Piden al Congreso que apruebe las reformas a la ley de lavado de dinero

Autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), de la AFIP, del Ministerio de Economía y del Banco Central pidieron ayer al Congreso que se avance con el proyecto de reforma de la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Los funcionarios expresaron su solicitud en un plenario informativo de las comisiones de Legislación General y Finanzas, que presiden los oficialistas Lucas Godoy y Alicia Aparicio.

El proyecto busca otorgar mayor autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera a la UIF, y entre otras cuestiones, establece también que se deberá informar al organismo las operaciones de activos virtuales, lo que incluye a las criptomonedas.

La sanción de esa iniciativa es clave para el Gobierno nacional, ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas de la entidad.

El titular de la UIF, Juan Carlos Otero, señaló que “este proyecto tuvo un buen proceso, el cual fue participativo, donde se destacan tres ejes centrales: las modificaciones al Código Penal, la reforma de la Ley 25.046 y la creación de un registro de activos virtuales”.

El funcionario explicó que "es una reforma sustancial después de 11 años" y dijo que "es muy importante porque va a permitir mejorar la lucha contra el lavado de activos y la lucha contra el terrorismo".

Otero señaló que "en septiembre de 2023 el país va a ser evaluado por el Grupo de Acción Financiera" y se analizará tanto al sector "público en los tres poderes como al sector privado", y recordó que en 2012 sumó nuevas recomendaciones e incorporó "la efectividad".

El funcionario también dijo que "es importante aprobar este proyecto de ley para tener efectividad de cara a la evaluación" y recordó que "evalúan a un país y no un Gobierno".

También detalló que el proyecto de ley tiene tres ejes centrales: la reforma al Código Penal, los cambios a la Ley 25.246 y la creación de un registro de beneficiarios.

Por su parte, el director del Banco Central, Zenón Biagosch, dijo que "después de la pandemia, los mecanismos de ofertas del servicio financiero han mutado y son distintos; por ende, los controles que se deben aplicar en ese sentido de alguna manera tienen que aggiornarse a esta nueva realidad”.

Verónica Grondona, directora de Fiscalidad Internacional de la AFIP, señaló que "la identificación de los beneficiarios finales, tanto a partir de la titularidad como de otras vías de control, permite tener una visión sinérgica y única del problema para todos los organismos. El registro es necesario”.

En tanto, el presidente de la comisión de Valores, Sebastián Negri dijo que "el modelo contempla la preocupación vinculada con el lavado de dinero, y esto incluye cuestiones relacionadas con la trazabilidad de las operaciones y la regulación de los umbrales. También debe trabajarse sobre la crisis de confianza".