En el Juzgado de Control - El magistrado interviniente ratificó la acusación inicial
Confirmaron la elevación a juicio de la “causa Zoe”
Una nueva resolución judicial validó la medida procesal dictada por la fiscal Companys a fines del año pasado. Ahora, los abogados defensores de los acusados pueden oponerse a través de un recurso de apelación
El juez villamariense Arturo Ferreyra confirmó ayer el auto de elevación a juicio de la “causa Zoe”, dictada el 30 de diciembre de 2024 por la fiscal Juliana Companys, al resolver una serie de oposiciones planteadas por los defensores de los principales imputados.
El magistrado, a cargo del Juzgado de Ejecución Penal de los Tribunales locales, en este proceso penal interviene como juez de Control subrogante por apartamiento de la titular de dicha dependencia, María Soledad Dottori, y desde hace dos años es la autoridad que resuelve todos los incidentes jurídicos que se han planteado hasta el momento.
Todavía pueden apelar
Ahora, los abogados del líder de Generación Zoe, Leonardo Nelson Cositorto (54); de su “mano derecha”, Maximiliano Javier Batista (45); del contador Norman Ariel Próspero (57) y de otra veintena de imputados que tiene la causa (entre ellos, muchos villamarienses), podrán oponerse a la medida adoptada por Ferreyra interponiendo un “recurso de apelación”.
En caso de hacerlo, el voluminoso expediente tendrá que ser remitido una vez más a los Tribunales de Río Tercero para que los integrantes de la Cámara del Crimen de esa ciudad, en su doble función como Cámara de Apelaciones ciudad (ya intervinieron en esta causa en agosto del año pasado), resuelvan este nuevo diferendo.
En caso de llegarse a esa instancia, los vocales riotercerenses deberán analizar la elevación a juicio dictada por Companys, las oposiciones planteadas por los defensores y la confirmación dispuesta en la víspera por Ferreyra, para decidir si, finalmente, el “caso Zoe” llega a juicio.
Cabe recordar que Cositorto, Batista, Próspero y otros 23 implicados están acusados de ser presuntos coautores de los delitos de “asociación ilícita” y “estafas reiteradas”, a través de lo que se conoce como “esquema Ponzi”, un sistema fraudulento que se basa en reclutar gente para invertir dinero y se les promete multiplicarlo exponencialmente, pero, en definitiva, no genera ninguna ganancia.
La palabra oficial
En diálogo con elDiario y luego de confirmar la elevación a juicio la causa, el juez Ferreyra precisó que “en el día de hoy (por ayer) he dictado una resolución en la que, luego de analizar las expresiones de cada uno de los defensores, quienes en algunas cuestiones han tenido razón y en otras no, considero que la fiscal tiene elementos más que suficientes como para tener sospechas fundadas de que existe delito y, entonces, pedir la acusación”.
“En ese camino -añadió- corresponde hacer el juicio oral y público en el que se ventilará toda la prueba y se corroborará, o no, la existencia de delitos”.
Ferreyra recordó que “a partir de ahora, los abogados tienen la posibilidad de presentar un recurso de apelación ante la Cámara de Río Tercero, cuyos integrantes tendrán un determinado plazo para analizar todo lo actuado…, lo mío, lo de la fiscal y los planteos de los defensores, y resolverán en consecuencia”.
