministerio de Desarrollo Productivo.
El pedido del Ejecutivo planteaba la incompetencia del juzgado santafesino para entender en el pedido de inconstitucionalidad presentado contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 522/2020, que estableció la “intervención transitoria” de Vicentin o en cualquier otra medida cautelar que se presente al respecto.
El Gobierno se refirió a la presentación efectuada el 17 de junio por los integrantes del exdirectorio de la firma concursada, quienes plantearon la inconstitucionalidad del decreto presidencial y solicitaron que se suspendiera la medida y se los restituyera en sus cargos cargos.
Dos días después del pedido, el juez del concurso, Fabián Lorenzini, hizo lugar al amparo de los exdirectivos y los repuso en los cargos por un plazo de 60 días, decisión que el Gobierno entendió que “contravino las disposiciones en materia de asignación de competencias a los órganos jurisdiccionales” y propuso que el expediente se traslade al Fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.
