Privatizar no es la solución

Durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante en las instalaciones de la UTN, el pasado 1 de marzo, el intendente Eduardo Accastello anunció la intención de reducir de 6 a 3 los entes municipales y transformarlos en sociedades anónimas, en paralelo con una nueva reestructuración de secretarías en la gestión local.

Así fue como el jueves 13 de marzo, el Concejo Deliberante ratificó esta decisión mediante una nueva ordenanza con un innovador marco jurídico, sentando las bases para avanzar en la privatización de áreas estratégicas.

En ese sentido, se procedería a la liquidación del Ente de Desarrollo Productivo (integrando sus funciones a la estructura centralizada); el Parque Industrial y Tecnológico se convertiría en un Consorcio de Propietarios; el Mercado de Abasto pasaría a ser una Sociedad Anónima con mayoría de actores privados y con menos del 40% de participación municipal; y se crearían dos sociedades anónimas: una encargada de transporte, movilidad y logística (Emtupse y Terminal de Ómnibus), y otra de deporte, turismo y recreación.

Sabemos que las lógicas de lo privado se fundamentan en la maximización de ganancias para los propietarios, por lo que poner en sus manos el diseño y ejecución de servicios básicos para la ciudadanía suele derivar en menos cobertura para los ciudadanos. Aumentos desmedidos del boleto, en el caso de Emtupse, o la no participación del Estado en un rubro clave para la alimentación, como son las frutas y verduras, en el caso del Mercado de Abasto, traerán menos derechos para los villamarienses.

Estas decisiones, argumentadas en la supuesta eficiencia en las respuestas de las demandas ciudadanas, la optimización de la prestación de servicios y el fomento de las inversiones privadas, contradicen el discurso oficial que, en reiteradas oportunidades, aseguró que estos entes municipales funcionaban correctamente con varios años de gestión. A ello se suma la fundamentación endeble basada en una supuesta exigencia de normativas nacionales a partir del Artículo 48 del DNU 70/2023, cuando, en realidad, existen márgenes de autonomía provincial y municipal que permiten otro tipo de decisiones vinculadas al federalismo.

Pero esto empeora cuando se realiza la lectura sobre la nueva ordenanza demostrando el carácter ambiguo y sobre todo aspiracional, sin detallar qué ordenanzas modifica ni qué nuevas estructuras propone para la claridad de servicios tan esenciales para la ciudadanía. No obstante, aparece una única mención respecto a los entes en todo el texto, lo que impide conocer los alcance reales de la supuesta modernización. ¿Entonces modernizar significa hacer menos transparente?                                                      Se generan varios interrogantes en defensa de la república: ¿cuál es el carácter real de esta medida? ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son los controles? ¿Es una privatización encubierta o real? ¿Qué ocurre con figuras históricas como las sociedades de economía mixta, que representaban una forma equilibrada entre lo público y lo privado? ¿Ahora ese patrimonio pasará enteramente a manos de quiénes? ¿Se respetan en esta Ordenanza los principios fundamentales de la Carta Orgánica municipal?

Estas preguntas no son menores, ya que con el argumento de modernizar o reformar el Estado  para conseguir superávit fiscal se recortaron o limitaron fondos para los comedores y merenderos populares, además de los numerosos despidos y cesantías de trabajadores y la no actualización en los haberes de los jubilados municipales.

Esto nos lleva a un análisis más profundo: ¿cuál es el real patrón de desarrollo que se busca para Villa María? ¿Un modelo en el que el Estado local se convierte en facilitador de negocios de privados? ¿En dónde lo común se subordina al interés de unos pocos y la ciudadanía queda fuera de las decisiones? ¿Cómo podemos entender que el Estado se retira de sus responsabilidades y los servicios públicos quedan supeditados a la lógica de mercado?

En definitiva, está muy lejos privatizar de modernizar y reestructurar de generar eficacia. Por el contrario, expandir derechos populares con políticas públicas inclusivas, pero masivas, fortalecer las relaciones comunitarias y apostar a la participación ciudadana representa la muestra real para resolver problemas estructurales. Todo lo inverso de lo coyuntural solo demuestra los zigzagueos políticos, el corporativismo institucional y las contradicciones electorales.

Es importante no volver a un esquema de Estado tutelar, que solo se encarga de garantizar los negocios entre privados, donde el usuario o ciudadano tiene menos poder que los empresarios. El Estado, como garante de derechos, desarrollo y justicia social, es un modelo deseable y necesario para enfrentar el modelo neoliberal-deshumanizante que intenta imponer el Gobierno nacional.

Altamirano Santiago, Roberto Bataglia, Cristina Angeli, Camila Perassi, Julia Ferreras Chiavenatto, Luciano Chialvo, Analia Silvano, Leticia Forconi, Oscar Mengarelli, Fernando Adrián Schüle, Gustavo Turco, Flavia Cipolat, Silvia Peralta, Federica Perassi, Perassi Federica,

Sonia Fonseca, Oscar Mengarelli, Cristina Angeli, Elvio Toscano, José Luis Bernabé, Renata Chiavenatto, Marcelo Dughetti, Nancy Camandona, Rodrigo Nierad, Ivan Charre, Walter Salinas, Mariano Pascuali, Sonia Ramadori, Mónica Carrizo, Luis Pehrsson, Elias Achad, Juan Medina, Reinaldo Virovoy, Carolina Benedetto, Pedro Peretti, Fabian Rios y Pilar Funes.