Se arrepintió de confesar

A fines de 2025, Rodrigo Santi (31), activó la causa en la que está acusado por hechos de abuso sexual y que lo mantenía privado de su libertad desde hacía un año. Una de las acciones para activar la causa fue la decisión de cambiar a los abogados defensores. Con su nueva representación legal, realizó dos pedidos ante la Fiscalía de Instrucción que lo investigó. Uno de esos pedidos fue el de solicitar un juicio abreviado inicial. Para ello, deben estar de acuerdo todas las partes y además, requiere como condición  que el imputado confiese los hechos. Así lo hizo y solo restaba esperar que la jueza de Control, Soledad Dottori, resolviera por el rechazo o la confirmación del acuerdo en el que, según trascendió, le iban a imponer una pena de ocho años de prisión.

El segundo pedido que hizo fue el de la prisión domiciliaria, para lo cual, presentó la certificación de un psicólogo en el que le diagnosticó un tipo de depresión definido como melancolía.

Con la confesión y ese diagnóstico, consiguió que la fiscal Juliana Companys resuelva a favor de la prisión domiciliaria, la que debía cumplir en un departamento de la ciudad de Villa María. Pero, tenía condiciones estrictas, como por ejemplo, no tener conexión a internet ni usar dispositivos electrónicos como computadora o celular.

Sin embargo, no cumplió. En un allanamiento realizado a un mes de obtener la prisión domiciliaria, le encontraron no solo el módem que proveía el servicio de Internet en el departamento, sino también un celular, que ante la presencia policial había escondido en la bolsa de la aspiradora.

Eso lo llevó nuevamente a la cárcel.

Cambio de estrategia

Ese nuevo escenario motivó que la defensa de Santi, ejercida por Teodora Perassi, se presentara el lunes, primer día hábil después de la Feria Judicial, con un escrito en el Juzgado de Control.

En el texto, rechaza el acuerdo por el juicio abreviado inicial y por ende, da marcha atrás con la confesión.

Esto significa que el caso será juzgado en la Cámara del Crimen de Villa María y, en caso de continuar con la decisión de no confesar, tendrá la posibilidad de defender su posición y será un juez de Cámara el que defina si es inocente o culpable de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal”, en concurso ideal con “corrupción de menores”, “abuso sexual simple reiterado” por lo menos, con tres víctimas diferentes sometidas a manoseos y “tenencia de imágenes de menores abusados”, ya que encontraron fotos de ese  tenor en su celular cuando fue detenido a fines de 2024.

Marchas y asamblea

Familias de los denunciantes y vecinos, tanto de La Playosa como de?Villa María, se movilizaron al menos en cuatro oportunidades, caminando alrededor de la plaza?Santa Teresa de la localidad donde viven los protagonistas.

Reclamaban que el agresor de sus hijos no estuviera fuera de la cárcel y cuestionaban a la Justicia porque ni les había avisado del cambio de situación.

Tras las cuatro marchas, se realizó una asamblea en donde concluyeron que “luchar tiene sentido”.

Abogados denunciados

Una característica de esta causa es que los abogados que intervienen o intervinieron están denunciados.

Uno de ellos -que ya dejó la defensa de Santi- es Alejandro Bianco. Los abogados de la querella cuestionaron que, mientras se instruía la causa él era empleado de la Fiscalía y que después, al renunciar al Poder Judicial, pasó al otro lado del mostrador como defensor. En este caso, cabe señalar que no incumple ninguna ley, por lo tanto, la denuncia fue por cuestiones éticas.

Por otra parte, el padre de Santi -también imputado en otra causa- denunció al primer abogado de su hijo, Rodrigo Hayas y a los representantes de las víctimas, Ariel Escandriolo y José Corigliano.

En este caso, no están muy claros los argumentos de las denuncias y cabe señalar que ninguno está imputado por delito alguno.

Aunque hay que reconocer que estas denuncias desvían el eje de la causa principal que son los abusos contra menores que aspiraban a ser bomberos.