Por Palazzesi y la quinta de Guiñazú

“Tuve que remarla solo, con ayuda de la familia Cavigliasso y algunos compañeros de HIJOS que no puedo nombrar. Remarla y agradecer a los fiscales federales que siempre, a pesar de todo, impulsaron la causa. La quinta de Guiñazú fue el último campo de concentración de Córdoba. Será demostrado”.

Lo escrito corresponde al muro de Facebook de Silvio Viotti (hijo), “el denunciante, segundo testigo del día 15 (de marzo) y víctima de la desapropiación extorsiva de esa quinta”, dijo a un cronista de El Diario, a días que inicien las audiencias (serán cuatro) del 13º juicio de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la provincia de Córdoba.

Viotti también agradece en la red social y lo ratifica en nuestra comunicación, a quienes lo acompañaron, entre otros, al abogado Claudio Orosz, querellante, “siempre dispuesto a luchar” y a quienes volverán a impulsar “el sitio de la memoria”, destino que desea el hombre de Oncativo darle a la propiedad que podría recuperar la familia tras el proceso judicial.

Las audiencias están programadas a partir del miércoles 8, y continuarán el 14, 21 y 28 de marzo. La elevación a juicio lleva la firma del fiscal federal Facundo Trotta.

“Venía desde 2005 investigando y consigo todos los testimonios; el más importante fue el de Cavigliasso, con lo que confirmo la existencia de la quinta como campo de concentración”, contó Viotti. El oncativense hizo la denuncia formal y dio inicio al expediente que comenzará a juzgarse ahora, a 45 años de los hechos. El hombre no solo exige justicia, sino que sueña con que la quinta “sea un sitio de Memoria impulsado por el Estado y gestionado por cooperativas de la economía popular”.

Los acusados

Ernesto Barreiro, Carlos Villanueva y Carlos Díaz son los tres represores acusados en el 13° juicio por delitos de lesa humanidad. “Nabo”, “Principito” y “HB” sus alias bajo los cuales cometieron delitos ya condenados, en tanto los nombrados integraban una de las “patotas” que asoló Córdoba durante el terrorismo estatal y que tuvo a La Perla como sede central de las operaciones.

Las “filiales” de ese plan de la represión ilegal sumó otros establecimientos militares, policiales, carcelarios, escolares, municipales y también inmuebles particulares, apropiados, como el caso de la quinta de Villa Gran Parque Guiñazú. Esta fue utilizada por represores del Tercer Cuerpo de Ejército y del Destacamento de Inteligencia 141 como centro clandestino de detención desde diciembre de 1977 hasta 1982. Allí mantuvieron cautivos a detenidos-desaparecidos. Tres de las personas que padecieron ese pozo del horror fueron Rubén Amadeo Palazzesi, su cuñado Nilveo Cavigliasso y Jaime García Vieyra. De ellos, solo uno tendrá la posibilidad de acceder a justicia: Palazzesi murió en la tortura, Cavigliasso falleció hace pocos años, y solo sobrevive el arquitecto García Vieyra, exsecretario de Cultura provincial y vecino de Alta Gracia.

Barreiro, Villanueva y Díaz llegán al juicio bajo la figura de prisión domiciliaria, habiendo solicitado varias veces el 2x1.

Los tres están imputados de “privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados e imposición de tormentos seguidos de muerte”. Ninguno de los tres estará en sala, y existe una posibilidad de que Villanueva sea apartado del proceso, por razones de salud.

La usurpación

A fines de 1975 o comienzos de 1976, la quinta había sido adquirida en una sociedad de dos familias militantes del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). Los Viotti, de Oncativo, y los bonaerenses Mogilner-Gavaldá, estaban a cargo del predio, de las 1.800 plantas de durazno y del desarrollo del trabajo político en la zona.

El PCML, una organización pequeña, se encontraba desde hacía rato en la mira de la represión. Tras una serie de sucesos, “hacen seguimientos, agarran a gente de Mar del Plata, al grupo de los rugbiers y a compañeros de la mesa política”, reconstruye Viotti (hijo), quien tenía 16 años y es uno de los sobrevivientes de aquel terror. En busca de  desarticular el trabajo territorial del PCML en el país, en Córdoba llegaron a la quinta duraznera y la convirtieron en un centro clandestino de detención, tortura y muerte.

Ese operativo en Guiñazú comenzó el 5 de diciembre de 1977. Es la tarde cuando el Ejército copa la quinta, en la que había cuatro niños: Germán Lara, Verónica Lara y las pequeñas mellizas Mogilner.

El mismo 5 a la noche, Viotti hijo llegó al lugar junto al militante del PCML, Francisco Vijande; también cayeron en las garras de la represión y conducidos a La Perla. El 6 a la madrugada secuestraron a Perla Schneider en una pensión de barrio Alberdi, por la noche fue apresado Silvio Viotti padre y el 9, los militantes Rita Alés y Gerardo Espíndola, en Río de los Sauces. Vijande, Schneider, Alés y Espíndola están desaparecidos.

Unos días más tarde Viotti hijo fue liberado y volvió a la casa familiar de Oncativo, pero fue secuestrado nuevamente y llevado a La Ribera, donde perdió un testículo a manos de la tortura. “En ese lugar pasé mucha  hambre, con 16 años perdí 20 kilos en 3 meses”, recordó.

Otra vez en libertad, decidió volver nuevamente a su casa familiar y retomar sus estudios secundarios. En el ínterin fue utilizado como emisario para lograr que su padre cediera bajo extorsión la propiedad de la quinta; la maniobra se concretó un par de veces, y el predio fue,  además de ocupado, saqueado. Entre otras cosas, faltó una pick-up modelo 1968, un tractor Deutz 35, un arado de rejas, un arado de discos, 400 cajones fruteros, una mesa para seleccionar frutas, herramientas, puertas, ventanas y sanitarios. Los azulejos arrancados, marchitas las 1.800 plantas de durazno.

Público y transmitido

Son 11 los testigos previstos para las cuatro audiencias del juicio, que se realizarán en los Tribunales Federales y son abiertas a todo público. La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos invita a asistir, bajo la consigna “El juicio es de todos y todas. Participemos. Llenemos la sala de Memorias”. El proceso está a cargo del Tribunal Oral Criminal Federal N° 2 de Córdoba, presidido por Julián Falcucci, y se transmitirá por el canal de YouTube.

Lo ocurrido en la quinta de Guiñazú durante la dictadura fue ventilado, en parte, en la megacausa La Perla-La Ribera, que se desarrolló entre 2012 y 2016. Por fuera quedó el hecho que ocupará las cuatro audiencias de este nuevo juicio. Los secuestros, torturas y muerte que se investigan habrían comenzado el 12 de agosto de 1979, cuando en un operativo callejero ilegal en barrio Parque Vélez Sarsfield, personal del Destacamento de Inteligencia 141 que se conducía en un Ford Taunus y un Peugeot, interceptaron el auto en el que viajaban Palazzesi y García Vieyra. Secuestrados, atados y maniatados en los baúles de los autos, fueron llevados a la quinta que dos años atrás había sido copada por el Ejército. Al parecer, a Palazzesi lo habían seguido en un vuelo Buenos Aires-Córdoba, represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma). Diez días después de ese procedimiento ilegal, un grupo de personas no identificadas irrumpió en la vivienda de Cavigliasso, en Villa Revol, y lo trasladó a la quinta en la que estaban secuestrados su cuñado y García Vieyra. Atados y vendados, en Guiñazú los tres hombres fueron sometidos a torturas físicas y psíquicas… y “frecuentemente encerrados en un sótano infestado de roedores”, reza la elevación a juicio firmada por el fiscal federal Facundo Trotta. Golpes de puño y con palos, y simulacros de fusilamiento fueron moneda corriente en esos días de terror; a Palazzesi, además, le aplicaron electricidad.