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“Sobre la lógica y la forma de hacer política en Villa María”

viernes, 7 de enero de 2022 · 08:30

Las y los villamarienses terminamos el año con muchas novedades políticas. La relevancia de ellas fue el regreso de Martín Gill después de dos años de abandono de la Intendencia, pero no del “poder local” que incluye, además, otras instituciones públicas como la Universidad Nacional de Villa María. Ambas instituciones tienen los mayores presupuestos públicos de la ciudad (8.600 millones la Municipalidad y 1.100 millones de pesos la UNVM) y están supeditados desde hace mucho tiempo a los intereses políticos y personales del gillismo, más que a los de la comunidad villamariense y universitaria.

Pero también, durante las últimas semanas, El Diario del Centro del País informó sobre funcionarios municipales protagonistas de presuntos actos delictivos, que van desde violación y abuso sexual a defraudación al Estado, a través de licitaciones de prestaciones de servicios municipales a los mismísimos funcionarios políticos. Los casos de “Pampero” (Barrera) y (Gonzalo) Yáñez son los últimos, pero no los únicos. Basta ir al archivo de este Diario, recuperado por sus trabajadores en plena crisis del 2001, para corroborar varios casos más, no sólo de funcionarios de la “muni”, sino también de funcionarios y trabajadores de la “Uni” con fuertes relaciones políticas en el Palacio Municipal.

Un poder local que se fue entretejiendo durante los últimos 20 años a partir de un grupo de “varones (cis)” que ocuparon espacios estratégicos de poder (cargos en la universidad pública, en la Municipalidad, en el Concejo Deliberante, en colegios profesionales, en asociaciones gremiales, etcétera) y que responden al proyecto personal del actual intendente de la ciudad y exrector de la UNVM.

En estas décadas se fue construyendo una lógica y una forma del poder político que define al gillismo como una élite de poder regida por una concepción patrimonialista, machista y patriarcal de lo público. La apropiación del poder público municipal y universitario bajo esta forma y lógica es lo que explica los acontecimientos a los me refiero al principio: abandono del cargo, pero no del poder por parte del mismo Gill, violando no sólo la Carta Orgánica de la ciudad, sino también la voluntad de los ciudadanos; y connivencia en el seno mismo de las instituciones municipales y universitarias de relaciones de abuso, de privilegios a cambio de complicidad o silencio, todo sostenido y propiciado por el manejo discrecional de los recursos públicos.

Las prácticas políticas de “intercambio de favores” no son nuevas, ni propiedad del gillismo, pero sí es condición sine qua non del poder gillista. Esta red se conforma de funcionarios y funcionarias municipales y universitarias (que muchas veces los y las mismas ocupan cargos en ambas instituciones), y disponen a piacere de esos espacios, y, por lo tanto, de los recursos materiales y simbólicos para compensar voluntades; trabajadores y trabajadoras con privilegios institucionales (son los que acceden a los cargos, los contratos, las becas), que legitiman esas prácticas bajo el discurso de “lealtad política” al proyecto gillista, transite éste bajo el ala del poder provincial de Unión por Córdoba/Hacemos por Córdoba, o del Frente de Todos. La práctica ideológica de esta élite de poder se adecua, por lo visto, a diferentes fuerzas políticas, incluida la oposición cambieista.

Además, se nutre del silencio y complicidad de representantes políticos y gremiales. La UNVM es muestra de ello. Cuando una víctima de abuso denuncia y la Justicia imputa, se tornan creíbles todos los rumores que ya circulan acerca de funcionarios que graban videos con parejas sexuales y los difunden por whatsapp entre los “machirulos” del poder, o de otros que abusan o violan mujeres en las dependencias públicas. Y todo esto se sostiene a través de la instalación del miedo y la precarización laboral como otras formas de abuso que definen al gillismo en ambas instituciones.

Ante este escenario de baja calidad institucional y de abuso de poder, no sólo los mecanismos judiciales son necesarios para que las víctimas que se animan a denunciar reciban Justicia, sino que se hace urgente la participación y la organización de la comunidad villamariense y universitaria para encontrar caminos democráticos y protagónicos que posibiliten construir otras lógicas y formas de hacer política en las instituciones públicas de la ciudad. Urge desterrar las prácticas de abuso, prebenda, miedo y precarización en las instituciones públicas de nuestra comunidad.

Los villamarienses necesitamos y merecemos otra lógica del poder local y otra lógica universitaria. 

 

Dra. Silvina M. Irusta

DNI 25289495

Profesora adjunta regular de la UNVM, Legajo 248. Docente a cargo de las asignaturas Análisis Político y Fundamentos de la Ciencia Política. 

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