Alertan que el proyecto sobre falsas denuncias podría desalentar víctimas

La Defensoría del Pueblo de la provincia cuestionó y fijó posición, a través de un comunicado, al proyecto de ley que, básicamente, propone agravar las penas por falsas denuncias cuando son realizadas por mujeres. Consideran que la iniciativa “parte de un diagnóstico equivocado” y puede desalentar las denuncias en casos de violencia.

La socióloga especializada en género y políticas públicas, Yohana Artico Fenoglio, integrante del equipo de la Defensoría, expresó su preocupación en una entrevista con el programa Todas las Voces Todas, de laRadio del Centro del País 90.1.

“Vemos con preocupación el avance, y los discursos, sobre la prevalencia de falsas denuncias, de delitos contra la integridad sexual y contra niños, niñas y adolescentes. Es una población muy específica y delitos muy específicos, que tienen en nuestra reglamentación, en nuestro país, el deber de debida diligencia reforzada. Hemos asumido compromisos internacionales para proteger esos delitos y este proyecto viene, en todo caso, a impedir o desalentar esa denuncia. Por lo tanto, ya desde el comienzo es problemático”, dijo.

Para la profesional, “ese es el principal obstáculo que presenta como problema a resolver, la falsa denuncia, que ya está penado en nuestro país en el Código Penal, desde mediados del siglo pasado”, y remarcó que resulta “innecesario desde el punto de vista normativo”.

En la misma línea, indicó que, a su vez, “genera confusión conceptual, para lo que se está dando una operación que se intenta instalar mediáticamente, de que las mujeres, en primer lugar, somos exageradas y mentimos; hay un reforzamiento de este estereotipo y se confunde los casos en los que hay archivos, sobreseimiento o absoluciones, con la inexistencia del hecho”. “Hay que decir que cuando existen estos, ya sea por violencia de género, por delitos contra la integridad sexual o violencia contra niños, niñas o adolescentes, sí se podría decir que hay falsa prueba o dificultad para constituir esa prueba. No olvidemos que estos son delitos que suceden en el plano de la intimidad y, por lo tanto, cuando la Justicia no tiene certezas, no puede condenar. Así es que hay denuncias por violencias, insuficientes, pero no todas llegan a condenas por esta dificultad. Esto no significa que haya una falsa denuncia”, afirmó.

Porcentajes y diagnóstico

Respecto al bajo porcentaje de demandas en el subregistro de denuncias por estos casos, Artico Fenoglio señaló que “el Ministerio de Seguridad de la Nación, hace un año, en el Sistema Nacional de Información Criminal, destacó que los casos de delitos contra la integridad sexual son casos con alto nivel de subregistro, por la estigmatización que atraviesan las personas que viven estas violencias, porque hay una percepción social de la violencia y de la calidad de las respuestas institucionales en relación con las denuncias, que desalienta ya inicialmente, por lo que ya es un problema que hoy tenemos y que este proyecto viene a reforzar”.

“Nos parece muy importante marcar que este proyecto no se basa en estadísticas claras y que las estadísticas que existen en la materia son muy marginales. Esto no significa que los hechos no existen, significa que los proyectos legislativos y que la política criminal de un país tiene que asentarse en diagnósticos sólidos”, expuso. En ese sentido, aportó que “las pocas estadísticas que hay con relación a falsas denuncias tienen que ver con falsas denuncias de todo tipo, de todos los tipos penales que existen. Recientemente trascendieron datos del Sistema Nacional de Reincidencia, y para 23.419 sentencias condenatorias de todo tipo, en un año, solamente entre 40 y 60 (0,25%) fueron por falsas denuncias, de todo tipo”. También, la socióloga aseguró que “otros estudios indican que la mayor prevalencia de falsas denuncias no son por estos delitos que viene supuestamente a tratar este proyecto, sino por delitos económicos vinculados a estafas”. “Entonces, estamos hablando de un diagnóstico errado, que toma casos específicos para construir un problema general. Esto, dentro de la legislación, y dentro de la política criminal, es un problema”, reflexionó.

“Para el año 2024, de acuerdo a estadísticas oficiales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio cuenta de un femicidio cada 39 horas, donde solo el 18% de esas víctimas de femicidio habían denunciado”, puntualizó Artico Fenoglio.

Puso en la mesa también que “por la Encuesta Nacional de Victimización, la última, sabemos que solo 1 de cada 10 personas que sufren delitos contra la integridad sexual denuncian”.

“Los datos de ONU Mujeres indican que 1 de cada 4 personas que sufren violencia de pareja denuncia. Así mismo, ONU Mujeres habla de una cifra regional del 1% para casos de falsas denuncias. Evidentemente, estamos frente a un diagnóstico errado y un proyecto que quiere resolver algo que no vamos a negar que existe y es marginal, pero que viene a traer mayores dificultades que respuestas”, dijo.

En cuanto a qué pasa si el Estado abandona a una persona que pase por esta situación, Artico Fenoglio recordó que “ya a comienzo de este año, el Comité de Expertas de la Comisión de Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer ha hecho llegar un informe con algunas alertas al Estado argentino respecto a dificultades que se están dando y los posibles incumplimientos a estas obligaciones internacionales que tenemos. Es preocupante porque esto se enmarca en un proceso de regresión en los derechos. Al direccionar el agravamiento de pena sobre estos delitos, está claro que se está trabajando desde una lectura estereotipada”.

Por último, y sobre a quién beneficia, la socióloga advirtió que “beneficia a una narrativa que tiende a hacer desaparecer la violencia de género como una causa estructural de las violencias en nuestra sociedad, pero también beneficia a los agresores, beneficia a los perpetradores de violencia sexual. Es sabido y hay informes que la estrategia de defensa de varones, en su mayoría, denunciados por estos delitos, utilizan como estrategia la falsa denuncia. No llega a comprobarse y es una efectiva manera de proteger esos intereses”.