Envío de material bélico a Bolivia
Avanza la investigación
Ordenaron nuevas medidas de prueba y se activa la bicameral en el Congreso de la Nación
La Justicia en lo Penal Económico avanzó ayer con nuevas medidas de prueba en la causa en la que se investiga si hubo contrabando de armamento de Argentina a Bolivia en los días del golpe al Gobierno de Evo Morales, mientras en el Congreso la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia trabajará para esclarecer si hubo espías argentinos que hayan colaborado con el derrocamiento.
Tras haber habilitado el lunes la feria judicial, el juez Javier López Biscayart dispuso ayer pedirle al Ministerio de Relaciones Exteriores que resguarde y remita al Juzgado “los sellos de recepción” de la Embajada argentina en La Paz (Bolivia).
La medida sería esencial para el caso de que hubiera que someter a un peritaje la carta encontrada en la sede diplomática, fechada el 13 de noviembre de 2019, con la cual el comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, habría agradecido al entonces embajador argentino en ese país Normando Alvarez García el envío de 40 mil cartuchos antitumulto entre diverso material represivo.
El lunes, el magistrado rechazó la presentación de la Unidad de Información Financiera (UIF) como eventual querellante en el expediente pero, según fuentes oficiales, comenzaría a cobrar forma una presentación por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que además es denunciante, con más chances de prosperar porque lo que se investiga es una supuesta maniobra de contrabando y, al menos por ahora, no lavado de dinero.
Mientras, la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia del Congreso comenzó a recabar información para intentar determinar si hubo agentes de inteligencia argentinos que colaboraron en la preparación del golpe de Estado en Bolivia y brindaron información sensible a otros países.
Confirmada la presencia de al menos dos enviados de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en Bolivia en 2019, lo que se buscará determinar es si llevaron a cabo “tareas ilegales” y compartieron información con otras agencias del mundo.
“Los agentes de la AFI en Bolivia eran conocidos por todos. No eran agentes secretos. Estaban ahí acreditados ante el Gobierno local. Se dedican, por ejemplo, a trabajar en prevención del terrorismo. Pero hay indicios de que pudieron haber realizado tareas para las cuales no estaban autorizados”, indicó una fuente.
Uno de los dos agentes se ubicaba en Santa Cruz de la Sierra y el otro en La Paz, donde estaba en permanente contacto con el personal de la Embajada.
