Boliviano condenado dos veces en 20 días... y podría salir en libertad

En menos de tres semanas, un transportista y productor de ladrillos de nacionalidad boliviana fue condenado dos veces en la provincia de Córdoba por diferentes delitos, y aun así podría recuperar la libertad si prospera un pedido de eximición de prisión que presentará su abogado defensor.

El viernes 2 de octubre, Félix Laime Huallpa (42) fue juzgado en la Cámara del Crimen de Villa María, donde le impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo por “abuso sexual simple, agravado por la situación de convivencia”, luego de que admitiera haber manoseado a una menor de su entorno familiar, en un hecho ocurrido a mediados de 2019 en esta ciudad.

En tanto, en horas de la tarde del jueves pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de la capital provincial lo condenó a cuatro años y ocho meses de prisión -y multa de 60 mil pesos- por “trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por el número de víctimas”, cometido en perjuicio de siete personas de su misma nacionalidad, a las que sometió a “trabajos en condiciones inhumanas, mediante prolongadas jornadas y magra retribución” en un cortadero de ladrillos ubicado en la localidad de San Marcos Sud.

Pedido del defensor

Sin embargo, como ambas condenas no están firmes, Laime Huallpa podría ser llegar a ser excarcelado en los próximos días, según adelantó ayer a El Diario el abogado riocuartense Enrique Manuel Zabala, quien lo defendió en ambos procesos penales.

Zabala indicó que su cliente se encuentra detenido desde hace aproximadamente 12 meses y que como la pena impuesta en Villa María no superó los tres años, está en situación legal de obtener la “libertad condicional”.

“Ahora se sumó esta segunda condena por ‘trata de personas’, pero como no está firme, voy a solicitar el cese de prisión”, adelantó el letrado, quien destacó que la causa ventilada el jueves en los Tribunales Federales de Córdoba es de vieja data.

Hace casi 10 años

Laime Huallpa, nacido en Potosí (Bolivia) el 26 de febrero de 1978, volvió a sentarse en el banquillo de los acusados por hechos ocurridos entre noviembre de 2010 y marzo de 2011 en la zona de San Marcos Sud, cuando explotó laboralmente a siete personas de su mismo país de origen.

“Estamos conformes con el fallo, más allá de la pequeña diferencia en la pena. Lo importante es la condena a reparar económicamente a las víctimas en función de los tratados internacionales que lo prevén”, dijo el fiscal general Carlos Gonella luego de conocida la sentencia del tribunal cordobés.

El funcionario judicial nacido en Oliva, pero criado en Villa Nueva y Villa María, agregó que “hasta hace poco, los tribunales eran remisos a aplicar la reparación porque cuestionaban la legitimidad del Ministerio Público Fiscal para reclamar en favor de las víctimas. Esto es un reconocimiento de esta facultad y la concreción de ese derecho a la reparación que tienen las víctimas, porque lo dice el Protocolo de Palermo complementario de la Convención Internacional sobre Crimen Organizado de las Naciones Unidas”.

Explotación laboral

En su alegato, Gonella dijo que Laime Huallpa sometió a las víctimas “a trabajos en condiciones inhumanas, mediante prolongadas jornadas y magra retribución”, por lo que solicitó una condena de cinco años y seis meses de prisión y multa de 90 mil pesos.

El fiscal sostuvo que el acusado captó a la mayor parte de las víctimas en la ciudad de Potosí, “mediante propaganda radial” en la cual publicitó “falsamente buenas condiciones laborales y retribución en Argentina”.

Una vez captadas en el vecino país, las personas fueron trasladadas hasta Villazón y de allí debieron cruzar la frontera a pie hasta La Quiaca, donde se registraron como “turistas”. Luego fueron subidas a un colectivo con destino en la ciudad de Córdoba. Todo eso sucedió durante el año 2008.

Gonella refirió que Laime Huallpa les dio refugio en precarias y pequeñas habitaciones existentes en el cortadero, “antihigiénicas, construidas de ladrillo y barro, techos de chapa, pisos de tierra y con excusados en común emplazados en el exterior, en pésimas condiciones de higiene y confort”, y en una primera etapa “sin agua caliente” hasta que colocó un calefón a leña. Durante un largo período, las víctimas “se bañaban con agua que calentaban con brasas en un tacho de lata”.

Magra retribución

En cuanto a las condiciones de trabajo, el fiscal explicó que las jornadas se extendían desde las 5.30 hasta la bajada del Sol, con un solo día de descanso y un intervalo diario para comer, y una retribución de entre 90 y 100 pesos por cada 1.000 ladrillos que las víctimas cortaran.

La producción se estimaba entonces entre 1.000 y 2.000 ladrillos diarios por persona y, sin embargo, Laime Huallpa sólo les abonaba entre 100 y 200 pesos al concluir la semana. Les retenía el resto del dinero con el pretexto de que lo guardaría hasta que cada trabajador y trabajadora se retirara, sin extender comprobante alguno.

“Con esa suma las víctimas debían sobrevivir en el lugar. Afrontaban los gastos de alimentación, consistente en mate, té, sopa y guiso, y vestimenta, que las propias personas lavaban, llegando incluso a utilizarla mojada con el riesgo propio para su salud”, precisó la Fiscalía.

Entretanto, el acusado se valía de la precaria situación migratoria de las víctimas y las amedrentaba con perder el trabajo y ser expulsadas del país si su presencia era advertida en San Marcos Sud o Bell Ville por parte de la Policía de la Provincia de Córdoba como por la Gendarmería Nacional.

Gonella: “Vivían en condiciones indignas de higiene y salubridad”

“No estamos ante una situación atendible de costumbres inocuas propias de otras culturas. No hay parámetros de la cultura occidental, ni de los antiguos pueblos de América, que permitan relativizar las relaciones laborales al punto de considerar que constituye algo lícito una jornada de 12 horas de trabajo, raquíticamente retribuida, a quien se encuentra en un país extraño, cuyas costumbres y normas desconoce por completo, viviendo en condiciones indignas de higiene y salubridad, con graves padecimientos económicos, en situación migratoria frágil e irregular y amedrentado por ello a exponerse a una deportación” (parte del alegato del fiscal Carlos Gonella, pronunciado durante el juicio en el que fue condenado el boliviano Félix Laime Huallpa).