“No hubo trata ni explotación”

El testimonio de las personas que supuestamente eran víctimas de trata y explotación fue fundamental para que el juez federal Carlos Julio Lascano declarara la inocencia de Carmela Gallardo Blacut y Pablo Hilario Quispe. Los trabajadores indicaron ante el tribunal que habían pactado las condiciones laborales con los mencionados, entre ellas las de recibir un 35% de lo que se obtuviera por la venta de las verduras y las hortalizas en el Mercado de Abasto.

El otro punto saliente de los tenidos en cuenta por el juez Lascano, es que Gallardo Blacut y Quispe vivían en las mismas condiciones que sus seis “asociados”, en precarias instalaciones contiguas y bebían agua del mismo pozo.

“De los dichos de los supuestos explotados surgió también que los trabajadores gozaban de libertad de horario y que no había sometimiento de ningún tipo”, dijo ayer a El Diario el abogado Eduardo Andrés Dolman, defensor de Gallardo Blacut y Quispe.

Los hechos llegaron al Juzgado Federal de Bell Ville en 2014, luego de una inspección realizada en el lugar de trabajo por dirigentes de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

La participación de la Justicia Federal obedece a que la de trata de personas es un delito de su incumbencia. Luego de la etapa de instrucción, la causa fue elevada a la Cámara, en este caso el Tribunal Federal Oral Número 2, a cargo de Lascano. Como fiscal actuó el nativo de Oliva y criado en Villa María Carlos Gonella.

Carátula

“La causa estaba caratulada como ‘Trata con fines de explotación laboral’, con una pena de 8 años de prisión, que se hubiera visto agravada al ser seis los trabajadores que se desempeñaban en esa supuesta situación de explotación. Pero pudimos demostrar que las personas trabajaban en comunidad, en acuerdo mutuo”, expresó Dolman en diálogo con un periodista de El Diario.

Este medio dio cuenta aquel año de los resultados de la inspección llevada a cabo por UATRE, bajo el título de “trabajadores viven en condiciones infrahumanas”.

Chozas

En la introducción de aquel artículo se señalaba además que “familias procedentes de Bolivia viven sin los servicios básicos en chozas hechas con silo bolsas” y “trabajan en negro para una mujer que alquila diez hectáreas en la zona de Cárcano” (se acompañaban imágenes de esas “viviendas”).

Durante la investigación, la Justicia comprobó que existían violaciones a leyes laborales vigentes, pero no trata de personas ni explotación, al tomar en cuenta los dichos de los propios trabajadores, en el sentido de que las condiciones estaban pactadas con las dos personas que habían sido imputadas por los citados delitos.

Dos de los ciudadanos bolivianos comparecieron de manera virtual y otros dos de forma presencial, mientras que los dos restantes no fueron hallados presumiblemente porque regresaron a su país de origen.

Por investigar

En su sentencia, el juez federal Carlos Julio Lascano pidió, además, investigar “si existió o no un pedido de coima de parte de un dirigente de UATRE a los acusados, antes de denunciar los hechos”, algo que surgió de las actuaciones, según indicó Dolman y reconoció Gonella.